Traferri llevó al máximo tribunal a una jueza que intervino en la causa del juego clandestino, en la que dos fiscales quieren imputarlo. La cabeza del Poder Judicial tiene dos casos en sus manos que definirán la suerte del legislador.

El senador provincial del departamento San Lorenzo, Armando Ramón Traferri, denunció ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por “faltas disciplinarias” a la jueza que homologó el acuerdo abreviado por el cual el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad fue condenado por recibir coimas de un capitalista del juego clandestino, pero quedó en libertad por la reducción de la pena al convertirse en “imputado colaborador”. El máximo tribunal también tiene que resolver la validez del fallo de segunda instancia por el que el juez José Luis Mascali declaró inconstitucional la inmunidad de proceso de los legisladores, lo cual -de quedar firme- permitiría que los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario lleven a audiencia imputativa a Traferri como presunto organizador de una red de timba ilegal con ingresos millonarios. El procurador General, Jorge Barraguirre, ya dictaminó en el mismo sentido del fallo que está a revisión, es decir, contra los deseos del senador. En definitiva, las principales controversias político-judiciales que atraviesan a la provincia están a la espera de resolución de los seis principales moradores del edificio que alberga a la cabeza del Poder Judicial.

Traferri vs Más Varela

El senador de San Lorenzo denunció esta semana ante la Corte a la jueza penal María Isabel Más Varela por presuntas “faltas disciplinarias” en su actuación en la homologación del juicio abreviado que le permitió al ex fiscal Ponce Asahad recuperar la libertad, a pesar de ser condenado.

Ponce aceptó haber recibido coimas mensuales en dólares del capitalista de juego clandestino, Leonardo Peiti, a cambio de no perseguirlo penalmente por ese delito y avisarle de procesos en su contra en otras jurisdicciones. Por lo mismo está detenido con prisión preventiva su jefe, el ex fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal.

Para llegar a ese acuerdo, Ponce Asahad brindó datos a la investigación que llevan adelante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, en condición de imputado colaborador, figura periodísticamente conocida como “arrepentido”.

Eso le permitió reducir la condena de 6 a 3 años de prisión y recuperar la libertad en septiembre por el tiempo que había cumplido prisión preventiva.

Ahora Traferri quiere que la Corte sancione a la jueza que convalidó ese acuerdo. Vale recordar que el senador no es ajeno a esa causa, en la que Schiappa Pietra y Edery lo convocaron a audiencia imputativa, aunque en la primera oportunidad el Senado rechazó el planteo de desafuero del legislador y en la segunda, cuando Mascali declaró inconstitucional la inmunidad de proceso, un recurso ante la Corte Suprema la dejó en suspenso.

La presentación de Traferri ante la Corte considera que la magistrada “avaló las ilegalidades de los fiscales”.

El escrito señala que la jueza admitió la figura del “imputado colaborador” a Ponce Asahad, pero la misma no está contemplada en el Código Procesal Penal santafesino. “La doctora Más Varela no debió aplicarla. Desconocer esto, es algo más que un simple error judicial”, señaló el senador.

También cuestionó que la jueza “no debió admitir la figura del arrepentido, no sólo por no estar contemplada en la legislación procesal, sino porque aun si se mal entendiese su aplicación, nunca puede ser en el marco de un proceso abreviado, que responde a otra lógica de política criminal”.

Además, el escrito apunta a que la jueza “no efectuó la valoración que esa misma ley impone para hacer eficaz el beneficio que otorga”, al no controlar que la información aportada por Ponce Asahad en su calidad de arrepentido fuera “precisa, comprobable, verosímil, útil para la investigación y referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que el declarante haya sido partícipe”.

Por último, la defensa del senador Traferri también indicó que se realizó mal el cálculo de reducción de la pena aplicado al ex fiscal, porque lo hicieron dos veces.

Ponce fue condenado a seis años de prisión pero, por esos beneficios, el castigo se redujo a 3 años y, al haber pasado una parte de la pena en prisión, obtuvo la libertad.

“El control de legalidad en la aplicación de la pena se hizo mal, porque se convalidó un error matemático que facilitó luego la libertad del imputado. Esto también es reprochable, porque es difícil explicar a la sociedad que una persona ha obtenido la libertad porque tanto las partes como la jueza no supieron sumar o restar”, señala el escrito.

Traferri vs Mascali

Por otro lado, la Corte Suprema también tiene a resolución el recurso interpuesto por la defensa del senador contra el fallo de segunda instancia de Mascali, quien declaró inconstitucional una parte del artículo 51 de la Constitución y el 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe.

Ambos otorgan, en materia de fueros legislativos, inmunidad de proceso a diputados y senadores, lo cual para el camarista es inconstitucional porque no se ajusta al principio de igualdad ante la ley ni a los preceptos de la Constitución Nacional, que sólo prevén inmunidad de opinión y de arresto.

Un caso conocido fue el de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue imputada y procesada en varias causas y sus fueros sólo le otorgaron inmunidad de arresto. Para Mascali, la Constitución provincial y las leyes locales avanzan sobre lo dispuesto por la Carta Magna nacional.

Así, la suerte del senador por San Lorenzo se juega en el edificio de San Jerónimo 1551 de la capital provincial. Ya sea tanto para aleccionar a la jueza que homologó el juicio abreviado a su ex aliado Ponce Asahad, ahora reconvertido en enemigo, como para evitar someterse a derecho en la causa por juego clandestino, en la que los fiscales reunieron numerosa evidencia que lo relaciona con Peiti, su intención de licitar el juego online en Santa Fe y el posible financiamiento de campañas políticas con recursos de origen ilícito.

En vos confío

Hace unos meses la Corte provincial, presidida por Roberto Falistocco e integrada por los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuller, Mario Netri y Daniel Erbetta, convalidó en un fallo dividido la ley que le otorga a la Legislatura la facultad de sancionar por faltas disciplinarias a los fiscales del MPA.

La norma fue aprobada en 2017 cuando cuatro senadores, entre ellos el propio Traferri, eran investigados por fiscales de grado por delitos de corrupción.

Los cortesanos resolvieron el conflicto de poderes en favor del legislativo, por 4 votos a 2, en una señal al bloque dominante de poder, que según el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, gobierna desde hace años Santa Fe y es transversal a los partidos políticos.

Es conocido el vínculo entre Rafael Gutiérrez, quien llegó a la Corte propuesto por su primo político, el entonces gobernador Carlos Reutemann, y los senadores del Nuevo Espacio Santafesino (NES).

Ese sector llegó a contemplar una propuesta para que fuera candidato a gobernador. El hijo homónimo del ministro de Corte es secretario legislativo del Senado a propuesta de ese sector político interno del peronismo.

El senador del departamento 9 de julio, Joaquín Gramajo, anunció en agosto pasado cómo resolvería la Corte el recurso interpuesto por Traferri contra el fallo de Mascali, en un hecho inédito de clarividencia.

“La Corte no se va a apartar del marco constitucional, no tengo dudas de ello. Y estoy convencido que va a ratificar que es constitucional el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe”, dijo el legislador en plena sesión, como si tuviera data.

El máximo tribunal aún no se pronunció al respecto. Los tiempos judiciales son más morosos que los que rigen las urgencias políticas. Mientras tanto, el senador por San Lorenzo no será citado a imputativa para explicar sus vínculos con Peiti. Sostiene que es víctima de una persecución política ejecutada por dos fiscales pero pergeñada por el ex ministro Sain, aunque por ahora prefiere no brindar detalles sobre ese complot en un estrado judicial.

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