La diputada provincial Matilde Bruera cuestionó el operativo del senador Armando Traferri contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra para sacarlos de la causa en la que pidieron su desafuero. “Hay un deterioro institucional”, dijo.

La legisladora del peronismo aseguró que “la comisión de Acuerdos de la Legislatura funciona como un tribunal de inquisición”, al advertir sobre el operativo del senador Traferri contra los fiscales que pidieron su desafuero en diciembre de 2020 por la causa de juego clandestino, y que luego el Senado lo rechazó.

El pasado 17 de noviembre, Traferri denunció a sus denunciantes por supuestas “faltas graves”, y solicitó a la legislatura que les inicie un proceso disciplinario para sancionarlos. La denuncia quedó radicada en la comisión de Acuerdos, que “tiene una historia lamentable”, según alertó Bruera, al sostener que opera como “un tribunal de inquisición” porque “tiene un funcionamiento secreto y sumario”.

“Una persona que es citada a la comisión de Acuerdos prácticamente está sentenciada porque no hay derecho de defensa. No se admiten pruebas. No hay una discusión democrática y transparente”, afirmó la abogada y diputada del Bloque del Partido Justicialista.

En este sentido, indicó que una de las causas del “deterioro institucional en la provincia” fue la sanción de las leyes anti fiscales (13.695 en 2017 y su melliza 13.807, en 2018), que adjudicaron a la legislatura el “control disciplinario de los fiscales”, entre ellos a dos que por entonces investigaban a senadores por el destino de los subsidios. El autor de la ley 13.695 es Traferri, recordó Bruera, a quien acompañaron con sus firmas otros tres senadores que eran jefes de bloques: los radicales Felipe Michlig y Lisandro Enrico y el socialista Emilio Jatón, hoy intendente de Santa Fe.

El hecho de que el “sistema disciplinario” de los fiscales quede sometido a la legislatura es “institucionalmente grave porque rompe el sistema republicano y la división de poderes”, indicó la también profesora universitaria titular de Derecho Penal de la UNR. “El control de los fiscales tiene que ser mixto, no puede estar sometido a la legislatura”.

“Esto ha hecho –continuó– que cada vez que se investiga el crimen organizado y sobre todo cuando se detectan algunos vínculos políticos, los fiscales son perseguidos. Ya pasó en su momento (en 2017) cuando los fiscales intentaron investigar a senadores por los subsidios. Y ahora vuelve a pasar escandalosamente, cuando lo citan a Traferri a una audiencia para poder imputarlo y garantizar su derecho de defensa”.

Al respecto, la legisladora justicialista remarcó que “el senador no se presenta y hace uso de los fueros que en mi opinión son inconstitucionales”, y al mismo tiempo “denuncia a los fiscales que lo investigan y lo citan”. Y añadió: “Esto es sumamente preocupante. No es un funcionamiento institucional democrático, transparente y republicano”.

En 2017, los fiscales le pidieron al por entonces gobernador Miguel Lifschitz que vetara la ley Traferri 13.695, pero el ex mandatario se negó. “Yo tengo un proyecto de ley en la legislatura que aún no ha sido tratado, que propone derogar esta reforma. Lo presenté a principios de este año. Se necesita una mayoría que hoy no está, es difícil lograrla”, reconoció.

“El Ejecutivo ha sido crítico de este tema y el bloque de diputados del Partido Justicialista también. Que un poder del Estado tenga el control absoluto del régimen disciplinario de los fiscales es inadmisible”, advirtió Bruera. “Además, las denuncias contra los fiscales quedan en mano de la comisión de Acuerdos, que tiene una historia lamentable. Es una comisión que no integro, pero asisto y funciona como un tribunal de inquisición, en secreto. Los dictámenes no se discuten en público”, agregó.

El proyecto de Bruera para derogar las leyes anti fiscales tiene estado parlamentario desde el 19 de abril de este año. La acompañaron con su firma todos sus colegas de bloque: Leandro Busatto, Paola Bravo, Lucila De Ponti, Luis Rubeo y Ricardo Olivera, que es presidente del PJ de Santa Fe. Es una reforma que incluye la “igualdad y la perspectiva de género”, pero en el caso de los fiscales de grado, deroga el poder de la legislatura para disciplinarlos y removerlos de sus cargo, según explicó su autora. La propuesta es volver al sistema original de la ley que creó el Ministerio Público de la Acusación, que asignó la investigación a la Auditoría y el juzgamiento a un Tribunal de Disciplina plural, integrado incluso por legisladores, como ocurre en el jury a los jueces, aportó.

En los fundamentos, Bruera cita el artículo 120 de la Constitución Nacional que creó el Ministerio Público como un “órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera”. Por lo tanto, consideró que “es necesario modificar el régimen disciplinario de los fiscales –y también de los defensores públicos- ajustándolos a los principios del juez natural (artículo 18 CN), de legalidad de las faltas administrativas (artículo 19 CN), a la garantía del debido proceso (artículo 18 CN) y a las garantías constitucionales de control judicial de los actos del Estado (artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y artículo 14, Nº 5 del PIDESC)”.

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