En paralelo al resonante juicio por balaceras al Poder Judicial, el fuero federal condenó en silencio a 16 personas por estafas al fisco por 250 millones. Delitos invisibles y legitimados versus violencia explícita, u otra vuelta a civilización y barbarie.

En forma paralela a la segunda semana del juicio que tiene como principal acusado al último jefe de Los Monos por doce casos de balaceras a inmuebles de jueces y edificios del Poder Judicial, la Justicia Federal condenó a 16 personas por asociación ilícita tributaria por la comercialización de facturas truchas que causaron un perjuicio al fisco por casi 250 millones de pesos. La violencia narco que de manera cotidiana se expresa en las calles de Rosario como fenómeno epidérmico de un negocio descomunal –apenas rumoreado pero poco visibilizado– capta la atención de los medios masivos de comunicación y del Poder Judicial, mientras los delitos económicos derivados de esa y otras actividades ilícitas suelen producir un menor frenesí investigativo y un mayor desinterés de la prensa comercial. Entre Netflix y la aceptación social de la evasión, triunfa el gigante del streaming.

Civilización y barbarie

Un día después de que el ex ministro de Seguridad del Frente Progresista y precandidato a senador de Juntos por el Cambio –es así, no se trata de un error de este periódico–, Maximiliano Pullaro, aprovechara la citación a declarar como testigo en el juicio seguido a Ariel Guille Cantero & Cía por las balaceras para instalarse en la campaña proselitista, el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario condenó a 16 personas, entre ellas dos contadores públicos, por asociación ilícita tributaria.

De acuerdo a la investigación –poco frecuente en los Tribunales federales–, los condenados formaron una organización con fines ilícitos a través de la cual hicieron circular cientos de facturas truchas emitidas por sociedades y empresas ídem, por un monto que superó los mil millones de pesos (1.204.276.275 pesos, exactamente).

El perjuicio para el Estado calculado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que realizó en marzo de 2017 la denuncia que motivó la causa judicial, ascendió a 247.315.951 pesos.

Las maniobras ilícitas detectadas por la Afip se registraron, de acuerdo al proceso oral que culminó el miércoles, entre enero de 2015 y diciembre de 2016. Dos ejercicios tributarios completos y cuando 250 millones de pesos representaban bastante más que ahora.

La organización criminal no operaba en los bordes territoriales de la ciudad sino en oficinas más o menos confortables. No estaba provista de armas, soldaditos ni búnkeres sino de instrumentos tecnológicos acordes con la empresa ilegal que desarrollaba: computadoras, teléfonos, fax, impresoras.

El carácter civilizatorio del delito y las herramientas empleadas para su comisión ya establecen una diferencia en la percepción social del mismo.

Para el fiscal del juicio, Federico Reynares Solari, “estos delitos aparecen como delitos sin víctimas inmediatas”, lo que también marca una distinción respecto de un homicidio, por ejemplo, en el que la víctima tiene un hombre, un rostro, una historia que quedó trunca por la intención de otro de que así fuera. También están sus familiares, víctimas indirectas cruzadas por el dolor de la pérdida, por el horror que la barbarie ha causado en sus trayectorias vitales.

“Pero las víctimas somos todos, porque son delitos que van contra el dinero que recauda la Afip y que administra el Estado, y es de todos”, completó Reynares Solari en diálogo con El Eslabón, y se preguntó: “¿Cuántas vacunas se pueden colocar, cuántos jardines se pueden hacer, cuántos programas de empleo para jóvenes?”.

Excepción y regla

Que una investigación por asociación ilícita tributaria llegue a juicio no es habitual. En términos generales y, en Rosario, en particular. El delito económico más común es la evasión, que en este caso aparece como derivación del principal, que fueron las usinas de facturas truchas para reducir la base imponible de los impuestos a pagar: IVA y Ganancias.

“Estas causas son la excepción y deberían ser la regla”, dijo el fiscal Reynares Solari. Agregó que “el futuro del sistema penal no es sólo el acusatorio, sino el sistema acusatorio más la persecución de la criminalidad compleja económica”.

Son escasas las investigaciones federales sobre lavado de activo –delito que también es perseguido por la Justicia ordinaria– derivadas del comercio ilegal de narcóticos o de otras actividades ilícitas como la compra-venta de granos en negro, el cambio de dólares o el intercambio de cheques por efectivo en las cuevas financieras.

De todos modos, el miércoles, el Tribunal Oral Federal 3 condenó a 16 personas a penas que van de los 2 a los 7 años y 6 meses, según su participación en la empresa criminal advertida en 2017 por la Afip.

La investigación la inició el organismo recaudador al detectar la constitución de sociedades “ficticias” que tenían por objetivo vender comprobantes apócrifos a contribuyentes reales, con el fin de permitirles mediante ese ardid reducir la base imponible en el cálculo de los impuestos a las Ganancias e IVA.

De acuerdo a la pesquisa, la organización –que estaba dividida en dos grupos–, emitió facturas apócrifas por 1.204.276.275 pesos entre 2015 y 2016, lo que ocasionó un perjuicio al fisco por $247.315.951.

Uno de los grupos estaba liderado por Marcelo Liporaci, que fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión por asociación ilícita tributaria. Los otros dos acusados como organizadores de ese grupo fallecieron antes de la sentencia, recordó el fiscal.

El otro grupo estaba constituido por Ricardo Astudillo (condenado a 7 años y 6 meses de prisión); Adrián Zeballos (7 años) y la contadora María Cristina Ottaviano (5 años y 6 meses).

Por debajo de los organizadores operaba un grupo de personas encargado de “vender” las facturas de sociedades o empresas ficticias, que eran inscriptas ante la AFIP a través de personas insolventes o de escasos recursos económicos.

Para el Tribunal, ese rol lo cumplían Atilio Miotti (4 años y 3 meses de condena); Néstor Tesorero (4 años de prisión); Fabián Mele (3 años, ejecución condicional); Iván Dobboletta (3 años) y Darío Migliorelli (3 años).

Otros imputados eran los encargados de conformar las sociedades o empresas truchas en las que figuraban como titulares ante la Afip personas insolventes o de bajos recursos económicos. Esas empresas eran las que, a su vez, emitían las facturas apócrifas que compraban personas físicas o jurídicas con actividades reales y comprobables, a los efectos de reducir la carga impositiva.

Por cumplir esa función fueron condenados Marcelo Miranda Cairo (5 años y 6 meses) y su sobrino Marcos Rete (3 años y 6 meses). Mientras que María Guillermina Sgariglia, Matías Centeno, Nair García y Hernán Raca fueron condenados por realizar las facturas y otras tareas administrativas indispensables para la comisión del ilícito.

El otro contador público condenado es Eduardo Furini, con una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, quien tenía contacto con ambos grupos generadores de comprobantes apócrifos pero, a la vez, tenía su propia usina de facturas. Si la condena queda firme, no podrá ejercer su profesión por 10 años.

La guitarra

A contramano de la minúscula trascendencia que tuvo en la prensa el juicio por estafas al fisco por 250 millones de pesos, el proceso oral por balaceras a objetivos judiciales que tiene como principal protagonista a Ariel Guille Cantero, el activo presidiario que posee más condenas por delitos cometidos desde la cárcel que cuando gozó de libertad ambulatoria, ocupa mayores espacios mediáticos y atención pública.

No es que no las merezcan, claro, sino que de algún modo contribuyen a cristalizar la idea de que el delito está ligado, sustancialmente, al uso de la violencia. Qué mejor para eso que un grupo tira tiros desaforados que por unos mangos balean lo que les digan que deben balear.

Sin embargo, también en el juicio a 7 personas por los tiroteos de 2018 tras la condena a Los Monos aparece, veladamente, la cuestión del poder económico ilegal.

Apenas iniciado el juicio, un fiscal ordenó el allanamiento de la celda donde Cantero cumple condena en el penal federal de Marcos Paz, bajo la hipótesis que el nuevo atentado ocurrido al Centro de Justicia Penal un día antes del comienzo del proceso oral podía tenerlo como probable instigador.

Los policías que requisaron el lugar encontraron un teléfono fijo que, al parecer, estaba a disposición del jefe de Los Monos.

Un operador judicial que participó de procesos a Cantero dijo a este periódico que el sistema penal no responde de modo inteligente y eficaz al seguir sancionándolo por delitos que, de todos modos, continúa cometiendo desde prisión.

Guille acumula siete condenas cuyas penas sumadas –aunque luego deben ser unificadas– ascienden a 62 años. “Está jugado, sabe que va a pasar su vida en la cárcel”, dijo el operador judicial consultado sobre el efecto de las condenas.

“El problema no es que Cantero tenga acceso a un teléfono, sino que a pesar de estar en prisión mantiene el poder económico que le permite usar ese teléfono para seguir cometiendo delitos y acumulando dinero”, agregó. “No hemos podido o sabido cortarle las actividades que le permiten financiarse”, concluyó.

Cantero no aparenta ser un genio del delito, un cerebro iluminado para transgredir la ley. Por el contrario, sus métodos son más bien rústicos, provistos de una violencia que en vez de invisibilizarlo –objetivo de cualquier actividad ilegal– llaman la atención y lo exponen a la luz pública.

Pero lejos de suponerle un problema, desafía al sistema penal mostrándole que lo tiene sin cuidado las sanciones que le imponga. Mientras el Poder Judicial no le desafine la guitarra, continuará tocando su canción. Los delitos económicos, que en muchos casos no son percibidos como infracciones y están aceptados socialmente, parecen ser una de las claves, pero meterse con ellos implica tocar una víscera sensible del sistema.

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