Productos a valores congelados, controles a la presión inflacionaria de monopolios, reclamos de la agricultura familiar y sanción de la ley de Etiquetado Frontal. Ecos de una semana movidita.

“¿Te acordás cuando decían que los pobres iban a saquear supermercados? Resulta que fue al revés…”. El tuit, mitad chiste mitad realidad, viene dando vueltas en las redes sociales, suma emojis de risotadas y lágrimas y se mete en un tema picante de actualidad.

El gobierno, con la estratégica resolución de la Secretaría de Comercio Interior de congelar y controlar los precios de una amplia gama de productos hasta el 7 de enero, hace otro intento por poner freno a la estampida inflacionaria, sobre todo en alimentos y bebidas, el rubro más sensible de la canasta básica, donde empresas monopólicas que fabrican y comercializan se presumen “dueñas de la comida” mientras las pymes esperan mayor protagonismo y equidad ante esa prácticas abusivas.

Se oyen y visibilizan reclamos de agricultores familiares, de campesinos, para avanzar en leyes que faciliten el acceso a la tierra, que promuevan un modelo de producción de alimentos sanos bajo un sistema rural más amigable con el ambiente, que se genere arraigo y trabajo, que desconcentre la comercialización y que esos comestibles puedan llegar a los consumidores de manera más general y con precios más justos.

Mientras, el Congreso sancionó la ley de Etiquetado Frontal de alimentos, una resistida y a la vez defendida iniciativa que busca advertir sobre el contenido de lo que manduca y bebe la gran mayoría de modo casi inconsciente, donde también los alimentos, como su elaboración, su venta y su precio, quedaron en la mira de la discusión económica y política de coyuntura.

“Sí a bajar la inflación”. La frase/consigna de la remozada campaña del oficialismo rumbo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre se mueve entre identificar y atacar uno de los principales escollos que enfrenta la política económica del gobierno, una expresión de deseo y un reconocimiento a que el índice de precios al consumidor está inalcanzable para los ingresos y salarios medios que vienen perdiendo poder adquisitivo desde la “revolución de la alegría” macrista seguida de pandemia.

El freezer y la inflación

La primera decisión del nuevo secretario de Comercio Interior Roberto Feletti de enfriar 1.432 precios de productos de consumo masivo (faltan muchos otros) por noventa días, algo así como un Precios Cuidados multiplicado, en un contexto de baja de casos de covid, relativa recuperación económica y caída del salario real o algún empate con la inflación después de una brutal contracción, resulta una política económica suave pero necesaria y también insuficiente ante la gravedad del problema inflacionario, que se replica a nivel mundial, según observan diferentes sectores que acompañan la resolución que firmó Feletti con actitud más a cara de perro que en los primeros acuerdos de palabras que esa secretaría tejió con empresas alimenticias.

Entre los principales objetivos del congelamiento aparece la necesidad de poner límites a los formadores y especuladores de precios, reconocido para la tribuna hasta por la derecha, para que comer no sea un lujo y para que el salario recupere algo de poder de compra e impulse la tan ansiada reactivación de la demanda en el mercado interno.

La Secretaría de Comercio evaluó un cumplimiento del orden del 75 por ciento de los productos en alimentación, bebidas, higiene y limpieza. La medida, resistida por grandes fabricantes, como Molinos, Arcor y Ledesma, ganadores en pandemia, se cumple más en hipermercados y supermercados, aunque es una incógnita su llegada al comercio minorista o de cercanía y su efectiva ejecución.

En la previa, se dispararon remarcaciones de precios, aunque, en la primera semana de aplicación, se detectaron algunas bajas en supermercados, según el índice de precios que elabora el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso).

“De la lista de 1.432 precios, 18 empresas ofertan el 46 por ciento del total, casi la mitad de la lista”, detalló Feletti, apuntando a la concentración reinante en la industria alimenticia, donde monopolios y oligopolios, según el funcionario, buscan alcanzar altos niveles de ganancias aumentando los precios y no las cantidades vendidas. En un intento de federalizar la resolución, la Secretaría avanzó con representantes de provincias y asociaciones de consumidores en una campaña de control para garantizar el cumplimiento y que la medida no se derrita en el intento.

Foto: Télam

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), presidida por el abogado Daniel Funes de Rioja, a la sazón titular de la Unión Industrial Argentina, calificó el congelamiento como una medida “anti empresa”. También se mostró en desacuerdo con la reciente aprobación de la ley de Etiquetado: “La demonización del alimento no es el camino”.

Popes del empresariado, donde se pasan la pelota entre proveedores mayoristas, distribuidores y supermercadistas, resisten con maniobras políticas y económicas el programa oficial de control de precios bajo el engañoso eslogan “nunca funcionó”. Se lavan las manos y a través de sus voceros políticos-mediáticos buscan relacionar la inflación con la emisión monetaria y otras cuestiones fiscales. Con tarifas y combustibles sin subas, y salarios retrasados, la incesante remarcación de precios se asimila más a procedimientos de posición dominante.

Son casi los mismos actores que presionan con la cotización del dólar ilegal, que aparecen con cuentas en guaridas fiscales, que buscan apurar un acuerdo a ciegas con el FMI por la deuda, que impulsan una reforma laboral pro empresa, que piden rebaja de impuestos para generar empleo, y hasta amenazan con desabastecer las góndolas antes de las fiestas ¿pos pandemia? de fin de año para luego volver a la carga con lo de “Argenzuela”.

“La salida de la pandemia necesita de medidas concretas para que confluyan los intereses de todos los sectores, priorizando la recuperación de los salarios e ingresos reales de los argentinos y las argentinas”, se lee en un comunicado del colectivo Economía Política para la Argentina. “En este contexto, donde el gobierno nacional viene tomando medidas necesarias para terminar con la crisis que nos dejó el macrismo primero y la pandemia después, creemos que es irresponsable la postura de ciertos grupos concentrados de generar beneficios a costa del hambre del pueblo. Son los mismos que vienen oponiéndose a todas las medidas que el gobierno nacional decide a favor de las pymes y de los sectores populares como la ley de Góndolas o la de Etiquetado Frontal. Es necesario un Estado presente en un mercado donde todos los jugadores no tienen el mismo peso o el mismo poder”.

Acampe familiar

La discusión alrededor de los alimentos, su producción, su calidad, su precio, quedó expuesta frente al Congreso de la Nación, donde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra-Vía Campesina sostuvieron un acampe de cuatro días, con ferias de asadazo, panazo y verdurazo, y reclamaron que se sancione ley de Acceso a la Tierra y se implemente la ley de Agricultura Familiar aprobada en diciembre de 2014.

Estas organizaciones, que junto a la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) conforman la Mesa Agroalimentaria Argentina, se muestran como “el otro campo”, un actor político que dialoga con el Ministerio de Agricultura que comanda Julián Domínguez en contraposición a los intereses de la Mesa de Enlace.

“La ley de Acceso a la Tierra tiene doble impacto: tierra para producir alimentos sanos que dan salud al pueblo. En Argentina, sólo el 13 por ciento de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60 por ciento de los alimentos del mercado interno, mientras que el 1 por ciento de las explotaciones agrarias controlan el 36 por ciento de la tierra cultivada en nuestro país. Las familias trabajadoras alquilamos el lote donde producimos y vivimos (o sobrevivimos). Los dueños de las tierras no nos permiten construir viviendas dignas, vivimos en casillas de nylon y madera. En estas condiciones se producen la mayoría de los alimentos que llegan a las mesas argentinas”, relataron desde la UTT.

«En el contexto de conflicto de intereses en torno a los aumentos de precios de alimentos impulsados por sectores concentrados, los pequeños y medianos productores, así como las pymes, estamos comprometidos con fortalecer la soberanía alimentaria que garantice el precio justo de los alimentos”, señalaron desde el Movimiento Campesino.

Y siguieron: “El 75 por ciento de los productores son familias campesinas y de la agricultura familiar, pero sólo acceden al 13 por ciento de la tierra. El Estado debe intervenir con políticas públicas para garantizar derechos y mejorar las condiciones de producción de alimentos saludables. La creación de un Procrear Rural va a permitir que en lugar de pagar alquileres abusivos, podamos pagar un crédito que nos permita acceder a tierra propia y nos de seguridad para producir alimentos e invertir en el camino hacia la agroecología”.

De frente manteca

El debate sobre los alimentos también ocurrió adentro del Congreso, donde la Cámara de Diputados, con 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones, convirtió en ley la promoción de Alimentación Saludable, denominada ley de Etiquetado Frontal, una iniciativa, esperada y celebrada afuera del Parlamento, que incorpora en los envases de comestibles y bebidas una etiqueta octogonal, de color negro y letras blancas, que informa sobre el exceso de grasas, azúcares, edulcorantes, grasas saturadas o sal.

Si el producto contiene edulcorantes o cafeína, dice la ley, el sello añade un aviso de que no se recomienda su consumo en niños o adolescentes. La norma, dirigida a fabricantes, fraccionadores y envasadores, prohíbe incluir personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas en los empaques como “anzuelo” publicitario. El fin sanitario de la ley, que tuvo respaldo de Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud, Unicef y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos derivadas de una alimentación inadecuada.

El pasado 5 de octubre hubo un intento fallido por aprobar la ley de Etiquetado Frontal, ya que el interbloque de Juntos por el Cambio se negó a dar quórum. Al defender en el recinto la ley sancionada el martes 26, norma que rige en otros países de la región y del mundo, la diputada Florencia Lampreabe, del Frente de Todos, señaló que el proyecto apunta a “terminar con las fake news de la comida” y resaltó que “para poder decidir qué comer primero hay que saber, una condición que hoy se encuentra empañada porque las empresas no van de frente y ocultan información básica”.

“Las tres empresas que más se oponen al acuerdo de precios (Arcor, Ledesma y Molinos) son las que más ganaron durante la pandemia, tanto como para recuperarse de las pérdidas que habían tenido durante el gobierno de Macri. Lo que no se puede permitir es que ganen a costa del hambre y la salud de los argentinos y argentinas”, expresó la legisladora, y añadió: “Estamos ante un panorama de muchos excesos: de concentración en el mercado de alimentos, de precios, de ganancias para unos pocos, de nutrientes críticos que enferman a la población, de mentiras. Esta ley es una herramienta de soberanía alimentaria. Detrás de lo que consumimos, está también el modelo de producción que alentamos”.

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