Un informe denuncia los atropellos que sufren las mujeres y demuestra que la brutal represión contra el pueblo cobra una especial saña machista contra las militantes feministas y de derechos humanos.
El medio de comunicación feminista Manifiesta publicó un extenso informe firmado por Laura Tatiana Peláez Vanegas en el que se ofrecen testimonios de primera mano de mujeres que durante los más de 40 días de paro en Colombia sufrieron todo tipo de violencia. La nota, titulada “Doble amenaza: ser mujer y defensora de Derechos Humanos en Colombia” denuncia que ser mujer y ser, además, defensora de los derechos humanos significa enfrentar las formas más brutales e impunes de abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
El sitio de noticias colombiano forma parte de la Fundación Manifiesta, “que trabaja por la equidad de derechos de niñas y mujeres a través de la educación, la movilización social y la transformación de escenarios donde nos violenten, marginalicen o discriminen”, según se lee en el propio portal.
“En Manifiesta queremos combatir esos escenarios opresivos que vivimos las mujeres en nuestra sociedad a través de la información, la pedagogía, las experiencias y las narrativas mediáticas digitales. Colombia necesita más periodismo feminista. Un periodismo que entienda que la perspectiva de género no basta para narrar una realidad, sino que es apenas una orilla junto a la raza, la etnia y la clase”, señala la organización feminista.
El texto de Laura Tatiana Peláez Vanegas señala que “en cualquier momento puede haber una intervención del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) o de otros miembros de la Policía. Los y las defensoras de Derechos Humanos asumen un trabajo voluntario de jornadas interminables para evitar que haya más desaparecidxs, asesinadxs o violentadxs durante la protesta social, cifras que siguen subiendo sin parar desde el pasado 28 de abril, el primer día de este estallido social”, se indica en el informe, que hace un recorrido detallado por los actos de represión contra mujeres.
“El 2020 fue el año más violento en los últimos 11 años para defensorxs en Colombia. El año pasado se registraron 969 agresiones contra 942 personas que ejercen distintos liderazgos en las regiones. Un promedio de 264 agresiones por día”, detalla la nota.
“Esta defensa por la vida se vuelve mucho más peligrosa cuando la ejercen las mujeres. Esto porque muchos hombres de la Policía, e incluso algunos manifestantes, se sienten amenazados por mujeres que ejercen liderazgo social. Sobre todo cuando son ellas las que interpelan su poder en la calle, en el espacio público y subvierten el rol de sumisión que históricamente nos han impuesto”, agrega la autora.
Laura Tatiana Peláez Vanegas señala que el 24,8 por ciento de las agresiones registradas fueron contra mujeres. Siete puntos porcentuales más que en 2019. En el primer trimestre de 2021 se han registrado 180 agresiones contra 176 defensores y defensoras de derechos humanos. El 26 por ciento de las agresiones, es decir 46 casos, fueron contra mujeres.
“Un uniformado del Esmad se tocó sus partes íntimas mirándonos a nosotras tres”, cuenta Leanys, defensora de derechos humanos en Bogotá. A 180 kilómetros de distancia, en Paipa, Boyacá, Juliana también sufrió violencia por parte de un agente. “El teniente Rodríguez, de Paipa, me desconocía en términos de ser mujer, de ser parte de la comisión de verificación de derechos humanos”. En Medellín, a 10 horas en auto de Paipa, Andrea, otra defensora, vivió una experiencia similar: “Nos dice la Policía que somos unas perras o unas sapas. Nos dicen que nos vayamos pa la casa a lavar loza”.
Aunque las agresiones son generalizadas, aclara Laura Tatiana Peláez Vanegas, “hay una victimización distinta contra las mujeres hacia su cuerpo, por su sexo y su género”.
“Ellas, además de proteger a les manifestantes, han sido agredidas no sólo por su labor de liderazgo, sino por ser mujeres”, señala la autora del informe.
“Tenemos unos mínimos para salir. Salimos en triadas”, señala Pilar Vargas, diseñadora gráfica bogotana de 39 años y parte del proceso organizativo y de articulación feminista. “Entre las tres nos cuidamos y las tres hacemos labores importantes de verificación”. Luego se dividen, explica Vargas: adelante, en la mitad y atrás de la movilización. “Salimos con chaleco, carné y ahora estamos haciendo toda la labor de conseguir cascos y máscaras porque nosotras nos autogestionamos”, añade la mujer, que empezó como defensora de derechos humanos el 25N del año pasado, Día Internacional de la Eliminación de la Violencias contra las Mujeres, y hoy integra el espacio denominado Somos un rostro colectivo.
El esquema feminista de derechos humanos nace por la necesidad de que la protesta social sea “un espacio seguro para las mujeres y las personas diversas”.
“Eso hace la diferencia entre los esquemas mixtos y los esquemas feministas”, señaló Pilar con relación a la necesidad de estos espacios. “La Policía no nos cuida. Nos cuidamos entre nosotras”. Las movilizaciones feministas suelen ser más seguras para las mujeres que las movilizaciones generales, explica ella: “Las mujeres no salen tan en bloque. Hay muchas más intervenciones de la Policía y más violentas. Las dinámicas son muy diferentes. En las movilizaciones feministas no tenemos que mediar entre víctimas mujeres y agresores, por ejemplo”.
La militante menciona que “de acuerdo con Temblores ONG, durante los primeros 33 días de Paro Nacional se han registrado 25 casos de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública”.
Por su parte, Leanys Pinedo, de 20 años, estudia artes escénicas en la Universidad Distrital de Bogotá. Desde que comenzó su vida universitaria empezó su capacitación en derechos humanos. Pinedo explicó las medidas de seguridad y organización que implementan las propias mujeres. “Al llegar al lugar elegido, esperamos que haya mínimo tres personas para abrir esquema y ponernos el chaleco”, explicó la joven, al tiempo que señaló que luego definen qué persona va a mediar con la Policía. “Identificamos al policía al mando y nos presentamos. Tratamos de articular con ellos para que tomar datos sea más fácil”, explicó, para luego decidir qué persona del grupo anotará los datos de les detenides, quién atenderá a las personas heridas y quién registrará la situación con fotos y videos. “Entramos con casco, gafas y máscara antigás, y la persona que va a atender heridos entra con el botiquín”, agregó Pinedo, que fue víctima de la policía por partida doble.
“Una vez por accidente me separé de mi triada y llegaron 20 efectivos del Esmad. Yo estaba atendiendo chicas completamente gaseadas, que estaban que se desmayaban. Era 14 de mayo. Éramos cuatro chicas y lo que nos gritaron los policías fue: «O se van para las casas o nos las vamos comiendo». Yo grité que era de derechos humanos y se fueron”, contó la militante, que también fue víctima de acoso sexual con sus compañeras. Un agente del Esmad se tocó su pene mientras las miraba. Tampoco faltó violencia física: “Un miembro del Esmad quiso quitarme el celular porque estábamos grabando una lesión a una compañera, la ahorcaron, la golpearon. Sabemos que si se la hubiesen llevado, no hubiera llegado sana y salva a casa”, denunció Pinedo.
La militante señaló además que el mayor Rodríguez de la Policía, identificado con el número 002795, las amenazó: “Nos dijo que si seguíamos haciendo nuestra labor, nos iba a judicializar, nos empujó, nos gritó y hubo violencia psicológica y física”.
Juliana Higuera, que milita en Paipa (Boyacá) rescata que la formación es colectiva y que todo lo que aprendió es gracias a sus compañeras.
Juliana cuenta que el teniente Rodríguez de la Policía no dialoga con las mujeres y mucho menos la reconoce como una líder social o defensora de derechos humanos.
Juliana, además, reveló que la violencia también se verifica en el mundo virtual: recibe amenazas a través de Facebook, donde cuentas anónimas la insultan igual que lo hace el teniente y el personero. “Me dicen que hasta los casos por Covid 19 subieron en el municipio por mi culpa”, agregó.
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