El empresario, ex piloto de Fórmula 1 y ex concejal de la ciudad de Rosario, Oscar “Poppy” Larrauri, fue imputado este jueves como partícipe primario de lavado de activos por una maniobra con una decena de terrenos que le compró, vendió y alquiló en el plazo de cuatro días a Leonardo Peiti, quien está acusado de organizar de una red de juego clandestino en la provincia de Santa Fe, informaron fuentes judiciales.

En la misma audiencia celebrada en la tarde de este jueves, Peiti fue imputado junto a su abogado, José Fernández Chemes, por el mismo delito y por estafa procesal. Según los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, los terrenos en cuestión, ubicados en la localidad de Funes, fueron adquiridos por Peiti a una mujer ya fallecida, Isabel García, quien a la vez se los compró a una empresa cuyo apoderado denunció que le falsificaron la firma.

La acusación por lavado constituye la segunda etapa de una investigación por juego clandestino iniciada el año pasado, por la cual están detenidos el ex fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, y el fiscal de grado Gustavo Ponce Asahad, por el presunto cobro de coimas en dólares al capitalista Peiti a cambio de brindarle protección e información sobre pesquisas en su contra.

Además, el 23 de agosto será acusado como presunto organizador de esa asociación ilícita el senador provincial Armando Traferri, considerado por los fiscales como la “pata política” de ese negocio ilícito, aseguraron los informantes.

El intento anterior por imputar a Traferri chocó con la negativa de la Cámara de Senadores santafesina de quitarle los fueros para que se sometiera a proceso, pero luego un juez de segunda instancia declaró inconstitucional la “inmunidad de proceso” con la que cuentan los legisladores.

La presunta maniobra adjudicada  a Larrauri, según el planteo de los fiscales, consistió en “simular” la compra de una serie de terrenos –equivalentes a media manzana- a Peiti el 10 de marzo de 2016 por 536.000 dólares.

De acuerdo con la acusación, cuatro días después, el 14 de marzo de 2016, Larrauri firmó contradocumentos por los cuales le vendió a Peiti esos mismos terrenos por igual valor, a la vez que firmó un contrato de alquiler a favor de aquel por los lotes.

Esa maniobra “le permitió a Leonardo Peiti justificar la incorporación de un ingreso financiero a su favor de 536.000 dólares en base a la conformación de registros contables que no responden a la realidad económica”, sostuvieron los fiscales.

Además, indicaron que “ese dinero con el que contaba Peiti es el fruto de su actividad ilícita como jefe de una asociación ilícita” dedicada a la explotación de salas de juego ilegal, hecho por el que ya fue imputado en distintas causas.

A su vez, los fiscales advirtieron que con el “blanqueo” de esos U$S 536.000, Peiti “simuló” la compra de otros siete terrenos en la localidad santafesina de Casilda por U$S 52.274, aunque en realidad existe documentación que muestra que ya era propietario de los mismos y los había adquirido en 2012 por más de U$S 200.000.

Para los fiscales, el abogado Fernández Chemes, que debió renunciar a su cargo de secretario Legal y Técnica del municipio de Villa Gobernador Gálvez cuando estos hechos salieron a la luz, participó de la presunta esta procesal por la que Peiti obtuvo de un juzgado la escrituración de los terrenos de Funes que luego “simuló” vender a Larrauri y del lavado de activos.

Por su parte, la jueza del caso, Eleonora Verón, aceptó la imputación y dispuso, a pedido de los fiscales, la prohibición de salir del país para los tres acusados y les trabó embargo por U$S 800.000 a Peiti y su abogado, y por U$S 340.000 a Larrauri.

Fuente: Télam

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