Bolsonaro le declaró la guerra a los poderes Judicial y Legislativo, que lo están investigando en decenas de causas, y convocó para el 7 de septiembre una marcha que tiene como consigna “que el Ejército tome la Corte Suprema”.

Desde antes de convertirse en presidente, Jair Bolsonaro, alabó la dictadura, reivindicó a los genocidas e implantó un gobierno militar. Esta prédica antidemocrática fue creciendo a medida que la Justicia y el Parlamento (El Supremo Tribunal Federal, el Senado y la Corte Penal Internacional de la Haya) lo fueron acorralando con investigaciones en decenas de causas por corrupción, ataques a la democracia, y la puesta en marcha de un equipo de trolls para emitir noticias falsas, entre otras. Además se lo acusa de etnocidio de pueblos originarios, ecocidio (por la destrucción de la Amazonia en favor de sojeros y mineros) y genocidio (por su manejo de la pandemia). Más de 120 pedidos de juicio político siguen cajoneados en Diputados, donde todavía no cuentan con los votos necesarios para sustanciar un juicio político.

El 10 de agosto, Bolsonaro apretó al Parlamento con tanques y tropas que desfilaron frente a la sede del Poder Legislativo. Pretendía que se modifique la ley electoral, luego de amenazar con desconocer el resultado de las próximas elecciones de 2022. El Congreso le votó en contra y su respuesta fue aumentar las amenazas golpistas.

“Más de 2.500 militares, vehículos blindados, tanques de guerra, lanzadores de misiles y carros anfibios desfilarán por las calles de la capital brasileña. Del desfile participará el presidente Jair Bolsonaro invitado para que sea parte del cortejo que realizan anualmente los militares que forman parte de la Operación Formosa de la Armada”, informó La Izquierda Diario el 9 de agosto.

“Intervención militar de la corte”

El mandatario llamó a la población a defender la “libertad de expresión” y a manifestarse contra el máximo tribunal el próximo 7 de septiembre (Día de la Independencia), convocatoria que fue interpretada por la oposición como un intento de “autogolpe”.

“Lo que ellos están buscando (con los procesos) es esperar el momento para aplicarme una sanción restrictiva, quizá cuando deje el Gobierno, más adelante”, sostuvo Bolsonaro.

Días antes, durante un culto evangélico, el presidente dijo que le esperan tres opciones para el futuro: “Ir preso, morir o salir victorioso”.

El 7 de septiembre se realizarán en Brasilia y en San Pablo sendas manifestaciones contra el Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema), a las que el mandatario ya confirmó su asistencia. Sus seguidores, en tanto, convocaron a “intervenir militarmente el Supremo Tribunal Federal”.

Se lo investiga, entre otros hechos, por prevaricato, por un caso de compra de vacunas con sobreprecios. El presidente está muy comprometido: el diputado de centroderecha y aliado de Bolsonaro, Luis Miranda, declaró ante la comisión parlamentaria del Senado junto a su hermano Ricardo Miranda, funcionario del Ministerio de Salud, quien aseguró haber sufrido “presiones” por parte de funcionarios para dar luz verde a un contrato, firmado en febrero, por alrededor de 320 millones de dólares, pese a que este contenía errores que contarían millones en pérdidas a la cartera de Salud. Luis Miranda, por su parte, aseguró haber informado de estas irregularidades a Bolsonaro meses atrás.

La Corte Suprema lo investiga además por montar una usina de noticias falsas a través de un equipo de trolls. El propio Bolsonaro estaría directamente implicado y ya se dispuso la detención de colaboradores cercanos y amigos. En el marco de esta causa se lo acusa de ataques a la democracia, de difundir mentiras contra el sistema electoral (que ya fueron refutadas), de hacer falsas denuncias de fraude, y de participar de la financiación de intentos de golpe.

Rechazan la marcha golpista

La convocatoria a marchar contra el máximo tribunal fue vista por la oposición como un intento de “autogolpe” y ha multiplicado las reticencias del mercado financiero hacia el ministro de Economía, Paulo Guedes, que solo hizo parte del trabajo de ajustar y privatizar.

También está dividido el influyente sector industrial que antes lo apoyaba y ya le soltó la mano. La poderosa Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), aliada desde 2016, le soltó la mano. Ya ni el sector financiero lo banca. Los tres principales bancos privados, Itaú, Bradesco y Santander, preparan un manifiesto a favor de la democracia.

El vicepresidente Hamilton Mourao, ya hace tiempo enfrentado con Bolsonaro, dijo que defiende el manifiesto y sostuvo que los bancos y la industria “son la base de la civilización”. Grandes entidades empresarias también negocian un repudio a la actitud del mandatario: apoyan el modelo económico neoliberal de Bolsonaro, pero no sus intentos golpistas.

Según las últimas encuestas, el apoyo de la población va en caída, pero todavía conserva un piso de entre el 20 y el 24 por ciento. Cuenta asimismo con el apoyo de la Policía, parte del Ejército, grupo evangelistas de ultraderecha, y también de los sojeros y las empresas de minería que están destruyendo la Amazonia, y que cuentan con milicias armadas que amenazan y asesinan a los pueblos originarios y a quienes militan a favor del medio ambiente.

Las centrales sindicales, entre ellas la CUT, vinculada al opositor Partido de los Trabajadores calificaron de “golpista” la manifestación del 7 de septiembre. “No se aguanta más, vivimos bordeando una crisis institucional. La aparente inhabilidad política que apunta a desordenar la armonía entre poderes esconde un comportamiento que busca justificar salidas no constitucionales”, advirtieron en un comunicado.

El 31 de agosto se cumplieron 5 años del golpe de Estado contra Dilma Rousseff. En declaraciones a Página 12 la ex mandataria señaló que “el golpe ya ocurrió en 2016. Lo que estamos viviendo son las etapas del posible endurecimiento del régimen político en Brasil. El gobierno está coqueteando con la posibilidad de un golpe dentro del golpe», dijo Rousseff.

La ex mandataria advirtió sobre un “ensayo general para un golpe de Estado” que ocurrirá con las manifestaciones convocadas por Bolsonaro para el 7 de septiembre, Día de la Independencia, financiadas por asociaciones de sojeros, policías y grupos del fundamentalismo evangelista.

«Es necesario entender este juego. El golpe ocurrió el 31 de agosto de 2016. Lo que estamos viviendo ahora es la posibilidad de un nuevo golpe basado en las derivaciones de la guerra híbrida. Atrás hubo un golpe parlamentario, judicial y mediático, pero sobre todo del sector financiero, del capitalismo financiero, un golpe neoliberal”, sostuvo Dilma.

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