Fracasó otro intento de golpe en Bolivia. La ultraderecha dispuso un paro que produjo desabastecimiento, y enfrentamientos entre la ciudadanía. Rechazaban una ley anti-fuga de capitales. Pero la resistencia del pueblo pudo más y debieron levantar la medida.

En Perú, el presidente Pedro Castillo continúa pendiendo de un hilo, sitiado por el Congreso y pese a las muchas concesiones que tuvo que hacer en busca de gobernabilidad. Los poderes fácticos y los medios hegemónicos de todo el mundo intentaron una vez más desestabilizar al gobierno de Cuba organizando un 15 N que terminó en un fiasco. La “N”, de noviembre, terminó significando “nadie” porque esa fue la convocatoria que logró la intentona. En este marco de embate de la derecha regional, en Bolivia, el gobierno y la mayoría del pueblo que lo apoya lograron desactivar otro intento de golpe.   

El lunes 8 de noviembre, la oposición al gobierno de Luis Arce declaró un paro general por tiempo indeterminado, que incluyó cortes de rutas y calles, lo que produjo tensión, desabastecimiento y enfrentamientos entre quienes apoyan al gobierno y los que lo repudian.

Si bien la protesta fue nacional, sólo se notó en las regiones y ciudades donde son mayoría los opositores al gobierno: Santa Cruz de la Sierra y Potosí. Es que la organización del paro, que desde un principio el gobierno de Arce denunció como “un intento de desestabilización”, estuvo comandada por los denominados comités cívicos con sede en esas ciudades.   

Con una prédica violenta y explícitamente golpista, Rómulo Calvo se convirtió en unos de los líderes de los cívicos cruceños que impulsó el derrocamiento de Arce. Luis Fernando Camacho, de activa participación en el golpe contra el ex presidente Evo Morales, es el otro referente de más peso dentro de la derecha.

No al freno de fuga de divisas

Entre los motivos esgrimidos por los organizadores del paro se mencionan, entre otros, el rechazo de la oposición a la ley aprobada en agosto, que establecía poner un límite a la fuga de divisas, y tomaba medidas contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo. Esto fue lo que particularmente generó inquietud en la oposición, que temía que fuera usada “como herramienta de persecución política”.

Y el gobierno cedió a las presiones, dio marcha atrás y va a derogar la ley antilavado. Pero la oposición quiere más. Primero aseguró que seguirá con el paro a partir del rechazo a otras leyes y medidas de gobierno. Pero luego “suspendió” la medida de fuerza. 

Al anunciar que retirará la ley, el presidente de Bolivia hizo referencia a los “saqueos en algunas regiones del país por parte de gremios y comités cívicos y confió en que la situación se normalice”. Pero la derecha quiere todo lo contrario, más allá de las concesiones del gobierno de Arce. 

“Escuchando las demandas del pueblo boliviano, las demandas sectoriales, hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386 a objeto de, primero, allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía”, dijo Arce

Los golpistas fueron derrotados

Según informó el sitio de noticias del diario boliviano La Razón, tras una reunión con sus aliados, el presidente cívico cruceño Rómulo Calvo suspendió el paro indefinido y aseguró que se trató de una derrota del Gobierno el haber logrado la anulación de la ley de lucha contra el lavado de dinero, aunque advirtió que sólo se trata de una batalla y que de volverse a “atentar a nuestra libertad y democracia volveremos a las calles”.

La decisión fue comunicada en una conferencia de prensa, en la que no mencionó en qué quedó la demanda de anulación del paquete de leyes llamadas “malditas” y la restitución de los 2/3 de voto para todas las decisiones en el Legislativo, que sumaron al pliego de demandas del paro que llevaron adelante en alianza con gremiales y transporte pesado.

“Hemos conseguido este logro del pueblo boliviano, es sólo una batalla, pero la lucha debe continuar. El paro indefinido que iniciamos el 8 de noviembre con gremiales, transporte y la  adhesión militante de salud ha sido un instrumento de la lucha, pero la resistencia al totalitarismo tiene que continuar con este y otros instrumentos”, advirtió.

“Levantamos el paro indefinido desde este momento y nos declaramos en emergencia y movilización permanente”, sostuvo, y señaló: “Han salido derrotados, no han logrado doblegar a un pueblo que valientemente defendió con firmeza y convicción su derecho”.

Santa Cruz y Potosí se constituyeron en los centros de las protestas. En Potosí hubo un campesino muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre cívicos y campesinos, mientras que en la capital cruceña hubo varios momentos de tensión. “De intentar consumarse otro atentado a nuestra libertad y democracia volveremos a las calles con más fuerza y vigor. Quedan otras batallas por librar, la lucha por nuestra libertad sigue en pie”, insistió Calvo.

Los movimientos sociales, alertas

Según informó el sitio de noticias chileno Red Uno, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, ratificó que todos los sectores sociales continúan en estado de emergencia.

Organizaciones sociales afines al MAS, consideran que la finalidad de las movilizaciones de los cívicos no son las leyes a las que rechazan, sino son afanes de buscar la “desestabilización” al gobierno de Luis Arce.

“No es la ley 218, no es la ley 1386, el objetivo es desestabilizar el Gobierno, desgastar a nuestro gobierno”, aseguró el dirigente, que anunció que continúan reuniéndose los diferentes sectores para ratificar la defensa de la administración de Arce.

La secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Flora Aguilar, aseguró que los cívicos sólo buscan la impunidad por las personas fallecidas y heridas durante la crisis de 2019. “Su objetivo es hacer golpe de Estado”, agregó, al tiempo que explicó que ni la ley anti lavado ni el “paquete de leyes” (otro fundamento para la medida de fuerza) son los verdaderos motivos. “No es la ley, no es el paquete de leyes, es hacer un golpe de Estado”, insistió.

Según el sitio de noticias boliviano Ahora el pueblo, Aguilar denunció la receta del golpe de Estado que utiliza la derecha: “Tiene un plan con una metodología y acciones que derivan en todo lo que está pasando en el país, como movilizaciones callejeras, el apoyo de partidos políticos de la derecha y sectores afines”.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, Esteban Alavi, afirmó que tras el anuncio del gobierno de derogar la Ley 1386 ya no habría “ningún argumento” para continuar con las movilizaciones.

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