En contexto de crisis pandémica, los problemas socioeconómicos vinculados a salario, precios y empleo gravitaron en las urnas y explican, en parte, el resultado adverso para el oficialismo y la posterior turbulencia política. ¿Habrá nueva hoja de ruta? ¿Hacia dónde?

Las dificultades socioeconómicas vinculadas al deterioro del poder adquisitivo de los ingresos, suba de precios, pérdida de empleo y aumento de la pobreza, quedaron en el foco del debate pos Paso y no pocas voces las señalan como causantes directas, entre otras muchas razones, del no voto por el oficialismo y del efecto electoral y la posterior turbulencia política en el Frente de Todos que esto reflejó, en un escenario atravesado por la pandemia, la crisis y el descontento social expresado en las urnas.

A poco de cumplir dos años de gestión, el gobierno de Alberto Fernández, golpeado y buscando hacer pie después del mal Paso, pareció tomar nota del “mensaje del electorado”. Enseguida preparó anuncios económicos, con intención de revertir el ¿sorpresivo? resultado que arrojó el balance de las primarias abiertas, donde se dirimieron internas partidarias aunque se manifestó como la final del mundo, previa de las elecciones legislativas del domingo 14 de noviembre donde sí se jugará por los puntos. 

Entre las medidas oficiales que se barajaban al cierre de esta nota, anuncios demorados por el tenso clima que vive la coalición gobernante, aparecía la posibilidad de un refuerzo del salario mínimo, bono para jubilados, un nuevo ingreso familiar de emergencia (IFE), ayuda adicional para beneficiarios de asignaciones, nuevo tope para el impuesto a las Ganancias, hasta aumento de salarios por decreto.

La inflación decrece pero sigue alta. El índice de precios al consumidor trepó en agosto 2,5 por ciento, por debajo del 3 por ciento de julio, según el Indec. En medio de la tensión política en el FdT, el ministro de Economía Martín Guzmán envió el proyecto de Presupuesto para el 2022 que estima un crecimiento económico del 4 por ciento, una inflación del 33 por ciento, un dólar oficial a 131 pesos, un incremento del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos, sin contemplar pagos al Fondo Monetario Internacional.   

El FdT llegó a las urnas con una economía amesetada y con el peor poder adquisitivo del salario real de los últimos diez años, con jubilaciones por debajo de la línea de pobreza y con grandes problemas laborales: indicadores preocupantes –como se viene abordando en este semanario– agravados por el proyecto político neoliberal que gobernó y endeudó a la Argentina entre 2015 y 2019 y que anda al acecho, sumados los alcances fulminantes de la histórica pandemia, más errores no forzados que escapan al coronavirus.

Una observación que se hizo para relativizar el peso económico en las urnas fue que en 2015 la economía crecía, el salario también, bajaba la desocupación, y sin embargo el Frente para la Victoria perdió la elección presidencial contra Cambiemos. Las contradicciones, en la política argentina, siempre juegan. El gobierno de Alberto Fernández buscó amortiguar el impacto del estruendo económico producto de la doble pandemia, pero, evidentemente, fue insuficiente o no llegó de manera masiva y efectiva a los sectores más castigados, a las mayorías populares.   

En un contexto complejo, dosificado por el gran plan de vacunación anticovid en marcha, con crisis económica, sociolaboral y también política, en el diagnóstico oficial se impone con urgencia una agenda orientada a reforzar ingresos y salarios, fortalecer el empleo, sostener y ampliar la todavía tenue y despareja levantada de la actividad, reactivar el consumo y el mercado interno, con la necesidad a la par de apaciguar la inflación.

“El gobierno debe tomar medidas más fuertes para controlar a monopolios y oligopolios formadores de precios, porque sólo unos pocos gremios llegarán con suerte a empatar las subas salariales pero muchos otros no, igual que los trabajadores informales”, opinó el economista Juan Valerdi.

“De acá a noviembre no hay tiempo para revertir la economía profundamente. La gente que no votó al oficialismo y antes sí, espera que se tomen medidas profundas. Ahora, si el gobierno piensa que dándole un poquito de plata a los que están en la pobreza, que, obvio, sirve, pero no haciendo nada contra los formadores de precios, festejando un 2,5 por ciento de inflación como si fuera un logro, está muy equivocado”, reflexionó el docente de la Universidad de La Plata.

Para Valerdi, “varios millones de personas que habían votado en 2019 por el FdT esta vez no fueron a votar, votaron en blanco o impugnaron el voto. No hubo un corrimiento masivo de votos hacia la oposición. Esa gente sintió que su situación económica, que la pandemia agravó, no cambió tanto desde la época del macrismo. Por eso el gobierno debe tomar las medidas que prometió en 2019”.

Y añadió: “Quizá para tomar estas nuevas medidas y dejar la timidez y los buenos modales que rigieron hasta ahora sean necesarios cambios en el gabinete. De acá a noviembre hay que apretar el acelerador y redoblar la apuesta como en su momento hizo Néstor Kirchner. Si reculás, podés terminar como (la ex presidenta de Brasil destituida) Dilma Rousseff”.

Para el economista Nicolás Pertierra, del Ceso, un tema clave es el salario mínimo vital y móvil. “Un refuerzo del salario mínimo va a la base de la pirámide de ingresos e impacta en programas de asistencia al trabajo y cooperativas. El aumento del salario mínimo debiera totalizar en el año 50 por ciento (fue del 35), para llevarlo por lo menos a 32 mil pesos, que tampoco es gran cosa, porque representa apenas la mitad del valor de la canasta básica”. En declaraciones radiales, Pertierra sostuvo: “Se espera un mensaje más contundente desde el punto de vista distributivo. La inflación ha sido el talón de Aquiles. Hay que mejorar la infraestructura social”.

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