Colombia conmemoró el acuerdo que puso fin a la lucha armada con las Farc y confluyeron en un acto Duque, Santos y Timochenko. Aunque la violencia sigue vigente, fue todo un gesto simbólico en un país en ebullición.
A cinco años del acuerdo de paz, los dos firmantes de aquel papel, el ex presidente Juan Manuel Santos y el ex jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) Rodrigo Londoño, coincidieron el miércoles pasado en Bogotá con el mandatario Iván Duque y el titular de la ONU, Antonio Guterres. El encuentro fue en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga los peores crímenes de un conflicto que en medio siglo dejó 9 millones de víctimas entre muertos, mutilados, secuestrados y desaparecidos. El encuentro marcó una pequeña tregua entre la agitada vida política colombiana a más de siete meses de los estallidos sociales y su cruenta represión, pero no estuvo exenta de puntos de vistas dispares, reclamos de las víctimas y voces críticas de los ultraderechistas guerreristas como el ex mandatario Álvaro Uribe.
“Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto; la comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza”, dijo Londoño, alias Timochenko, el ex comandante de las Farc convertidas ahora en el partido legal Comunes. Londoño renovó el compromiso de la mayoría de los 13.000 hombres y mujeres que se mantienen fieles a los acuerdos de paz tras entregar los fusiles, y pese a la violencia que sufren, con cerca de 300 asesinados desde 2016. “Nada ni nadie podrá minar nuestra convicción de que el camino emprendido es el correcto”, sostuvo Londoño.
En tanto, en lados opuestos hace cinco años, Santos –Premio Nobel de la Paz por impulsar los acuerdos– y el presidente Duque, quienes polemizan duramente sobre algunos temas como por ejemplo una posible negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la única guerrilla orgánica vigente–, se dieron un apretón de manos cargado de simbolismo.
Temas pendientes
Las víctimas del conflicto armado hablaron ante las autoridades reunidas durante la conmemoración y exigieron una reparación concreta. Diana Martínez, cuyo padre fue secuestrado hace casi 20 años en el Huila, pidió mayor diligencia y voluntad para la búsqueda de personas desaparecidas, y consideró lo hecho hasta ahora como “insuficiente” y no lo que esperaban que se diera con la implementación de los acuerdos. “Para la burocracia y la ineficiencia ya tenemos bastante”, se quejó.
Por su parte, Débora Barrios, indígena de familiares asesinados en la masacre de Bahía Portete, hizo un fuerte llamado para que se incluyan a todos los pueblos indígenas en la implementación del Acuerdo de Paz. “La paz no sólo es la firma del acuerdo, sino también necesitamos que se vea en realidades, en carreteras de todas las comunidades y diferentes territorios. Que no sólo sea una reparación a medias, sino una reparación integral”, dijo la referente, según reflejó la cadena Caracol Radio.
El hijo de José Antequera, líder político asesinado, resaltó la importancia de la conservación de la memoria para la construcción de paz en el futuro. “Necesitamos comprender que la memoria no es un campo de batalla”, expresó.
Ex combatientes
Un grupo de congresistas presentaron el noveno informe de seguimiento a lo pactado en la Habana, y advirtieron que persisten varios retrasos en su cumplimiento. “Durante el gobierno de Duque han crecido los homicidios contra líderes y ex combatientes, las masacres, también ha crecido el confinamiento y el desplazamiento”, afirmó la representante Juanita Goebertus del Partido Verde.
La preocupación de este sector es la lentitud legislativa por actualizar parte del acuerdo que incluye normas sobre participación política. También advierten que del total de ex combatientes, el 48.9 por ciento no tiene aún un proyecto productivo financiado por el Gobierno, y que de las 82.240 familias que firmaron el acuerdo voluntario de erradicación, solo el 8.6 por ciento ha tenido acceso al proyecto productivo del plan de sustitución de cultivos ilícitos, publicó Caracol.
Además, según la parlamentaria, de más de 9 millones de víctimas del conflicto registradas, tan solo el 16 por ciento han sido indemnizadas. “Al ritmo que llevamos, nos tardaremos 59 años en lograr la indemnización de todas las víctimas. Es tarea de todos nosotros sacar adelante este acuerdo; no enreden la paz”, pidió.
De todas maneras el informe destacó que con el Acuerdo se logró la desmovilización de 13.609 excombatientes, de los cuales el 94.9 por ciento están activos y cumpliendo con su proceso de reincorporación.
El desafío de la pacificación
Por su lado, Santos juzgó “positivo” el balance de los cinco años de implementación del acuerdo, porque “el tren de la paz que tantos y tantas han querido descarrilar o detener sigue su curso, sigue avanzando”. Tuvo un párrafo especial para Duque, otrora fuerte opositor al entendimiento como su partido, Centro Democrático: “El presidente se montó en el tren de la paz como lo hemos visto con mucha satisfacción últimamente”, destacó Santos.
Duque, después, reclamó una “verdad total” y “no adaptada” para las víctimas, y consideró que en la construcción de la paz hay que enviar mensajes claros a quienes quieren arrebatar la tranquilidad al país.
Ante versiones de que buscaría retomar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la única guerrilla orgánica vigente en el país, repasó que cuando se intentaron acuerdos el grupo armado respondió con más crímenes y violencia.
Por otra parte, en el marco de la agenda pública por la conmemoración, no podía faltar la disidencia guerrerista del ultraderechista Álvaro Uribe quien le escribió una durísima carta al secretario general de la ONU, Guterres, en la que advirtió que “Acuerdo de Paz no ha habido” y “que simplemente se fracturó la legislación nacional y se desafió la internacional”.
Pero además, defendió al gobierno de Duque y su represión. “De manera injusta, totalmente injusta, especialmente en la comunidad internacional, se ha culpado al Gobierno del presidente Duque del asesinato de líderes sociales y de reinsertados de las Farc. El tema no debería admitir discusión, la mayoría de esos crímenes han ocurrido en zonas de narcotráfico”, escribió.
Cabe recordar que el trabajoso acuerdo con las Farc, después de años de negociaciones en La Habana, redujo el nivel de violencia en el país pero no frenó el conflicto por completo, mientras el narcotráfico y la minería ilegal alimentan a nuevas o antiguas fuerzas que, según estimaciones independientes, reúnen a unos 10.000 combatientes. En puntos alejados de las grandes capitales fueron asesinados excombatientes, indígenas y activistas de derechos humanos.
Sobre ese punto pareció ir Guterres cuando volvió a advertir sobre los “riesgos para la paz” que encarnan los grupos armados en conexión con el narcotráfico y cuando reclamó “revertir esta tendencia concentrando todos los esfuerzos en los lugares en donde la violencia es más intensa”.
Mientras tanto, el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz prepara las primeras sentencias contra el antiguo mando rebelde por más de 21.000 secuestros, pero también juzga a militares por unas 6.400 ejecuciones de civiles que fueron presentados como caídos en combate, los llamados “falsos positivos”, para inflar sus resultados en la lucha contra la guerrilla.
El titular de la JEP, Eduardo Cifuentes, afirmó que “pese a las críticas equivocadas de algún sector” la tarea de este cuerpo creado especialmente “ha sido efectiva”. “Las imputaciones y las sentencias, en los próximos años ofrecerán la verdad que demanda el país y las víctimas. Nunca más se podrá aspirar a llegar al poder por la violencia. Nunca más se podrá pisotear la dignidad humana desde el Estado o por fuera del Estado. El miedo a la verdad, que ya con la JEP no es un peregrino errante, todavía nutre a algunos detractores de esta institución”, subrayó Cifuentes, según el diario El Tiempo.
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