La derecha peruana no se conforma con impedir gobernar a Pedro Castillo: quiere derrocarlo declarando su “incapacidad moral” y ya votó una nueva ley para quitarle más poder al ya debilitado Ejecutivo.

Sólo se necesitan dos tercios del Congreso unicameral, 87 votos de 130, para sacar del gobierno a Pedro Castillo, que asumió hace cuatro meses. Todavía no alcanzan esos votos, pero la derecha trabaja para conseguirlos con el apoyo de un sector importante de los medios y los sectores económicos más concentrados. 

La amenaza de golpe es incluso anterior a la proclamación de Castillo. La insólita demora (se votó el 6 de junio y fue proclamado el 19 de julio) no fue más que una maniobra para ganar tiempo e intentar un golpe como el de Bolivia en 2019. Y una vez confirmada su victoria, las amenazas de golpe recrudecieron.

Castillo ganó con el 50,12 por ciento. Obtuvo 44 mil votos más que la derechista, que demoró la proclamación alegando un inexistente fraude en las zonas rurales. Todos sus reclamos fueron rechazados por falta de sustento.

La candidata de ultraderecha (que prometió instaurar una “demodura” para Perú), Keiko Fujimori, sufrió su tercera derrota consecutiva. Y no sólo perdió la presidencia, sino también la posibilidad de que se suspenda el juicio en el que es investigada por delitos que la podrían hacer regresar a la cárcel por treinta años. Ya estuvo dos veces con prisión preventiva, en 2018 y 2020. Por eso ahora el fujimorismo va por todo.

En Perú es muy fácil destituir a un presidente. Para eso tienen la ambigua figura de “incapacidad moral”, que puede aplicarse sumariamente en un proceso de pocos días sin necesidad de un juicio político y sin otro argumento que la fuerza de los votos, según informó Página 12.

Además de la posibilidad de destituir al presidente sin pasar por un impeachment, el Parlamento tiene la facultad de interpelar y censurar ministros, obligándolos a renunciar, y todo nuevo gabinete debe recibir el voto de confianza del Congreso. Si la confianza le es negada, el gabinete cae. El Ejecutivo, como contrapeso a esas facultades parlamentarias, puede pedir una cuestión de confianza si considera que el Congreso obstruye su trabajo y le impide llevar adelante sus políticas, y si el voto de confianza le es negado dos veces, queda habilitado para disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas.

A esto se sumó esta semana una nueva ley para debilitar todavía más al Ejecutivo. Según el sitio peruano Agencia Andina, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República aprobó la modificación de la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Perú.

La cuestionada votada por la derecha, aprobada por insistencia con 79 votos luego de que el Ejecutivo la observara, limita las facultades del gobierno frente al Congreso, prohibiéndole utilizar el pedido del voto de confianza para lo que se considere “facultades del Congreso” y para defender reformas constitucionales.

“Esta ley implica un debilitamiento de la presidencia, precariza la figura del presidente Castillo, lo hace más frágil. Esto se suma a otros problemas congénitos que tiene el sistema peruano, como el hecho de que un presidente puede ser destituido en un proceso exprés de quince días porque aquí no existe juicio político. Esta ley se ha dado para mediatizar al presidente, a la presidencia de la república como institución, para neutralizar al gabinete y toda posibilidad de cambio, y es un aviso de la vacancia (destitución del presidente) que los sectores de la ultraderecha quieren presentar en el Congreso. Al restringir el criterio de amplitud del voto de confianza lo que se hace es empoderar al Parlamento sobre el presidente de la República y eso es una fractura histórica. Hay un fuego cruzado entre el Ejecutivo y el Congreso, con esta ley el Parlamento toma ventaja”, le señaló a Página 12 el abogado y politólogo Juan de la Puente, director del portal de análisis político Pata Amarilla.

“Esta ley ya está teniendo efecto. Mi impresión es que Castillo está gobernando de cara al Parlamento, diría de cara a la enorme influencia que en el Congreso tiene la ultraderecha. La consecuencia de esto podría ser que Castillo tenga gabinetes menos suyos y más interesados en quedar bien con el Parlamento, caer en el juego que postula la derecha que quiere un consenso pero sin cambios, cuando el mandato de las elecciones es que haya consenso y cambio”, agregó De la Puente.

En la nota titulada  “La amenaza autoritaria o el regreso del fujimorismo”, publicada en el sitio Nodal, el sociólogo Alberto Adrianzén señala: “El gobierno no sólo es frágil y está dividido por los absurdos conflictos entre el Ejecutivo, el partido Perú Libre y su bancada, sino que se asemeja a la imagen al de un boxeador que sube al ring con un brazo atado a la espalda y que tiene frente a un rival que «interpreta» las normas del juego a su antojo; es decir, el opositor es el árbitro al mismo tiempo. Cuando esto sucede la democracia se convierte en un fraude permanente y en un régimen político autoritario que es lo que busca la derecha; es decir, volver al régimen fujimorista”, señala Adrianzén.

“Adam Przeworski afirma que: «elegimos a nuestros gobiernos por medio del voto. Los partidos proponen políticas y presentan candidatos, nosotros votamos; según las reglas preestablecidas, se declara un ganador, este ocupa su cargo y el perdedor se va a su casa. A veces hay fallas en el sistema, pero por lo general el proceso funciona sin sobresaltos». Hoy sabemos que eso no sucede en nuestro país”, agrega el analista, que insiste en la extrema debilidad del gobierno, y su necesidad para apoyarse en sus bases como única forma de salvarse.

Con esta nueva norma, considera Adrianzén, la oposición ha impuesto, en la práctica, un veto al Presidente para convocar a una Asamblea Constituyente y/o proponer reformas parciales a la Constitución ya que no podrá hacer cuestión de confianza para intentarlo. Y si a todo ello le sumamos la creación de una Comisión para investigar unas supuestas anomalías en la segunda vuelta presidencial, así como la campaña de la casi totalidad de los medios de comunicación contra el gobierno, debe quedarnos claro que el camino de la derecha es la vacancia o el golpe si fuera necesario.

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