«Las cárceles son para resocialización, PERO las cárceles son para proteger a la sociedad frente al crimen» y “Las personas privadas de libertad tienen derecho a la vacunación, pero en las mismas condiciones que la población en general», escucho decir al diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Luis Petri, en un programa de televisión al que fue invitado a debatir sobre la “polémica por la vacunación contra COVID-19 de los presos”. La respuesta que ofrece Claudia Cesaroni, abogada integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y DDHH (CEPOC) es contundente: “Estar en la cárcel no es igual que estar libre. No hay distancia social, no hay ventilación cruzada, no hay medidas de higiene, no se puede aislar como usted o yo en condiciones dignas”.

Apago la tele y busco en la biblioteca un libro de crónicas de Bernardo Penoucos. Como docente en contextos de encierro, el autor habla sobre quienes no son dichos por nadie, ni mirados por nadie. Sobre las vidas demonizadas por los relatos mediáticos. Sobre los abrazados por las rejas que los «oxida de sombras y de llantos», los pobres cuerpos y cuerpos pobres que «se apilan y marchan pidiendo el agua y el lugar». 

Con los fragmentos del libro, recuerdo distintas noticias falsas que circularon desde que comenzó la pandemia. Felicitas Beccar Varela, senadora provincial bonaerense de Juntos por el Cambio, llegó a decir que el «plan» de la “masiva liberación de presos” era formar «patrullas que amenacen a jueces», en sintonía con el discurso de las grandes corporaciones mediáticas.

Quizá, los mismos medios que hicieron la vista gorda cuando Mauricio Macri ordenó liberar a 96 genocidas de la última dictadura. 

Quizá, los mismos a los que les parece irrelevante la cantidad de encerrados con prisiones preventivas. No se habla del rol de los jueces, quienes administran los tiempos de los juicios. Si las cárceles están habitadas, en un gran número, por personas presas preventivamente, alguna explicación debería ensayar el sistema judicial. 

Hace mucho que no se habla de las condiciones de hacinamiento e inhabitabilidad en cárceles y comisarías, que son en parte consecuencia del gran incremento de la población carcelaria que legó el macrismo.

¿De qué democracia nos disfrazamos cuando la propuesta es aumentar la cantidad de presos? Cuando llenan las cárceles con pobres (culpables o inocentes) sin condena firme y sin recursos para hacerse escuchar. 

¿De qué democracia nos disfrazamos cuando se plantea bajar la edad de punibilidad a 14 años? Bajar la edad de imputabilidad, señala Cesaroni, es meter presos a las principales víctimas del neoliberalismo que esta sociedad votó, “con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública”.

¿De qué democracia nos disfrazamos cuando los pibes encerrados son, en realidad, la punta del iceberg de un sistema social cada vez más desigual? “Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis”, dice la abogada.

La pandemia nos invita a repensar el régimen de sanciones de nuestro país. Pero es también una deuda pendiente que, en palabras de Penoucos, nos obliga a «que la memoria no nos traicione cuando la calma regrese».

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