Nueva suba de la carne, remarcaciones en vísperas de las fiestas y una próxima fase del congelamiento algo derretido en productos de consumo masivo, reinstalan el debate poselecciones sobre inflación y su efecto erosivo en ingresos medios y bajos.
Con el kilo de asado rondando los mil pesos, más el aviso de que el pan y productos derivados volverán a aumentar, con la disputa por el (des)control de precios y una estimación inflacionaria para noviembre del 3 por ciento, cifra que aminora comparada con el 3,5 de octubre pero que sigue alta y comprime poder de compra de las mayorías populares, se recalienta el debate poselecciones en torno al acceso a la comida y, por lo tanto, a la capacidad de consumo de los ingresos y salarios medios y bajos.
De cara a un diciembre siempre caliente, a veinte años del estallido social, político y económico de 2001, el tema precios “preocupa y ocupa” al gobierno nacional. En los últimos días se activaron reuniones con representantes de diferentes sectores de la alimentación y actores de la industria de la carne, en busca de nuevas medidas para “controlar la inflación y cuidar los bolsillos”, según esgrimen desde el oficialismo, en un contexto marcado por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la deuda (como en el 2001) y la pulseada por el programa económico venidero con miras a 2023, sin olvidar que antes hay 2022.
Los abusivos precios de los alimentos, en particular la carne, impactan en la economía doméstica, en el consumo popular, en la dieta y nutrición de la población, en la subsistencia, en necesidades y derechos básicos, en costumbres y en el humor social, como quedó reflejado en los resultados de las recientes elecciones legislativas donde el Frente de Todos cosechó una derrota aunque no tan dura como se esperaba de antemano.
¿Freezer desenchufado?
El programa + Precios Cuidados, llamado congelamiento de precios, fue dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior, a través de la resolución 1050/21, con el fin de fijar precios máximos de venta al consumidor en más de 1.400 productos de consumo masivo de los rubros almacén, limpieza e higiene y cuidado personal. El mismo, que regirá hasta el 7 de enero, no contiene alimentos frescos, como carne, frutas y verduras.
Mientras se discute una reformulación para la próxima etapa del congelamiento de precios al consumidor (de precios “congelados” a “consensuados”) que arrancaría el 8 de enero, desde el gobierno nacional consideran que el cumplimiento del programa es efectivo. En tanto, comerciantes y consumidores creen que el plan se respeta a medias. Minoristas, como almaceneros, comercios de barrio y los súper chinos, culpan a los mayoristas de no respetar el listado oficial y vender mercadería con precios por encima de los topes permitidos. A su vez, el sector de hipermercados mayoristas y supermercadistas apunta a las grandes empresas productoras, que tienen posición dominante en el mercado y donde no abunda la buena voluntad ni se toleran controles estatales.
El secretario de Comercio Roberto Feletti busca un nuevo acuerdo de carácter federal con los diferentes eslabones de la cadena alimenticia y alcanzar a pequeños comercios. En su cuenta de Twitter, el funcionario explicó: “El objetivo es llegar a la nueva fase con una canasta consensuada y amplia para todas las familias argentinas. Además, queremos impulsar herramientas que fomenten la diversidad de la oferta, incorporen nuevos actores y potencien la producción regional”. Feletti anunció, además, que el programa Súper Cerca, con una lista de 200 productos, buscará ampliar la oferta e incorporar artículos tradicionales para la mesa navideña.
La Secretaría de Comercio milita la idea de darle mayor protagonismo a la oferta del sector de la pequeña y mediana empresa. “Es importante que el movimiento cooperativo gane presencia en el mercado para que las y los consumidores accedan a productos de calidad y a precios justos”, afirmó Feletti, que semanas atrás se reunió con referentes de la Mesa Agroalimentaria Argentina, “el otro campo”, con otras formas de producción y comercialización de alimentos saludables, que busca convertirse en una alternativa de abastecimiento y transformar el modelo dominado por el mundo del agronegocio.
Unidos y concentrados
En la cúspide del poder económico se ubican los grandes formadores de precios, grupos económicos concentrados y extranjerizados, que vienen cebados desde la gestión macrista. Sus abultados márgenes de ganancias son generadores de inflación. Eso se observa con un puñado de monopolios y oligopolios de la alimentación (grupos empresarios que controlan múltiples empresas en diferentes sectores de la misma o de distintas cadenas de producción) y también en grandes supermercados.
Según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que dirige el economista Claudio Lozano, seis grandes cadenas de supermercados concentran el 80 por ciento de las ventas en el país. Se trata de Carrefour (Francia), Cencosud (Chile) –dueña de Disco, Jumbo y Vea–, Coto (Argentina), Walmart (adquirida en 2020 por el empresario y ex diputado Francisco De Narváez) –que incluye la cadena Chango Más–, La Anónima (Argentina) y Día (España).
El 74 por ciento de la facturación de los productos de góndola en esas cadenas de supermercados corresponde a veinte empresas, locales y extranjeras. Las remarcaciones de precios afectan tanto a consumidores directos como a comercios minoristas y de cercanía que se abastecen en hipermercados mayoristas.
Los altos precios internacionales de las materias primas que Argentina exporta y las maniobras especulativas de sectores concentrados de la industria alimenticia, donde pisa fuerte el conglomerado cerealero, tensan la cuerda inflacionaria en medio de una desigual recuperación económica de pospandemia, un patrón distributivo regresivo, salarios, jubilaciones y empleo golpeados, con más del 50 por ciento anual de inflación y una pobreza estadística que afecta a más del 40 por ciento de la población.
Por un corte a la suba
El valor de la hacienda en pie, lo que se conoce como kilo vivo, que se comercializa en el mercado de referencia del barrio porteño de Liniers aumentó alrededor de un 20 por ciento las últimas semanas y tuvo eco en el mostrador, con subas de 200 pesos promedio por kilo en diferentes cortes vacunos. ¿El resultado? Un kilo de asado, una luca. Se explica que detrás del nuevo aumento hay factores estacionales por falta de terneros con peso de faena, a lo que se suma que en esta época del año siempre se incrementa la demanda parrillera y también hay “maniobras especulativas”, como dijo Feletti.
Para el equipo económico del gobierno nacional, en el tema carne, un consumo esencial para los argentinos, impera un desafío triangular: aumentar la producción, atender la exportación que provee divisas y abastecer el mercado interno a precios razonables. De ahí la nueva convocatoria a los distintos actores de la cadena cárnica, como supermercados, frigoríficos, carnicerías y exportadores, y la intención oficial de aplicar nuevas medidas, mientras el Congreso debate el proyecto de ley agroindustrial que promueve el Ministerio de Agricultura, con “beneficios” para la producción y exportación de carne.
La dinámica interna de los precios de la carne, que se ha vuelto casi un bien de lujo, volvió a poner en guardia al gobierno en su intento de desacoplar precios internos de lo que se paga, y muy bien, en el mercado externo. El secretario Feletti asumió la “preocupación” de los consumidores. Para contrarrestar la nueva suba, sonó la posibilidad de subir retenciones –mala palabra después de la 125– a la exportación de carne (hoy tributa 9 por ciento) y atrás llegó la trillada amenaza de las cámaras que representan a productores rurales, que entienden a los derechos de exportación, un instrumento estatal de política económica, como una “penalización” hacia un sector por demás de rentable.
Otra posibilidad que aparece en la baraja es volver a los cupos y a la administración de los embarques. También se deslizó la idea de avanzar en un fideicomiso de subsidio cruzado, como rige en el mercado del aceite, en donde una parte de las ganancias por exportaciones subsidian los precios del mercado interno.
“El mes pasado se registró que la carne en mostrador aumentó 71 por ciento de manera interanual, unos veinte puntos por encima del nivel general de precios de la economía. A la cabeza de los aumentos sobresalen cortes de alto consumo popular como el asado (73,1 por ciento), vacío (75,6) y matambre (69,7)”, se detalló en un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) donde se analiza la evolución de los precios de la carne.
El año pasado el aumento de la carne fue del 75 por ciento. Ante esta situación, el gobierno de Alberto Fernández adoptó una serie de medidas, como el límite a las cantidades exportadas, mayores controles, la puesta en marcha del plan ganadero, líneas de financiamiento para productores, acuerdo de precios en la venta de cortes populares. Dichas medidas surtieron efecto: se cortó la dinámica alcista, los precios se estabilizaron y la carne vacuna bajó 3 por ciento entre julio y octubre, según detectó el trabajo del Cepa. Pero, como se dijo más arriba, las últimas semanas se registraron subas significativas, con el consecuente impacto en la inflación de noviembre.
¿Por qué aumenta la carne? El informe del Cepa aporta algunas respuestas: “La mayor demanda china ata el precio local al precio exportable y convierte a la carne en un cuasi commodity. Argentina pasó de dos animales por cada habitante en 1976 a 1,2 en la actualidad, con 10 por ciento menos de tierras dedicadas a la actividad y con límites materiales a la posibilidad de extender la frontera ganadera. Por negocios vinculados a ganar dinero obteniendo un margen de la brecha entre el dólar oficial y el ilegal, lo que se conoce como rulo ganadero. Por el aumento del maíz, insumo utilizado para la ganadería y la producción de leche, huevos y pollos, entre otros productos alimenticios de primera necesidad”.
La suba del precio de la carne limita más aún el poder adquisitivo de la población trabajadora y jubilada y, obvio, se compra y se come menos. De acuerdo al último dato difundido por la Cámara de la Industria y Comercio de las Carnes (Ciccra), en octubre de este año el consumo de carne vacuna representó 47 kilos/por habitante/al año, medido como el promedio de los últimos doce meses. En términos interanuales se observó una caída en el consumo de carne de 5,8 por ciento.
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