Tras el fallo que permite convocar al senador Traferri a una audiencia imputativa, los fiscales Edery y Schiappa Pietra la solicitaron. Consideran que fue “organizador” de una banda de juego clandestino. Algunos indicios sobre el asunto.

En un fallo que procura garantizar el principio de igualdad ante la ley entre legisladores nacionales y provinciales, el juez de segunda instancia de Rosario, José Luis Mascali, declaró inconstitucional el artículo de la Constitución santafesina y su réplica de menor rango –el artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia- que establecen la “inmunidad de proceso” para diputados y senadores, de modo tal que no pueden siquiera ser sometidos a proceso penal, manteniendo en cambio la prohibición que rige sobre su arresto y la –más limitada- “inmunidad de opinión”. En el caso concreto, lo que el magistrado hizo fue permitirles a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pedir una audiencia para solicitar la imputación del senador del PJ, Armando Ramón Traferi, como presunto organizador de una red de juego clandestino liderada por el capitalista de la timba ilegal, Leonardo Peiti. Que, al igual que otras 20 personas, entre ellas un fiscal de grado y el ex Fiscal Regional de Rosario Patricio Serjal, ya están imputadas. La decisión judicial abre un nuevo capítulo en la disputa político-judicial que se inició el año pasado cuando el Senado rechazó el desafuero del legislador, por considerar que no existía evidencia suficiente en su contra para liberarlo de sus inmunidades parlamentarias y, de ese modo, poder ejercer su defensa técnico-jurídica.

Seguramente el fallo de Mascali, que revocó uno de primera instancia en sentido opuesto firmado por la jueza Eleonora Verón, será apelado ante la Corte Suprema de Justicia provincial –y, eventualmente a la nacional- por la defensa de Traferri.

Su abogado, el ex fiscal durante la última dictadura José Luis Vázquez, consideró “una fantochada” la resolución y adelantó que aconsejará a su cliente no presentarse a la audiencia, que aún no tiene fecha.

El objetivo de Traferri es que no se conozca en una audiencia pública la evidencia que los fiscales poseen en su contra. Parte de la cual ya ventilaron el año pasado al pedir –sin suerte- el desafuero.

A pesar del fallo adverso a sus pretensiones, Traferri no puede ser llevado a juicio, ni arrestado, ni su domicilio particular u oficina de trabajo allanadas. Al menos mientras sea senador y posea fueros parlamentarios.

La sentencia de Mascali, en cambio, permite a los fiscales exponer en una audiencia pública las pruebas que reunieron para solicitar la imputación de Traferri como supuesta “pata política” de la organización criminal, que deben ser evaluadas por una jueza para determinar si son suficientes para formalizar la acusación. Proceso en el cual, demás está decirlo, el senador tiene la posibilidad de conocer de qué se lo acusa y con qué elementos, para en todo caso rebatirlos y ejercer su derecho a defensa.

La excusa para no hacerlo, según expusieron Traferri y su abogado Vázquez, es que se trata de una “operación política”.

Hablar con Leo

La causa que llegó hasta Traferri como presunto organizador de una red de juego clandestino se inició por el homicidio de un empleado bancario en el casino City Center. El arresto del presunto instigador y el secuestro del teléfono llevó a los investigadores a Peiti, que había sido extorsionado por Maximiliano Cachete Díaz –vinculado a Los Monos- y de ese apriete nació una forzosa sociedad.

De allí derivaron las detenciones de Serjal y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, que habrían sido conectados por Traferri con Peiti para garantizarle impunidad, a cambio de una paga mensual en dólares en forma de coima.

Pero no fue Ponce Asahad con su declaración quien puso el apellido del senador en el expediente, sino el ex asesor de la Legislatura –y ex diputado provincial– Darío Scataglini.

Según consta en la investigación, Serjal y Ponce le advirtieron a Peiti que el Organismo de Investigaciones (OI) había interferido sus teléfonos. Peiti se lo dio a su secretaria. A las 8.40 del 10 de julio de 2018 recibió una llamada:

Secretaria: Si, quién habla.

Scataglini: Sí, buenas noches, Darío Scataglini, necesitaría hablar con Leo.

Secretaria: Mirá, habla la secretaría, yo tengo este teléfono pero le aviso que lo llamaste y que se comunique.

Scataglini: Llamo de parte del senador Traferri.

Secretaria: Bueno, le digo.

Los fiscales también demostraron que Traferri y Peiti se reunieron más de una vez, que el capo político del departamento San Lorenzo se encontró con Serjal y que mantenía un frondoso intercambio comunicacional con Ponce Asahad. De hecho, ambos borraron las conversaciones con el senador y hasta su contacto de los teléfonos móviles.

Un nuevo audio obtenido de una carpeta de la aplicación de mensajería Telegram del teléfono de Nelson Ugolini, empleado de la Fiscalía que conducía Ponce Asahad y también imputado como miembro de la asociación ilícita, fue sumado luego a la investigación.

Ugolini habla con la fiscal de San Lorenzo, Melisa Serena. “Sé que entraron investigaciones a San Lorenzo del tema. Le tengo miedo a Aquiles (por el fiscal Balbis), no creo que sean tan idiotas siendo fiscal de San Lorenzo de enfrentarte al Pipi Traferri, es lo más peligroso que podés hacer”, describe.

Preocupado, el empleado judicial le dice a la fiscal que “el tema es que Edery hace poco terminó allanando la Jefatura (de Policía) de San Lorenzo”.

Ugolini le aclara a su interlocutora que “si es desde acá de Rosario, para tocarlo al Pipi Traferri tienen que pasar por Gustavo (Ponce Asahad) y por Serjal, sí o sí, no lo pueden tocar si no”.

Y sigue: “No te olvides que nosotros antes de fin de año nos comimos una curva que lo llamó el propio Pipi a Gustavo (Ponce) y casi lo ahorca, por culpa del idiota de (el fiscal Matías) Merlo que venía de Melincué y quiso hacerse el fantasma. Justo antes de las elecciones este salió a tumbar juego clandestino y puerto seco”.

“Traeme plata”

Los fiscales también dieron con un audio de agosto de 2017 enviado por el ex secretario de la Cámara alta, Ricardo Paulichenco (fallecido) a Peiti, en el que le dice: “Monstruo, escuchá bien, mañana se junta con el Ministro de Justicia el Pipi, y el viernes se va a juntar con (el jefe de los Fiscales provinciales) Baclini por el tema que pasaste del 301 (en referencia al artículo del código que pena el juego clandestino)”.

“Traeme plata”, le pide después. Para los fiscales, “ellos le vendían influencias al señor Peiti”, atento a que las reuniones nunca habrían sucedido.

En esa misma charla, Peiti le advierte a Paulichenco sobre las virtudes de la discreción: “Mandame audio, dejá de hablarme por teléfono que vamos a terminar todos en Chinchinati, demente”.

Los fiscales indicaron que una semana después de esa llamada el secretario y Peiti se reunieron en una heladería de Santa Fe, y que antes existió una llamada de más de tres minutos entre Paulichenco y Traferri.

También ofrecieron un diálogo entre la secretaria de Peiti y el capitalista del juego ilegal, en la que la empleada le comunica que va a San Lorenzo y le pregunta si “tiene que llevarle algo a Pipi”, el apodo del senador. La mujer también declaró que su jefe y Traferri mantuvieron un encuentro en el bar El Cairo.

El senador explicó en su momento que el vínculo que mantuvo con Peiti era a raíz de que el capitalista pretendía avanzar en una ley de juego online en Santa Fe. Scataglini declaró en el mismo sentido, que el llamado que le hizo a “Leo” era para descartar la idea. Entre la propuesta de Peiti y la respuesta de Traferri vía Scataglini había pasado un año.

Tras el fallo de Mascali, el fiscal Edery dijo en una rueda de prensa sobre los recursos ilegales que producía la asociación que “hay algunas declaraciones que dicen que parte de ese dinero iba a financiar las campañas políticas”. Es probable que en una potencial audiencia aparezcan nuevos indicios.

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