El Sindicato de Peones de Taxis se mostró a favor de que la tarifa del servicio de pasajeros “sea ajustada de acuerdo a los costos reales”, tal como piden los dueños de las chapas. Además, reclamaron fiscalizar recibos de sueldo para constatar la regularidad.

El gremio de tacheros coincidió con la solicitud de la patronal, que exige un 40 por ciento de actualización de la tarifa del servicio. “Somos conscientes que todo desajuste en este sentido incide negativamente en los ingresos y protección de nuestros y nuestras choferes”, indicaron en un comunicado.

“La patronal pide un 40 por ciento, y sabemos que el desfasaje –según el estudio de costo del Ente de la Movilidad– es mayor, pero también tenemos en cuenta la situación económica de los pasajeros”, aportó Horacio Yannotti, secretario general del SPT, quien se opuso a la movida de los titulares en el Concejo Municipal el pasado lunes.

“A pesar de coincidir con esta demanda planteada por los titulares, no apoyamos la protesta desplegada por estos frente al Concejo Deliberante”, agregó el dirigente gremial, que paralelamente planteó que “ vemos con buenos ojos la incorporación de más licencias para poner en circulación más vehículos en el ejido urbano”, ya que “toda creación de puestos de trabajo genuinos es favorable para el sector y para toda la ciudadanía rosarina en su conjunto, ya que es una contribución del tejido social altamente dañado”.

En un comunicado, la entidad gremial aclaró que “nuestra defensa de la medida del Ejecutivo Municipal no nos impide exigir con fuerza que se ponga en marcha ya un plan efectivo de control y verificación de los recibos de sueldo de los choferes taxistas para corroborar la total regularidad en la relación contractual a cargo de los titulares de licencias”.

En ese orden, el sindicato explicó: “Nuestra organización ya elaboró y compartió con funcionarios locales y provinciales (Ministerio de Trabajo) un proyecto propio para lograr que la fiscalización de las obligaciones patronales sea ineludible en la actividad”. La idea es realizarla en el galpón de Servicios Públicos, el CITA, como un requisito más de aprobación de la inspección técnica o un trámite a efectuarse de manera conjunta con la desinfección de la unidad.

El STP “se pone a disposición para colaborar con los diversos eslabones del Estado para avanzar en esta tarea, ya que como institución conocemos a la perfección quiénes son los titulares que infringen la ley”, apuntó Yannotti, y cerró: “Apostamos a que la meta del intendente de abastecer la ciudad de taxis durante el horario nocturno lo impulse a tomar las riendas en el asunto. Las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de un servicio público deben involucrar a todos los poderes estatales”.

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