La Nación manda más gendarmes, esta vez con un plan y objetivos puntuales, dicen. El auxilio federal contrasta con el avance en la conformación de una fuerza provincial aceptable, que es una deuda pendiente. El manejo de la calle y la violencia extrema.
Omar Perotti recibió la noticia del reemplazo de Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad de la nación por Aníbal Fernández con una doble satisfacción: el cambio suponía una mayor ejecutividad en la gestión –cosa que Santa Fe reclamaba en forma de farfullo pero, de todos modos, más o menos audible- y, como en las carambolas del billar, cerraba el regreso al gabinete nacional de Agustín Rossi, su principal contendiente interno en las cuitas domésticas del peronismo provincial. El flamante ministro lo recibió en su despacho el mismo día de la asunción y una semana después anunciaron juntos –con la compañía del nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Interior, Eduardo de Pedro- el envío de más fuerzas federales y la creación de la Unidad Móvil 7 de Gendarmería en Rosario, de modo permanente. Desde abril de 2014, cuando el entonces viceministro nacional Sergio Berni desembarcó en helicóptero con dos mil hombres y reventó 69 búnkeres de comercialización de estupefacientes en Rosario -en un operativo más espectacular que sustentable en el tiempo-, la provincia recibe asistencia de Nación en materia de seguridad con el envío de uniformadas y uniformados, cuyo conteo llegó a convertirse casi en un deporte local. Pero desde entonces no consigue el objetivo de que esa cooperación federal le permita el aire suficiente para reformar la fuerza de seguridad provincial hasta transformarla en una herramienta útil para la prestación del servicio. Si Unicef hace su conocida campaña “Un sol para los chicos”, Perotti debería comenzar con la suya, “una policía para Santa Fe”.
Punto final
El martes de la semana que pasó, Aníbal Fernández anunció en la Casa Rosada junto a Perotti, Manzur y De Pedro un nuevo refuerzo de fuerzas federales para Rosario, la ciudad cuya singular dinámica del comercio de drogas para consumo individual lleva asociada una inusitada violencia, que la criminología califica como “altamente lesiva”.
“Estamos llevando 1.575 efectivos entre hoy y marzo (de 2022), con respuesta inmediata y con conclusiones que tienen que ver con la participación adicional de lo que puede estar ordenándonos la Justicia del lugar”, dijo Fernández.
“Tenemos entonces los dos movimientos, los 575 efectivos que estamos llevando en poquitos días, más la Unidad Móvil Nº 7, más el resto de las fuerzas puestas al servicio de la solución de un problema bastante complicado y que nosotros queremos darle un punto final”, agregó el titular de la cartera de Seguridad.
El paquete consiste en el envío de medio millar de gendarmes en dos semanas, mil más hasta marzo próximo y la creación de una unidad móvil de esa fuerza, que quedará asentada en forma permanente en la ciudad.
¿Cuál es la diferencia con los otros traslados de fuerzas federales a Santa Fe, que ya había realizado Frederic? En este caso, se trata de grupos tácticos operacionales de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) con capacidad para intervenciones directas sobre territorios conflictivos.
El objetivo es “romper grandes organizaciones o bandas barriales, ir a donde están”, dijo a El Eslabón una fuente calificada.
Agregó que no se trata de militarizar un territorio, estigmatizarlo con un aluvión de hombres y mujeres uniformadas como se hizo en algunas zonas del conurbano bonaerense, sino intervenir sobre los criminales. Ir a buscar a los que generan el problema y no “verduguear” a los que lo padecen.
“Antes no había disposición de avanzar en ese sentido. Nadie les daba órdenes a las fuerzas federales y no respondían ni a nosotros ni a la ministra ni a los fiscales que investigan la criminalidad organizada”, sostuvo un vocero del gobierno santafesino.
Eso le achacaban desde Santa Fe a Frederic: falta de coordinación real, control político de las fuerzas de seguridad, planificación de las acciones con la data que aporta cada actor del entramado que conforma el “comando unificado”. Mandar “cobanis” todos los meses sin un criterio que haga eficaz su traslado sólo genera titulares en los medios de comunicación, que a los pocos días son reemplazados por los de “la ola de violencia en Rosario”.
El clímax de ese desencuentro se produjo la semana anterior a las elecciones primarias del 12 de septiembre, cuando se registraron seis homicidios en 24 horas en Rosario.
Perotti pidió más y Frederic le dijo que ya no había. Como en una relación de adicto que se quedó sin dinero y proveedor que, entonces, no entrega. El gobernador se quejó: “Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente está diciendo cuando aparecen estas cosas de querer comparar. No me importa que me comparen con los números que tengo de otra provincia, porque la problemática que tenemos es diferente y requiere una atención distinta”, dijo.
Pasaron las Paso y con sus resultados los cambios en el gabinete nacional. La Casa Gris pareció encontrar, nuevamente, alivio en la de color rosado.
Señal concreta
En la rueda de prensa en la Casa Rosada, Aníbal sostuvo que “no hacemos gestos para la tribuna. Los cambios deben hacerse en serio, pero lo esencial es seguir trabajando como hasta ahora y con más inteligencia criminal”.
“La situación en Rosario nos importa y tenemos que encontrar una solución a la problemática”, remarcó el ministro de Seguridad. También dijo algo que pasó desapercibido: que el Gobierno nacional “no se mete con la policía de la provincia”.
Perotti destacó que el envío de Gendarmes y la creación del móvil es una “noticia importante para la provincia. Es una señal concreta de una decisión del gobierno nacional de tomar este tema como propio, con la responsabilidad y la definición del presidente Alberto Fernández”.
Añadió que “esta ayuda, además, se necesita porque estamos en la reconversión de nuestra institución policial. Eso requiere tiempo para la formación de cada uno de sus nuevos agentes y el acompañamiento para esos tiempos de formación”.
La reforma de la institución policial y la modernización de la seguridad en Santa Fe es una deuda pendiente desde hace varios años.
Como se dijo más arriba, desde abril de 2014 –con idas y vueltas– la provincia es asistida por el gobierno federal en materia de seguridad. Básicamente con recursos económicos y humanos.
La política de shock de Berni aquél año causó un efecto positivo en la población. Después de muchos años “la gente” volvió a ver personas ataviadas con pilchas de fuerzas de seguridad en las paradas de colectivos, los parques públicos, patrullas rondando las calles. Una añoranza de los viejos tiempos.
De allí surgió el fervor por el “no se lleven a las fuerzas federales”, que se convirtió en un tópico de campaña un año después durante el proceso electoral presidencial.
La política de envío y retiro de policías federales a Santa Fe es variable. Está sujeta a las necesidades de otros distritos, a humores políticos y dinámicas mediáticas. Lo que permanece inalterable es la incapacidad provincial de mejorar, por sus propios medios, el servicio de seguridad pública.
Perotti dijo que “esta ayuda se necesita porque estamos en la reconversión de nuestra institución policial”. Ese intento lo inició el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, cuyo equipo trazó un diagnóstico de la policía realmente existente en Santa Fe –la que le había dejado el Frente Progresista– y elaboró tres proyectos de ley que envió a la Legislatura, donde descansan.
Las oposiciones no quisieron tratarlos, ocupadas en desgastar al entonces ministro, cuyas investigaciones las incomodaban. Sain dejó el ministerio y los proyectos ni siquiera permanecen en la web de la cartera de Seguridad.
El rebrote de homicidios, balaceras y violencia altamente lesiva luce como una buena coyuntura para que el Gobierno le solicite a los opositores –preocupados por la inseguridad– el tratamiento de las leyes para modernizar el sistema provincial, pensado y estructurado para las demandas del siglo pasado.
Pero, las urgencias hacen que la única política permanente sea la de solicitar que no se corte el respirador nacional, como si eso fuera excluyente con el avance en la procura de una fuerza de seguridad capaz, efectiva y moderna en Santa Fe.
La herencia
La Policía que encontró Perotti cuando asumió, según el diagnóstico que realizó el equipo de Sain, era esta: casi un 30 por ciento del parque automotor estaba fuera de servicio; las condiciones de conservación edilicia eran del 25 por ciento en los inmuebles de la fuerza en Rosario, llegaba al 50 en otros siete departamentos.
Casi el 8 por ciento del personal no prestaba funciones por estar con “carpeta médica”, y de ese total un 18 por ciento padece problemas de “salud mental”, en ocasiones asignados a las “presiones” de sus superiores.
El 66,5 por ciento de los y las policías alquilan las viviendas en las que residen. Más de la mitad de las mujeres de la fuerza son responsables únicas de sus hogares, por lo que “deben compatibilizar sus responsabilidades y tareas laborales con el mantenimiento del cuidado diario de sus familias”.
Suelen sufrir situaciones de acoso, violencia de género y abuso de poder que no encuentran canales institucionales de resolución.
La inversión presupuestaria en seguridad, con excepción del año 2015, fue siempre por debajo de la inflación en el período 2014-2019, y las partidas correspondientes a la emergencia declarada a fines de 2012 fueron perdiendo paulatina participación en relación al total de recursos con el que contó la cartera, hasta ser del 0,02 por ciento en 2019.
El departamento con más efectivos por cada 10 mil habitantes es Garay, donde en 2019 se produjo un (1) homicidio y en 2018 ninguno.
Otros cinco departamentos del centro-norte tenían una tasa de entre 50 y 100 policías cada 10 mil habitantes (zonas con escasa población, vale aclarar), mientras que Rosario, La Capital, Castellanos, San Lorenzo, General López y Constitución –entre otros– tenían una relación de “hasta 50 efectivos” por cada 10 mil personas.
Esos datos, entre otros, permiten observar que los nichos de corrupción policial no constituyen el único ni el principal problema en materia de estándares aceptables de seguridad pública, y que no es excluyente con la construcción de una fuerza de seguridad moderna, capacitada, motivada y adaptada a los desafíos que el crimen impone en la actualidad.
Territorios
Por diversas razones, cuyos orígenes se remontan a más de una década, la Policía de Santa Fe perdió el control de la calle, que quedó en manos de bandas criminales. Cuando ese desplazamiento hizo estallar la violencia en Rosario, la política y el Poder Judicial lograron descabezar a las organizaciones y sus segundas líneas, aunque sin afectar significativamente la fuente de recursos que las financian. Por eso el jefe de Los Monos, Ariel Guille Cantero, puede seguir activo desde prisión. El problema central no es que acceda a un servicio de telefonía, sino que tiene capacidad económica para subordinar a quien le obedezca extramuros.
Además, como la relación de fuerzas en el territorio entre policía y crimen no se modificó, lo que ocurrió como consecuencia “no deseada” de ese avance del poder punitivo fue que el gerenciamiento del narcodelito quedó en manos de jóvenes cuya única –o, al menos, principal– herramienta para ordenar el negocio es el empleo de la violencia extrema, como se ve casi a diario.
La llegada de personal de Gendarmería formado en intervenciones tácticas en el territorio, anunciada por Aníbal Fernández en acuerdo con Perotti, puede permitir cierta paz momentánea en los barrios más afectados por las violencias, si es efectiva en la desarticulación de las bandas que allí operan.
Además de reunirse con Perotti y con Sain, el ministro recibió a otros actores estatales cuyos encuentros no fueron difundidos a la prensa. Los visitantes lo impusieron del mapa criminal de la principal ciudad de Santa Fe y regresaron a Rosario satisfechos con el carácter ejecutivo que evidenció el ministro durante la reunión. Los resultados de esa articulación deberían comenzar a hacerse ostensibles en las próximas semanas. Veremos.
Aun así, el auxilio federal no será permanente y Santa Fe tiene la difícil tarea de darse una policía aceptable para sí misma.
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