Unos 50 vecinos y vecinas del barrio Copello, en Capitán Bermúdez, luchan por no ser desalojados de un terreno municipal en el que se asentaron a mediados de mayo.

“Es pura necesidad”, dice Cristian, de 27 años, y pide que quede claro en la nota. “No hay política, y todos trabajamos pero no podemos comprar un terreno. Lo hacemos por necesidad”. Cristian es una de las aproximadamente 50 personas que resisten a un desalojo en el barrio Copello, de Capitán Bermúdez. A mediados de mayo, las 17 familias –20 niños y niñas incluidos– se instalaron en un terreno municipal abandonado, lo limpiaron y construyeron un rancho de palos y nylon desde donde aguantan esperando una solución a la falta de viviendas. 

Cristian nació en Formosa y a los 10 años llegó con su familia al barrio Copello, de Capitán Bermúdez. Él no duda, es uno más del barrio, y quienes lo acompañan en la toma del terreno también. “Somos hijos de vecinos, de la misma cuadra casi todos”, explica a El Eslabón. La ocupación es llevada adelante por familias en las que los más grandes tienen la misma edad, algunos apenas pasan los 30, tienen entre dos o tres hijos cada uno, y hasta el momento todos vivían con sus propias familias. La situación de hacinamiento, la pandemia y la imposibilidad de acceder a un alquiler o la compra de un terreno los llevaron a ocupar el baldío municipal, hoy en disputa. 

“Es un lugar que nunca habían cuidado, estaba lleno de ratas y víboras”, cuenta el vecino, y asegura que en su momento, antes de la toma, cuando le pidieron al municipio que limpiara ese lugar, les dijeron que no podían porque “hay cables bajos y las máquinas no pueden entrar”. A mediados de mayo, sin embargo, cuando se produjo la ocupación y el primer intento de desalojo, las máquinas que fueron a destruir los ranchos levantados no encontraron obstáculos para pasar. 

Apenas ingresaron las familias al terreno, hace poco más de un mes, construyeron cuatro ranchos. De eso, y tras un intento de desalojo, quedó una construcción más abrigada y grande, construida de palos y nylon. Está ubicada en medio del terreno. La semana pasada, vistas las bajas temperaturas, los conflictos de convivencia y la situación insostenible, decidieron armar un par de casitas más. La policía, con orden judicial, explica Cristian, las desarmó todas y hasta que no se resuelva el conflicto no permiten nuevas construcciones. Son ahora 17 familias bajo un sólo techo. 

Cristian vive de prestado en la Asociación Civil Poriajhu, con su esposa y sus dos hijos. Cada tanto le toca el turno de hacer guardia en el único techo que hay en la toma. Las bajas temperaturas llevaron a que las familias hicieran guardias por turnos, algunos de día y otros de noche. Quienes pudieron, como Cristian, duermen en otros lugares pero cuidan ese espacio: la solución a la falta de vivienda todavía no asoma. Mientras tanto, bajan las temperaturas, sigue la pandemia, y 20 pibes y pibas no tienen un techo asegurado. 

Marchar e hinchar las pelotas 

Desde que empezó la toma, los vecinos conviven con una guardia policial. “Hay policías que comen con nosotros. El otro día uno nos trajo pan y gaseosa y compartió. También hay otros que te asquerosean y en frente nuestro nos dicen que somos unos negros de mierda. Para mí, esperan que reaccionemos”, contó a principios de esta semana Cristian, en diálogo con el programa Seamos Libres, emitido por la Radio Comunitaria Aire Libre. Salvo las fuerzas de seguridad, que esperan la resolución de la Justicia, ningún representante del Estado apareció en el terreno ocupado. Los vecinos sostuvieron al principio de la toma una reunión con el intendente de Bermúdez, Daniel Cinalli, en la que, aseguraron, les manifestó que “iban a romper las pelotas”. También les recalcó que a la Intendencia no le interesa el voto de la gente de barrio Copello. 

Este miércoles, tras una movilización de 10 cuadras, en la que estuvieron acompañados por vecinos y vecinas de otras tomas de la región (barrio José Hernández, de San Lorenzo, y Magaldi y Benteveo, de Rosario), fueron recibidos por asesores del Intendente, quienes plantearon que no había noticias sobre las resolución del conflicto. “Le pedimos si podíamos mejorar la única casa que tenemos hasta que la Justicia se pronuncie, y nos dijeron que es imposible. También que la marcha fue en vano y que no le afectan ni importan nuestros votos”, explicó Cristian tras la marcha. Y aseguró que la única alternativa que recibieron fue “llevarlos a Santa Fe o Buenos Aires a patear puertas”. 

“Las 17 familias vamos a seguir luchando. Nos unimos a las otras tomas y decidimos no ir al choque pero seguir marchando por una solución. A veces la policía viene y nos dice que por la cuarentena no podemos estar ahí. Pero lo que la gente no entiende es que no tenemos casas y no tenemos donde ir a cumplir la cuarentena. Vivimos en lugares que no están en condiciones y por eso preferimos ir y estar en el predio”, añadió.

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