A un mes de las elecciones, y a dos años de los levantamientos, se comenzó a redactar una nueva Constitución. Iniciaron juicio político contra el presidente Piñera por los Pandora Papers y la violencia estatal continúa en aumento con total impunidad.

Se cumplieron dos años de las protestas (conocidas en Chile como “levantamientos”) del 18 de octubre de 2019. Las manifestaciones, que tuvieron un saldo de 22 muertos, 2.200 heridos (de los cuales más de 200 perdieron sus ojos, porque allí apuntaban los Carabineros) obligaron al establishment a conceder la elección de una Convención Constitucional para que redacte una Constitución que supere la pinochetista. Gracias al sacrificio de esa militancia en la calle, este lunes 18 de octubre de 2021 comenzó a redactarse la nueva Carta Magna. 

Ese mismo día, se realizó una marcha para conmemorar los dos años de las protestas de 2019, y Carabineros volvió a hacer lo que siempre hace: masacrar a su pueblo. “Autoridades en Chile reportaron este martes dos fallecidos en el contexto de las manifestaciones por el segundo aniversario del estallido social de 2019. En conferencia de prensa, Marcelo Araya, director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros dijo que, si bien las protestas fueron en su mayoría pacíficas, se registró una cantidad de saqueos y daños considerables. El funcionario entregó un balance de 450 detenidos, 279 de ellos en la región metropolitana de Santiago, 11 civiles heridos y 45 carabineros lesionados”, informó CNN en Español

En medio de la campaña electoral por las próximas elecciones presidenciales del 21 de noviembre (segunda vuelta, 6 de junio), la oposición chilena presentó en la Cámara de Diputados la acusación constitucional (juicio político) contra el presidente, tras las supuestas irregularidades en la venta de un megaproyecto minero desveladas en los Pandora Papers. “Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación”, anunció el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras.

El objetivo es que pueda desembocar en la destitución de Piñera o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. En ese marco, la Fiscalía de Chile informó la apertura de una investigación de oficio contra Piñera. “El fiscal nacional ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers”, anunció la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.

De acuerdo a la funcionaria, “hay antecedentes que podrían revertir carácter de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios”.

La izquierda picó en punta

El 21 de noviembre se eligen presidente, diputados, senadores y consejeros regionales. Con un 28 por ciento de indecisos, más el ausentismo (en Chile el voto no es obligatorio y en junio solo votó el 20 por ciento en la primera elección democrática de gobernadores), los resultados de las encuestas son muy relativos.

El sondeo de Pulso Ciudadano también evidenció que el 16,2 por ciento de los encuestados afirmó no saber por quién votaría y un 10,3 por ciento aseguró que no iría a sufragar.

Gabriel Boric (Izquierda), tiene una intención de voto  que va del 21 al 24 por ciento, según los distintos sondeos. José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, entre el 15 y el 16 por ciento. El candidato de Piñera, Sebastián Sichel, viene cayendo en picada: comenzó midiendo 12 por ciento, pero hoy apenas alcanza el 7,5. En tercer lugar se ubica la senadora democristiana, Yasna Provoste, con una intención de voto de entre el 12 y el 16 por ciento. Luego se ubican Marco Enríquez-Ominami (Izquierda) con 3,4 por ciento. Eduardo Artés (Izquierda), 1,6 por ciento. Y Franco Parisi (Independiente), 5 por ciento.

Según el estudio de Activa Research, Boric se impone en todos los escenarios de segunda vuelta, aunque con Provoste la diferencia es más estrecha. En un eventual balotaje con la senadora, Boric la supera por 31,3 versus 25,8, mientras que frente a Kast se impone con 39,5 versus un 28,1.

Carabineros: asesinos impunes

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) advirtió sobre una “desoladora” falta de avance del Estado de Chile en las medidas recomendadas ante las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las protestas sociales, las más graves registradas desde el retorno a la democracia. Se presentaron 2.917 querellas por abusos en protestas, de las cuales 52 procedieron a formalización, hubo 111 imputados formalizados y sólo una sentencia condenatoria.

“Qué ha hecho el Estado de Chile para cumplir con esta verdad, cuál es el discurso oficial: refugiarse en una errada idea de que esta es sólo tarea de los tribunales de justicia. Errada porque sobre los recursos de los tribunales de justicia —que desde ya no es rápido ni expedito— se han agravado las razones estructurales de que no haya un acceso a la justicia por otras coyunturales como la pandemia”, dijo el director del INDH, Sergio Micco.

“Pero —y esto es decisivo— esta judicialización completa la verdad, pero no mira el rostro de la víctima ni la de sus familiares y las confunde con decisiones judiciales que dependen de múltiples factores”, añadió el abogado.

“Somos parte de un Estado de Chile en que no se ha dado los medios para prevenir, investigar y sancionar toda violación de DDHH”, sostuvo Micco, y recordó que “el presidente de la República, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre del 2020, señaló: «Haremos todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos ni para los violentistas que atentan contra la sociedad»”.

“La pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿se han hecho esos esfuerzos?”, planteó el defensor de los Derechos Humanos. “Del segundo reporte de seguimiento de las recomendaciones en nuestro informe anual del 2019, se deduce que en un tercio de ellas hay un cumplimiento parcial; de los restantes dos tercios no se ha adoptado ninguna medida para cumplir”.

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