Dos siglos después de que San Martín proclamara su independencia, Perú logró un quiebre histórico para terminar con décadas de devastación neoliberal. Un maestro rural de izquierda en el poder enciende el odio criminal de los poderes fácticos.

“Desde este momento el Perú es libre e independiente por voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la Patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la Independencia!”, arengó el general argentino y Libertador de América José de San Martín el 28 de julio de 1821 en la Plaza Mayor de Lima. La expedición libertadora del Perú fue la continuidad de las luchas que venían entablando los pueblos originarios desde hacía siglos: La resistencia incaica de Túpac Amaru y Atahualpa, la rebelión de los encomenderos, la rebelión de Túpac Amaru II y Túpac Katari, por sólo mencionar algunos ejemplos de las heroicas luchas contra el Imperio Español. San Martín luchó junto a los pueblos originarios, los afros, los mestizos, y los campesinos más pobres y explotados, los que nada tenían más allá de su dignidad.

Dos siglos después, el Perú profundo, el de los ninguneados, los hambreados, los excluidos, los pueblos originarios, los mestizos, y los campesinos más humildes (los descendientes de los soldados de San Martín) lograron otro hecho histórico. El presidente Pedro Castillo simboliza una reivindicación de esos sectores condenados al hambre y el exterminio por la derecha racista, violenta y golpista, de Perú y de la región.

“Juro por Dios, por mi familia, por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de presidente de la República por el periodo 2021-2016. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva Constitución”, afirmó Castillo en la ceremonia de asunción de la presidencia, con su tradicional sombrero blanco de campesino y un traje con motivos andinos.

“Un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y por el pueblo. No los defraudaré. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece como muchos de los peruanos a los sectores oprimidos por tantos siglos y de un maestro rural para presidir la República», señaló, al tiempo que aseguró que “el orgullo y el dolor del Perú profundo corre por mis venas”. 

Una vez más tuvo que repetir, para alejar el fantasma de la “dictadura comunista” (tan meneado por la derecha en sus campañas de noticias falsas), que “no habrá expropiaciones”. Pero agregó que sí será severo “con los monopolios bancarios”, y que reducirá tasas de interés. Descartó, asimismo, controles en el tipo de cambio. 

“Todos saben que una de nuestras principales banderas políticas es la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Insistiremos en esto pero siempre en el marco de la ley y la actual Constitución”, señaló, con referencia a una de sus propuestas más rechazadas por los defensores del statu quo. Y agregó que la Asamblea tendrá una composición con paridad de género y cuotas para los pueblos originarios, gremios, organizaciones populares y movimientos sociales.

Señaló que se creará un sistema para que “las grandes empresas no estafen al fisco” y en el que el Estado asuma un rol fiscalizador en “la defensa del ambiente y los derechos de los consumidores”.

Tras décadas de neoliberalismo el país quedó devastado, con una grave crisis social y sanitaria (profundizadas por la pandemia) y una peligrosa debilidad institucional. El maestro rural recibe una pesada herencia, difícil de revertir. Pero apenas recibió la banda presidencial, el aparato político-económico-mediático de los poderes fácticos comenzó a incrementar sus campañas de mentiras para hacer responsable a Castillo, y al comunismo, de todos los males que padece Perú desde hace muchos años. 

La demonización y las trampas de la derecha ya están en marcha, y buscarán no dejarlo gobernar, y hacer de la crisis heredada una situación de caos que permita destituirlo.   

Castillo aseguró que sus prioridades serán salud, educación y agricultura. Y consideró necesario renegociar los contratos con las empresas mineras para crear una sobretasa impositiva a las ganancias extras que vienen teniendo por el aumento de los precios internacionales de los minerales. Una medida que suele producir peligrosos ataques psicóticos de los poderes económicos concentrados. 

El flamante presidente señaló que se debe incrementar la inversión pública, ampliar los créditos a la agricultura y a las pymes, y que las políticas públicas deben tener un importante componente redistributivo. Además, priorizará obras de infraestructura en salud, educación y caminos rurales. 

Luego de ganar la elección, como una primera concesión a los poderes fácticos con el objetivo de alejar las amenazas de golpe, Castillo aseguró que “no habrá estatizaciones”.

Pero acaso la apuesta más fuerte sea su idea de llamar a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución fujimorista, que tiene una impronta neoliberal, otorga grandes beneficios a la inversión privada y reduce el papel del Estado. Para lograrlo, podría convocar un referéndum sobre el tema, para lo que se necesita reunir las firmas del 10 por ciento del padrón electoral: dos millones y medio de rúbricas. Es obvio que la derecha rechaza esta propuesta, y tiene los votos suficientes para bloquearla en el Congreso.

No dejarlo gobernar o destituirlo

Los intentos destituyentes comenzaron apenas se supo que Castillo había ganado las elecciones. La insólita demora (se votó el 6 de junio y fue proclamado el 19 de julio) fue una maniobra para ganar tiempo e intentar un golpe como el de Bolivia en 2019. No funcionó.

En cambio, el lunes 26 de julio, apenas dos días antes de asumir, el Parlamento demostró que está dispuesto a no dejarlo gobernar, crear un clima de caos y destituirlo. Ese día, en el marco de la votación de las autoridades legislativas, la derecha le infligió una dura derrota. Y demostró, además, que está dispuesta a todo. Mediante una interpretación tramposa del reglamento, el partido oficialista y sus aliados no pudieron postularse a la votación, de la que sólo participaron candidatos de derecha y ultraderecha. 

Hubo 50 votos en blanco, del oficialismo y sus aliados que fueron impedidos de participar. Las bancadas de derecha y ultraderecha consiguieron 80 votos. Es decir, quedaron a apenas 7 votos del número tan temido: 87 sufragios son suficientes para destituir al mandatario. Además, esta votación ya indica claramente cuál va a ser la correlación de fuerzas.

El Parlamento peruano puede destituir al jefe de Estado apelando a la ambigua figura de la “incapacidad moral permanente”, un concepto tan amplio e impreciso que puede ser manipulado con facilidad. Con esta estratagema echaron de la presidencia a Martín Vizcarra en 2019.

El mayor o menor grado de gobernabilidad que pueda obtener Castillo dependerá, por un lado, del apoyo del pueblo en la calle. Y de la integración regional y la formación de un bloque de países que defiendan la soberanía y la dignidad continental enfrentando la injerencia de EEUU.

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