Con alta inflación atacando ingresos, el gobierno dio luz verde a un plus para jubilados y estatales nacionales y beneficiarios de ayuda social. Además de revisar paritarias, también logran pago especial gremios del sector privado.

Trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, beneficiarios de programas sociales y jubilados reciben por estos días de fin de año un pago adicional. El Gobierno anunció la medida, que reconoce la pérdida de poder adquisitivo frente al acelere de la evolución inflacionaria aunque sea insuficiente. Varias provincias abonarán beneficios similares, otras por el momento no, como el caso de Santa Fe. El objetivo del bono es poner más en sintonía lo que entra al bolsillo y lo que sale (caro) al momento de hacerse de bienes comestibles o cubrir servicios, atender la educación, la salud, la vestimenta o el calzado; construir, mantener, equipar o alquilar un hogar, permitirse la recreación, el consumo cultural, el esparcimiento.

En un contexto de enorme desigualdad social y pobreza, con eco de crisis sanitaria y socioeconómica, si los ingresos de las familias no le ganan la carrera a la inflación, como se había propuesto el gobierno de Alberto Fernández, que por lo menos se arrimen con los bonos de fin de año. Jubilados y jubiladas que cobran el haber mínimo recibieron un plus de 8 mil pesos. A falta de un IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), beneficiarios de las becas Progresar, Potenciar Trabajo y Asignación Universal por Hijo percibirán una suma extraordinaria y también habrá bono de 20 mil pesos para estatales nacionales de ATE y UPCN.

Esto recompone, un poco, el poder de compra para fomentar el consumo y el mercado interno de cara a las fiestas. Pero los sueldos no se recuperan al ritmo que deberían hacerlo: se calcula que desde 2015 la pérdida de poder adquisitivo de los salarios formales ronda el 30 por ciento. A los ingresos le cuesta salvar lo perdido en la crisis de doble pandemia: el neoliberalismo macrista más la peste del covid, que trajo efectos nocivos para la economía en su conjunto. La recesión económica de 2018-19 y la pandemia en 2020 pulverizaron los bolsillos.  

El gobierno del Frente de Todos admite tal desfase entre ingresos y el nivel general de precios (con el congelamiento no alcanza, sin los acuerdos no se puede), por eso alienta la reapertura de paritarias y atendió pedidos de bonos por única vez. Este año, sobre todo a partir de la segunda mitad, con el avance de la vacunación anticovid, la vuelta a la actividad y la desigual reactivación económica, con mejora en el empleo y baja en la tasa de desocupación (según el Indec, del 8,2 por ciento en el tercer trimestre de este año contra el salto en pandemia del 13,1), aunque con un mercado laboral más precarizado, donde prevalecen nuevas modalidades de trabajo, los salarios empezaron a reanimarse de manera enclenque frente a la aceleración de precios.

En noviembre, el Indec midió un nivel general de inflación del 2,5 por ciento, un punto menos que en octubre, con un aumento interanual del 51,2 por ciento. El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), por su parte, calculó el mes pasado una inflación del 2,9 por ciento, con atenuación en el alza de los alimentos como resultado del congelamiento (algo derretido) de precios que impulsó la Secretaría de Comercio de la Nación, que a la vez busca desconcentrar y desacoplar los precios internacionales de los internos.  

Ante el encarecimiento en el costo de vida, con la carne liderando aumentos por segundo año consecutivo (una suba promedio anual del 70 por ciento), el gobierno nacional y algunas administraciones provinciales alentaron las revisiones paritarias en reemplazo de lo que en otra instancia fue la denominada cláusula gatillo, que consistía en actualizaciones salariales automáticas si se disparaba la inflación.

Entre los sindicatos del ámbito privado, el gremio de la Alimentación acordó un bono de fin de año, entre 18 y 40 mil pesos, segmentado según el tamaño de la empresa para evitar el traslado a precios. En este sector están las compañías monopólicas y oligopólicas formadoras de precios, muchas de ellas multinacionales que abusan en góndola de su posición dominante, que durante la pandemia la siguieron juntando con pala.

La Federación de la Carne que lidera Alberto José Fantini acordó con cinco cámaras empresarias frigoríficas una gratificación de fin de año de 20 mil pesos en cuatro cuotas, hasta febrero de 2022. Empleados de Comercio fue otro de los gremios de peso que cerró el pago de un bono extra de 13 mil pesos, que cobrarán trabajadores de empresas grandes, como hipermercados. El secretario general del gremio mercantil, Armando Cavalieri, adelantó que en enero su sector revisará paritarias.

Los metalúrgicos de la UOM llevaron la paritaria al 50 por ciento, un adicional de quince puntos porcentuales con respecto a la primera negociación abrochada. El mismo se pagará en tres cuotas (enero, febrero, marzo). Igual hay malestar en algunas plantas siderúrgicas, como en Acindar de Villa Constitución, por el prorrateo en el pago y porque “los salarios van detrás de la inflación”.

Como todos los años, la Federación que nuclea a los trabajadores del complejo aceitero pateó el tablero salarial y firmó un acuerdo paritario para 2022 con los representantes patronales de las cámaras Ciara, Ciavec y Carbio, donde están las principales compañías agroexportadoras del Gran Rosario, que llevará el salario básico inicial a 153 mil pesos. En tanto, Camioneros logró un bono extra de casi 50 mil pesos. En contraste, gremios de ramas más flacas y otros no tanto reclaman (sin éxito) reapertura de paritarias, un “¡bono ya!” para equipar el reconocimiento de la administración nacional y, a la espera de respuestas, no descartan medidas de fuerza. 

Mientras planea salir gradualmente de la prohibición de despidos y la doble indemnización al transitar la ¿pospandemia?, el gobierno nacional, sin Presupuesto 2022 y en medio de las negociaciones con el FMI para reestructurar la deuda-bomba que dejó el macrismo, anunció que intentará en el año nuevo involucrar a sindicatos y empresarios en un gran acuerdo de precios y salarios que sea sostenible y más palpable para el bolsillo medio.

Según el relevamiento de diferentes consultoras, trabajadores públicos consiguieron este año mejores aumentos que los del sector privado, aunque en 2020, en plena pandemia, casi no tuvieron actualizaciones. Con marcadas diferencias, los porcentajes promedio formales de suba salarial terminarán el año apenas detrás o empatando con el índice inflacionario aunque con importante pérdida acumulada, en la que el sector no registrado lleva las de perder.

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