Sin novedades procesales, la causa por “espionaje ilegal” tiende a languidecer, al menos por este año. Un diputado taxativo prueba con la prudencia, mientras un ministro de la Corte se preocupa, por sí o por no.

Cuando pasó un mes de los allanamientos a las sedes Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad provincial, en una causa de elevada resonancia pública por presuntas maniobras ilegales en la recolección de datos por parte del Estado, la investigación no tiene juez ni jueza, los sospechosos no fueron imputados ni convocados a audiencia con ese fin y, al menos hasta el miércoles 22 que cerró este semanario, se desconocía si el proceso –de indisimulable trascendencia institucional– daría sus primeros pasos este año que se extingue o el nuevo que aún no nació. La única novedad pública fue que el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, a partir del 1º de enero de 2022, Rafael Gutiérrez, consideró que el caso “es un tema muy grave si se confirma y, si no, también”. Aunque no sería por la misma razón una gravedad que otra.

Tampoco se habían resuelto al cierre de esta edición los planteos de las defensas de los sospechosos, tanto la del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, como la de un grupo de sus ex colaboradores en la cartera, acerca del pedido de apartamiento de los fiscales que investigan el caso, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, ni el de su superior, el Fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti.

Sobre el planteo de “falta de objetividad” de los fiscales de grado debe resolver Arietti, mientras que acerca de la enemistad pública entre el Fiscal Regional y el principal sospechoso, Sain, al que corresponde expedirse es al jefe de los fiscales provinciales, Jorge Baclini.

Arietti tiene la intención de reemplazar a Baclini el próximo año como Fiscal General de Santa Fe, para lo cual requiere la firma del gobernador en el envío de la terna que, finalmente, trata la Legislatura.

Que los planteos de apartamiento presentados el 30 de noviembre por Sain y el resto de los involucrados en el caso de lo que la prensa comercial ya condenó como “espionaje ilegal” no se hayan resuelto 22 días después –ni por su aceptación ni por su rechazo– habla más que de una mora judicial de la politización originaria de la causa.

Por algo uno de los principales voceros no fue el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que posee en su estructura orgánica empleados destinados a esa tarea, sino el diputado provincial de la UCR, Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad de la gestión del fallecido Miguel Lifschitz.

Recoger el hilo

El mismo día de los allanamientos a las sedes de Seguridad, Pullaro denunció que en el Ministerio de Seguridad santafesina funcionaba “una empresa criminal dedicada a la extorsión a través de inteligencia ilegal constituida y construida por el Estado”, lo que calificó como el “hecho más grave de la democracia santafesina”. También dijo que la cartera de Seguridad se dedicaba “a carpetear a políticos de la oposición”, aunque hasta ahora ninguna de las presuntas víctimas lo denunció.

Tres semanas después, cuando ya se sabe que los procedimientos no contaron con orden judicial, se realizaron sin testigos por decisión de una fiscal y, según las defensas, no se encontró “ninguna carpeta” violatoria de la legalidad entre la profusa documentación secuestrada, el diputado radical de Juntos por el Cambio parece haber comprendido los beneficios de la prudencia.

Para justificar sus dichos iniciales señaló en una entrevista del 19 de diciembre con Next TV que “hubo hechos concretos que marcan hacia dónde va una investigación; también hubo manifestaciones de funcionarios de primera línea del Ministerio Público de la Acusación”, aunque no precisó cuáles y, las “manifestaciones” de Baclini, por ejemplo, fueron posteriores a las de él.

 

De todos modos, recogiendo la línea dijo que “lo que parece haber sucedido en la provincia de Santa Fe es que dentro del Poder Ejecutivo había una empresa criminal dedicada a la extorsión de políticos, periodistas, sindicalistas, empresarios”, de la que desligó al actual ministro de Seguridad, Jorge Lagna.

“El hecho es sumamente grave. Sin saber los elementos de prueba, pero sí habiendo leído información muy concreta de los allanamientos que hubo en dos oportunidades en el Ministerio de Seguridad de la provincia, de material informático que existió, pero además de la lectura de derechos que es lo que podría asemejarse a una imputación de varios funcionarios (…) indudablemente cuando a un funcionario se lo está investigando por asociación ilícita, por violación a la ley de inteligencia, por negocios incompatibles a la función pública como fue lo que sucedió, quiere decir que hay pruebas para poder avanzar”.

El legislador aclara ahora que sus dichos refieren a “lo que parece haber sucedido” en Santa Fe y, agrega, que su dictamen está elaborado “sin saber los elementos de prueba”.

¿Será así, no los conocerá? Vínculos con la cúpula del MPA tiene. De hecho, en la misma nota dice que sus declaraciones se basan en haber “leído información muy concreta de los allanamientos”, a la que los acusados recién pudieron acceder –en forma parcial– la semana pasada.

El ex ministro Sain le respondió en la red social Twitter a la acusación de “empresa criminal” con una nota sobre la presunta financiación del Ministerio de Seguridad, conducido entonces por Pullaro, a abogados que defendieron a policías involucrados en la causa de la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, cuyo juicio oral para determinar responsabilidades penales se inició este mes en la Justicia Federal rosarina.

También adjuntó una fotografía del diputado radical junto al ex policía de narcóticos, Alejandro Druetta, condenado este año por narcotráfico y complicidad con una organización criminal.

Druetta fue uno de los policías en los que se apoyó la gestión del ahora diputado en su gestión de Seguridad.

Por sí o por no

También el 19 de diciembre se publicó en el sitio Letra P una entrevista al próximo presidente de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez, en la que el periodista Facundo Borrego le preguntó por los casos de mayor resonancia en materia judicial.

Por un lado sobre la resolución que debe emitir el máximo tribunal en relación al alcance de la ley de fueros, uno de cuyos artículos fue declarado inconstitucional por un camarista en la causa que se le sigue al senador Armando Ramón Traferri por su presunta participación en una red de juego clandestino y lavado de dinero.

—¿La Corte ya trabaja en el fallo sobre la inconstitucionalidad de artículos sobre los fueros legislativos, el tema de mayor tensión institucional?—, preguntó Borrego.

—Estamos trabajando. Quizás a la brevedad haya respuesta.

Esa resolución es crucial para el desarrollo del legajo que llevan adelante los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes hasta ahora consiguieron la condena por coimas y otros delitos a un fiscal, la imputación al jefe de los fiscales rosarinos, Patricio Serjal, y la condena mediante un juicio abreviado al capitalista de juego clandestino, Leonardo Peiti, quien declaró que le dio unos 200 mil dólares a Traferri para la campaña electoral, con el fin de poder ingresar al sistema de apuestas legales de la Lotería de Santa Fe.

Por otro lado, Letra P le preguntó a Gutiérrez, quien forma parte de lo que se considera el “elenco estable de poder” en la provincia –transversal a los partidos políticos y sobreviviente a las gestiones de gobierno– por la investigación sobre “supuesto espionaje ilegal”.

Con su prudencia habitual y su conocida economía de palabras, el magistrado dijo que “por ahora, hay una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Es un tema muy grave si se confirma y, si no, también”.

Es por lo menos llamativo que un hombre del Poder Judicial con la experiencia de Gutiérrez exprese públicamente que la investigación pueda no confirmarse. Y que, lógicamente, esto constituya “un tema muy grave”.

Activo en las redes sociales, el ex ministro Sain se preguntó ante esa respuesta: “¿Y si no se confirma (y no se va a confirmar), qué va a pasar con los fiscales Jiménez y Hernández, y con su protegido Carlos Arietti, protagonista del lawfare más deleznable visto en Argentina?”.

Por ahora, y con la escasa información oficial al respecto, la investigación parece orientarse a un caso de “excursión de pesca”, en el que los pesquisas buscan después –y no antes, como corresponde– elementos de prueba o indicios que permitan conformar la base de una acusación. Sin ellos, no pueden solicitar una audiencia imputativa formal bajo el control de un juez o una jueza.

El planteo de duplicación de los plazos por la “complejidad” de la causa, que les permitiría a los fiscales Jiménez y Hernández postergar los tiempos procesales hasta después de la feria de enero del año próximo, fue rechazado por las defensas, que requirieron una audiencia ante un juez/a para discutir el asunto. Tampoco obtuvieron respuesta todavía.

Carpetas audibles

La intencionalidad política en la causa por presuntas maniobras ilegales en la recolección de información por parte del Estado –que, de existir, constituye un claro delito federal que no puede ser perseguido por fiscales ordinarios–, quedó también de manifiesto en un comunicado de prensa difundido por el PRO de Santa Fe, que parece haber sufrido un fallido.

Si bien los seguidores del expresidente Mauricio Macri se tomaron unos días para fijar su posición –recién lo hicieron el 2 de diciembre, 6 jornadas después de producidos los allanamientos–, igual parecen haber pifiado.

“Desde el PRO Santa Fe manifestamos nuestra preocupación y repudio a los hechos que hoy son de público conocimiento en relación a la investigación de escuchas ilegales en la provincia de Santa Fe, bajo órdenes explícitas del Ministerio de Seguridad”, sostiene el comunicado.

El PRO se diferenció del resto de las fuerzas políticas que denunciaron la existencia de “carpetas” con documentación obtenida de modo reñido con las normas –entre ellos el propio Maximiliano Pullaro, con quien comparten coalición–, para repudiar la existencia de “escuchas ilegales”.

Como el día anterior a la emisión del comunicado Macri había sido procesado por ese delito a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, no habría que descartar que se trate de acto fallido, en términos freudianos.

La confusión del partido en el que milita el ahora ex concejal Roy López Molina, quien posee una mirada casi opuesta a la de sus co-partidarios, es de tal magnitud que en el mismo comunicado señalaron: “Estamos ante un hecho inédito del cual esperamos que, con transparencia, podamos conocer la verdad y encontrar a quienes realizaban y ordenaban actos de espionaje ilegal y que van en contra de la Ley de Inteligencia Nacional, y que constituyen hechos gravísimos en la democracia argentina”.

El párrafo siguiente al utilizado para denunciar una violación a la Ley de Inteligencia Nacional” solicita “que la Justicia Provincial pueda actuar con libertad (…), sin condicionamientos, esclareciendo los hechos y condenando a los responsables del  espionaje ilegal a periodistas, empresarios, dueños de medios de comunicación y políticos opositores”. Un claro problema de competencias.

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