La iniciativa presentada en el Congreso de la Nación por los diputados Eduardo Toniolli y Leonardo Grosso, promueve la asignación de una pensión para los familiares de las 38 personas asesinadas en el marco de la represión estatal durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

“Aquellas jornadas fueron un punto de inflexión en nuestra historia reciente, el pueblo argentino dijo basta a las políticas neoliberales que se instalaron con fuerza en nuestra Patria a partir de la última dictadura”, señaló Toniolli, y agregó que “ante la expresión genuina del reclamo de los trabajadores y los sectores populares,  la respuesta de quienes tenían a su cargo la conducción del Estado -tanto a nivel nacional como en muchas provincias- fue la de reprimir brutalmente la protesta social, truncando la vida de 38 compatriotas”.

“Entendemos que corresponde que el Estado abrace a muchas familias que luego de eso quedaron desamparadas, debiendo reconstruir sus vidas desde la ausencia de un ser querido, y en muchos casos en situaciones de extrema vulnerabilidad social”, argumentó el legislador santafesino al fundamentar el proyecto.

Por su parte, el diputado Leonardo Groso, consultado por el rol de las instituciones expresó: “El Estado fue responsable de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 y, además de la sentencia judicial a los culpables, creemos que los familiares de las víctimas asesinadas deben recibir una pensión”, y agregó: “Diciembre de 2001 es todavía una herida abierta de la democracia argentina y un punto de partida para construir otra forma de desarrollar la política institucional y las organizaciones sociales son en parte fruto de aquellos años noventa y post menemismo”.

La iniciativa cuenta también con el acompañamiento de las diputadas Natalia Souto y Verónica Caliva, y el diputado Juan Carlos Alderete, representantes de los movimientos sociales que integran el bloque del Frente de Todos.

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