Una jueza denegó este martes por “falta de legitimación” el recurso de apelación y nulidad presentado por el presidente de la comisión de Acuerdos de la Legislatura, el radical Fabián Bastía, contra el amparo que ordenó a esa comisión “dejar sin efecto y archivar” un proceso disciplinario al exministro de Seguridad, Marcelo Sain, por su rol como director del Organismo de Invesigaciones (OI).
La jueza laboral Paula Calace Vigo denegó el planteo de apelación y nulidad interpuesto por el diputado Bastía al amparo otorgado el 30 de junio último por la misma magistrada a favor de Sain, quien había pedido detener el proceso en su contra como director del OI, que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Sain consideraba, entre otras cosas, que se lo quería juzgar como miembro del MPA por su actuación en otro poder, cuando ejerció como ministro del Poder Ejecutivo. Y, además, que se aplicaba retroactivamente una ley de incompatibilidades que quedó firme luego de su renuncia al Ministerio.
La juez consideró en su fallo de este martes que Bastía no posee “legitimación procesal” en su doble condición de diputado y presidente de la comisión de Acuerdos, para participar del proceso judicial.
Tras renunciar al cargo de ministro de Seguridad, en marzo pasado, un fiscal Regional de Santa Fe y 27 diputados opositores denunciaron a Sain por una serie de presuntas irregularidades y faltas cometidas en su gestión.
Paralelamente, Sain solicitó dar por terminada su licencia como director del Organismo de Investigaciones y regresar a ese cargo obtenido por concurso en 2018. A raíz de sus propias denuncias, los legisladores y el fiscal Regional le pidieron al jefe del MPA, el fiscal General Jorge Baclini, que no permitiera el regreso de Sain al OI.
La comisión de Acuerdos inició un juicio político contra el ex funcionario por las mismas razones mencionadas –presuntas irregularidades durante su gestión-, pero no prosperó porque ya había renunciado y no se puede remover a un exfuncionario.
Tras una investigación preliminar en el MPA, la comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina hizo uso de su facultad de avocarse a un procedimiento en trámite y reclamó esa investigación para sí.
A la vez, recomendó la suspensión del funcionario por 180 días con la reducción del 50% de su salario mientras se sustanciaba la investigación en la misma comisión, contra lo cual fue Sain en su pedido de amparo que le resultó favorable.
La comisión de Acuerdos encomendó entonces a su presidente, el diputado Bastía, que pida la nulidad del amparo y su apelación, pero esa pretensión fue denegada hoy por la jueza Calace Vigo al entender que solo el Fiscal de Estado está legitimado para ejercer la defensa judicial de la provincia.
Fuente: Télam
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