Un sector de la política, la Justicia y el poder real logró remover a Marcelo Sain del Organismo de Investigaciones. Doble estándar para ponderar conductas. La vía judicial, el último camino.

Ni los tweets ni los dedos en “V” del director del Organismo de Investigaciones, Marcelo Fabián Sain, agitados provocadoramente al llegar la semana pasada al Palacio Legislativo, constituyen las causas de su destitución como jefe de esa institución perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que la Asamblea Legislativa votó esta semana. Las valijas repletas de dólares y pesos en las oficina del empresario turístico asesinado Hugo Oldani –retiradas ante la voluntaria ceguera fiscal por sus familiares-; los pesos cambiados por dólares del narco acribillado Marcelo “Coto” Medrano en una financiera ligada a la familia Carey; y los del aviador peruano condenado por tráfico de estupefacientes en la cueva que administraba el empresario inmobiliario y financista, Gustavo Shanahan, son algunas de las razones de la operación del elenco estable del poder real para borrar de Santa Fe al twittero que incomoda. La decisión legislativa de destituirlo de su cargo –luego de la presión ejercida, juicio político mediante, para que abandonara en marzo el Ministerio de Seguridad- supone paralelamente la acción de restauración de lo instituido: no pisarse la sábana entre fantasmas. 

Militar la doble vara

El martes 2 la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial firmó un dictamen que propuso la destitución de Sain como jefe del OI, cargo al que llegó por concurso durante el último gobierno del Frente Progresista. El entonces ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, había acudido a la expertise del especialista en esa materia cuando se le quemaron los papeles en medio de una de las cíclicas “olas de inseguridad” que atraviesa Santa Fe.

Tras asesorarlo, Sain se presentó a concurso para dirigir la policía judicial, un órgano auxiliar de las Fiscalías del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El senador radical Lisandro Enrico acusó a Sain ante la Comisión Bicameral de realizar actividades proselitistas a través de su cuenta de Twitter, conducta que a sus ojos no marida con el artículo 89 de la Constitución Provincial, el que establece que “los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política”.

El senador de la UCR por el departamento General López explicó durante el proceso que “Marcelo Sain está cargo de un organismo de investigación técnico, científico, y tiene que trabajar con objetividad. No puede tener, como cualquier miembro del Poder Judicial, una idea política ni tampoco una militancia”.

Agregó que “él sigue siendo una persona que tiene participación política, lo demuestra claramente y esto lo certifiqué con escribano público sobre sus redes sociales”.

Enrico milita en el mismo partido que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien a pocos días de asumir su primer mandato en diciembre de 2015 consiguió que la Legislatura de su provincia aprobara una ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros, en cuyas vacantes nombró a dos diputados que unos días antes habían votado la ley de ampliación, Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Enrico también milita, al parecer, en la doble vara.

Pero el que quita a Sain del medio por sus investigaciones, que escalan del delito callejero sangriento al de lavado de su producido en “cuevas” céntricas y sus vínculos con la política y el Poder Judicial, no es un partido político, sino un elenco estable del poder, transversal a las fuerzas partidarias.

Por eso tampoco luce como contradictorio con la destitución de Sain que uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia santafesina sea Rafael Gutiérrez, primo político del ex gobernador Carlos Reutemann, quien lo designó, oportunidad en la que también nombró en el máximo tribunal a su abogado personal, Eduardo Spuler, y a un radical con larga trayectoria judicial señalado por Horacio Usandizaga, entonces principal referente de la oposición radical. Cuando eso ocurrió no existía la red social Twitter, es cierto.

La Asamblea Legislativa convirtió el jueves el dictamen de la Comisión de Acuerdos en la efectiva destitución de Sain. Que, además de la separación del puesto, dispuso su inhabilitación por diez años para ocupar cargos públicos. No se trata de un escarmiento al ex ministro de Seguridad, sino de un mensaje formativo a quien lo suceda en el OI: hay cosas con las que mejor no meterse.

En defensa propia

Una semana antes, cuando acudió a la Legislatura a ejercer su defensa formal, Sain sabía –y así lo dijo– que “el resultado está cantado, porque van a intentar ir en contra mío y no tengo ninguna duda de que va a ser así”.

“No hago proselitismo, reivindico la lucha contra la mafia y hay actores de la Legislatura que, si no son mafiosos, se parecen mucho. Yo hago investigaciones y esas investigaciones duelen”, sostuvo el titular de la OI en obvia referencia al senador peronista del departamento San Lorenzo, Armando Ramón Traferri, alias Pipi.

Traferri resiste en la Justicia una citación a audiencia imputativa de dos fiscales de Rosario que reunieron evidencias para acusarlo como presunto organizador de una trama de juego clandestino millonaria, que ya tiene varios condenados y detenidos, entre ellos un comisario, un fiscal de grado y el ex jefe de Fiscalía Regional local, Patricio Serjal.

Si Traferri puede ser o no sometido a proceso judicial –por la ley de fueros que en Santa Fe garantiza inmunidad de proceso, además de arresto- es una cuestión jurídica cuya resolución está en manos de la Corte Suprema. Durante su paso por la Legislatura, Sain mostró una fotografía que revela una cena donde participa un grupo de senadores, entre ellos Traferri, y el entonces presidente del máximo tribunal, Gutiérrez.

“Están reunidos el entonces presidente de la Corte Suprema  con algunos senadores. ¡Acá está la división de poderes! No sabemos quién es el presidente del bloque, si el doctor Gutiérrez o el senador Traferri. Pero les dejo esta foto para que ustedes me cuenten a mí en alguna oportunidad cómo se da la división de poderes en la provincia de Santa Fe”, dijo Sain.

El diputado Pullaro dijo que “no se ve, está un poco oscura”. Y chicaneó: “¿No está Perotti ahí?”.

—Sí, puede ser. De todas maneras, estos son los socios tuyos–repuso el ex ministro.

También dijo entonces que “todos saben muy bien que soy peronista y todos saben bien que otros funcionarios judiciales, antes de participar del concurso, eran de la UCR o del socialismo”.

“Acá el problema no es un tuit, es que soy director de la policía judicial, que participa en investigaciones que comprometen estructuras criminales con fuerte protección institucional, incluidos algunos de los legisladores ahí presentes… o al menos uno”, siguió.

Para rematar que “les molesta que avancemos sobre criminales que tienen protección del poder público y de legisladores”.

Elenco estable

Una de las pocas voces disonantes con lo que llamó “la mesa estable” –o el poder instituido- fue el concejal rosarino de Cambiemos, Rodrigo López Molina, ex candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio.

En una entrevista con la radio LT8 dijo que la decisión de destituir al titular del OI es “funcional a intereses de organizaciones criminales con complicidades políticas y judiciales de la provincia”.

“La Legislatura quiere correr a los funcionarios que molestan con investigaciones”, aseguró el edil que pertenece a un espacio político situado en las antípodas del de Saín.

Desde hace tiempo, López Molina mantiene una línea de pensamiento respecto a la problemática de la criminalidad y la violencia expuestas, y las complicidades ocultas. “Detrás de la violencia están los negocios ilícitos generadores de millones de dólares que viajan hacia los eslabones más altos”, remarcó.

Sostuvo que “el nivel de deterioro institucional que atraviesa Santa Fe es grave y el elenco estable de la Legislatura, con el silencio cómplice de la mayoría, se prepara para transformarse en la herramienta con la cual las organizaciones criminales corren a los funcionarios que las molestan”.

Para el concejal de Cambiemos, “descabezar el Organismo de Investigaciones a través de un régimen disciplinario trucho y causales inexistentes no es llevarse puesto a un funcionario. Es terminar con investigaciones que llevaron a policías, fiscales, legisladores y empresarios a rendir cuentas a la Justicia”.

Además, apuntó al centro del asunto al enfocarse en las percepciones sociales respecto a qué es y no delito, independientemente de lo que indican las normas. La legitimación social de infracciones aceptadas como la evasión impositiva, la ira irrefrenable ante el robo del celular que merece linchamiento.

“El nivel de tolerancia de los circuitos de lavado de dinero es directamente proporcional a la agresión que diariamente sufren los rosarinos”, dijo López Molina, para quien en el caso de Sain “no hubo carpetazos ni proselitismo. Por primera vez, existió voluntad y coraje para ir a fondo. Decirlo, también es defender la República”.

La vía judicial

Dos días antes de que la Legislatura votara la remoción de Sain de su cargo en el MPA, un fallo judicial abrió una puerta al ex ministro de Seguridad provincial.

El funcionario había presentado un recurso de amparo en el fuero laboral de la Justicia ordinaria que un juez de primera instancia rechazó por “inadmisible”, pero sin fundamentar los motivos de su determinación.

El martes 2, la sala III de la Cámara de Apelación Laboral de Rosario declaró nulo el punto tres del decreto por el cual el juez de grado resolvió no hacer lugar a la acción de amparo interpuesto por San, al considerar que era “inadmisible”.

El amparo solicitado por el titular del OI solicitaba que se declare manifiestamente ilegítima e inconstitucional la aplicación de la ley N° 14.016, modificatoria de la ley N° 13.013, que es la que establece las incompatibilidades para ser funcionario del MPA santafesino.

Además de revocar esa decisión, la Cámara de Apelación Laboral de Rosario dispuso que el expediente se remita al juzgado que corresponda a los fines que se pronuncie conforme a derecho sobre la acción de amparo iniciada y, en su caso, le imprima el trámite correspondiente, expidiéndose también sobre la medida cautelar peticionada por el acto. Es decir, Sain.

Si bien lo dispuesto por el tribunal de alzada no poseía efectos suspensivos sobre el desarrollo de la sesión conjunta de la Legislatura que se realizó el jueves 4, una futura resolución del fuero laboral podría suscitar un “conflicto de poderes”.

El abogado que representa a Sain, Hernán Martínez, dijo en diálogo con Aire de Santa Fe Digital que “la Legislatura debiera ser prudente y no tomar ninguna decisión”, cosa que finalmente no hizo.

Consultado sobre cuál sería el escenario si el juez o la jueza que deberá resolver sobre el amparo fallara en favor del director del OI, el abogado admitió que “habría un conflicto de poderes”. Desde que la Legislatura le quitó al MPA la facultad de sancionar las faltas disciplinarias de sus miembros, cuando un grupo de fiscales investigaba por presuntos delitos de corrupción a cuatro senadores provinciales, el conflicto de poderes es la forma en que dialoga la Legislatura con el MPA.

La destitución de Sain en el OI, luego de la salida del gabinete de Omar Perotti nueve meses antes, pone de manifiesto la profundidad de las investigaciones que motorizó y los actores alcanzados por las mismas. No es, justamente, un “triunfo de las instituciones”, aunque algunos actores institucionales tengan motivos para celebrar.

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