El desenlace con el FMI marcará el pulso económico y político hacia adelante. El gobierno insiste en que no habrá ajuste y resalta la reactivación económica de cara al mes más caliente del año.
El acuerdo en gateras con el Fondo Monetario Internacional acapara atención política y económica en el arranque del último mes del año: un diciembre que se presume acalorado y no sólo por las altas temperaturas atmosféricas. El gobierno le da forma al anunciado plan plurianual para enviarlo al Congreso, una hoja de ruta con grandes ejes económicos y avances en las negociaciones por la deuda de casi 45 mil millones de dólares, una «bonita suma» que la gestión Macri contrajo con el FMI y que el Frente de Todos intenta resolver «sin ajuste ni recortes ni quitando derechos», repiten desde el oficialismo, aunque la historia argentina vinculada a los pactos con el Fondo y sus típicos programas de austeridad demuestre lo contrario.
Menguado el golpe más duro de la pandemia gracias a los avances en la campaña de vacunación anticovid pero en alerta por amenazas de nuevas variantes como la Ómicron, la devolución, los términos y las condiciones del mayor préstamo político (entre gallos y medianoche y sin aprobación del Parlamento argentino) que otorgó el Fondo Monetario en su historia, incluso infringiendo sus propios estatutos, resulta «el gran tema» hacia adelante.
«Nuestro gobierno no va a firmar ningún acuerdo de ajuste porque significaría impedir darle continuidad a la recuperación económica», aseguró el ministro de Economía Martín Guzmán ante la semi-nueva conducción de la CGT. A la caza de avales, Guzmán confirmó que, si hay acuerdo, los pagos al Fondo se iniciarán en 2026. Dijo que el plan económico se seguirá definiendo en la Argentina en busca de «generar trabajo y bajar la inflación».
Sectores del propio frentetodismo ponen reparos ante el plan plurianual a debatirse y anticipan que no votaran «un ajuste» a pedir del organismo multilateral que dirige Kristalina Georgieva. «La deuda es con el pueblo. No hay posibilidad de salir de la crisis si tenemos sobre nuestra cabeza la bota del FMI y sus recetas», escribió en Twitter el diputado Juan Carlos Alderete, dirigente de la CCC, uno de los tantos emergentes del estallido económico, social y político de diciembre de 2001 que eyectó por el aire de manera anticipada al gobierno de Fernando De la Rúa.
En su última carta, CFK señala al macrismo por reiniciar con el FMI «un nuevo ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005». Uno de los párrafos más destacados dice: «Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe (sobre el acuerdo con el FMI), puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país». Al final de la misiva, la vicepresidenta lo pone a Alberto frente al espejo y cita un discurso del presidente del 9 de julio en Tucumán donde habla de «no claudicar ante los acreedores».
La discusión por la deuda externa, donde el neoliberalismo vive, es un punto de analogía con el 2001, no el único entre la actual crisis socioeconómica y la hecatombe de iniciación del siglo veintiuno, aunque son muchas más las diferencias. Tras la fuerte caída experimentada en el odioso 2020, por la pandemia, las restricciones, las medidas de cuidado y el arrastre de la recesión macrista, el gobierno nacional resalta la reacción de la economía, con números positivos en salarios y empleo, aunque limitados por una inflación interanual por encima del 50 por ciento, altos niveles de informalidad, precarización y con el 40 por ciento de la población bajo la línea de pobreza medida por ingresos.
El establishment financiero, económico, periodistas “serios” y grandes medios de comunicación opositores presionan con una devaluación que el gobierno resiste. Días atrás asustaron con una noticia falsa sobre la supuesta disposición de un «corralito» para los depósitos, queriendo agitar una corrida cambiaria, justo cuando se cumplieron veinte años del «corralito» del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo que congeló depósitos bancarios de los ahorristas, cuestión que aceleró la caída del gobierno de la Alianza.
La fake news que generó pánico y pérdidas de reservas corrió después de que el Banco Central, en una medida antipática pero necesaria y casi a pedir del Fondo, suspendió el pago en cuotas y en dólares de pasajes y servicios en el exterior con tarjetas de crédito. El objetivo, señalaron desde el oficialismo sin explicar demasiado, es cuidar reservas y evitar mayor salida de divisas por medio de subsidios a (los que más protestaron) agencias de viajes y turismo, plataformas web u otros intermediarios, según la normativa del Central que tanta polémica despertó. Algunas voces que acompañaron la resolución señalaron a la vez que hay otras fuentes de dónde obtener dólares y criticaron al gobierno por «desaprovechar» el saldo positivo que arroja la balanza comercial (compra y venta al exterior de bienes y servicios).
Funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central fueron a Washington, Estados Unidos, donde se corta el bacalao, para reunirse con integrantes del staff del FMI, que tendrá su asamblea anual el 16 de diciembre, en busca de «entendimientos técnicos» para refinanciar el préstamo y tener el okey del Fondo antes de enviar el plan plurianual al Congreso. Argentina tiene previsto abonar casi 1.900 millones de dólares de deuda que vencen a fines de diciembre y para ello utilizará los DEG que el FMI giró al país, en principio, para costear gastos de la pandemia.
El gobierno del FdT renegocia el impagable acuerdo que Macri abrochó en 2018, con vencimientos de casi 20 mil millones de dólares en 2022 y otro tanto en 2023, para reemplazarlo, por lo que trascendió, por uno de facilidades extendidas por diez años, rebaja de sobretasas y extensión de plazos de devolución. ¿Alcanzará para sostener y ensanchar la mejoría económica?
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