La imposición de la ley de zonificación minera empujó a un pueblo agotado pero no dormido a una manifestación masiva que obligó a torcer la voluntad de las empresas transnacionales, logrando la derogación de la normativa a cinco días de aprobada la misma.
Diciembre guarda entre sus letras recuerdos de lucha para quienes habitamos las calles hace 20 años. Diciembre sabe a estupor, furia, dolor y sobre todo a una justicia que nunca llega para los familiares de las víctimas del 19 y 20 del 2001, para les integrantes de las diversas organizaciones populares de aquellos años.
En Chubut diciembre nuevamente nos convocó masivamente a las calles ante la promulgación de la ley de zonificación minera, pese a existir una ley, la 5001, que prohíbe la actividad. Cinco días de resistencia ante las políticas extractivistas encarnadas por un arco político provincial variopinto y sostenidas e impulsadas por el gobierno nacional.
El miércoles 15 de diciembre la legislatura provincial aprobaba por 14 votos a favor y 11 en contra el proyecto de ley 128/20 de zonificación minera presentado irregularmente hace un año por el gobierno de Mariano Arcioni. Luego de 5 días de manifestaciones masivas en las calles, en los que la represión y el uso desmedido de la fuerza por parte de las diferentes fuerzas de seguridad provincial intervinientes resultaron en decenas de detenidos y heridos, el gobernador tuvo que ceder y pedir a la legislatura la derogación de la ley que él mismo días atrás había promulgado.
En la mañana del martes 21 la misma legislatura que aprobaba entre gallos y medianoche la zonificación minera votó por unanimidad la derogación de la misma. El proceso legal indica que es ahora Mariano Arcioni el que debe promulgar esta medida.
La maniobra que garantizó legalidad pero no legitimidad
Desde sus comienzos la hoy derogada ley de zonificación minera que pretendía avanzar con la actividad a gran escala tuvo serias irregularidades en relación a la normativa vigente.
El 20 de noviembre del año pasado ingresaba a la legislatura la Ley de Iniciativa Popular (IP), con 30.600 firmas de vecines de toda la provincia, realizada por la Unión de Asambleas Comunitarias de Chubut (Uacch) que juntó voluntades en medio de las medidas de prevención contra la pandemia y un invierno de grandes nevadas. Ese mismo día, por la tarde, el poder ejecutivo de la provincia ingresaba un proyecto contrario a la voluntad popular, pero afín a las voluntades empresariales, la denominada Ley de “Desarrollo industrial minero metalífero sustentable de la provincia del Chubut”, conocida como la ley de zonificación minera. Sobre el momento de su ingreso hubo hermetismo, nadie, ni siquiera los propios legisladores, conocería su contenido hasta tres días más tarde, opuestamente al proyecto de la IP sobre el que hubo acto público. Así mismo, la numeración del proyecto del Poder Ejecutivo tiene una numeración anterior a la Iniciativa Popular, aunque fue ingresado posteriormente.
Por otro lado, mientras el proyecto de la IP fue enviado a dos comisiones para su tratamiento, el del poder ejecutivo sólo a una. El proyecto de la Iniciativa Popular puntualizaba en detalle acerca de las restricciones que impusiera la Ley XVII Nº68, denominada 5001, en relación a tóxicos utilizados para la actividad megaminera y en relación a la imposibilidad de la zonificación como estrategia. El proyecto del ejecutivo, justamente, utilizaba estas zonas grises de la ley existente para evitar modificarla y encontrarse con el rechazo popular. Incluso el proyecto de ley de zonificación minera se vale del artículo 2 de la misma, pero la vigencia del mismo debía tratarse para que este proyecto de zonificación pudiera llevarse adelante y esto nunca se realizó.
El proyecto de zonificación que fue ley durante cinco días viola, por un lado, el acuerdo regional Escazu, firmado por 24 países de América Latina y el Caribe. Un tratado internacional, ratificado en Argentina por la Ley n° 27566, que exige acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia de asuntos ambientales. Y en segundo lugar atenta contra el Convenio 169 de la OIT, que prevé una consulta pre-legislativa, previa, libre e informada al mundo indígena, lo que nunca se realizó.
Sí, durante el transcurso de este año, se realizaron debates virtuales en relación al tratamiento en comisión del proyecto del ejecutivo con la Federación Empresaria del Chubut, la Cámara Industrial de Puerto Madryn, la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Geólogos, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, la Cámara de Industria y Comercio de Puerto Madryn y Rawson, la Cámara de Empresas del Golfo San Jorge, la Cámara de Comercio de la Meseta, la Sociedad Rural del Valle del Chubut y la Unión Industrial de Chubut.
En mayo del corriente año, sin tratamiento real en las comisiones a las que había sido derivada, se rechaza el proyecto de ley de Iniciativa Popular que pretendía clarificar las zonas grises de la ley 5001 y dejar asentada las medidas legales para una protección efectiva en todo el territorio chubutense que impida la actividad megaminera. El rechazo fue vergonzoso ya que nunca se le dio voz en ningún recinto de la legislatura, ni en comisiones ni durante las sesiones ordinarias, a quienes promovían la iniciativa, tampoco a ninguno de los organismos de ciencia y técnica, universidades nacionales que acompañaban el proyecto, ni mucho menos las comunidades mapuche tewelche de la zona.
Durante mayo de este año, las comunidades originarias de la meseta, zona en la que se pretende avanzar con la actividad megaminera, se opusieron al tratamiento del proyecto de zonificación del ejecutivo porque no fueron consultadas sobre esta otra iniciativa no tan popular. De este modo, las Comunidades Mapuche “Lof Lefimi”, “Los Pino”, “Mallin de los Cual” y “Chacay Oeste y Laguna Fría” presentaron un recurso legal para que se consulte y se permita la participación de los Pueblos Indígenas en las decisiones que involucren al territorio.
Sin embargo, las cartas ya estaban sobre la mesa, y los intereses presionaban. Estos intereses ya habían sido expuestos en diciembre de 2020, al momento de presentación del proyecto por parte del ejecutivo, en audios que se filtraron en los que se explicitaba el pago de diez millones de pesos a los legisladores para que voten a favor, así como en una cámara oculta donde un legislador de Juntos por el cambio era expuesto coimeando a un empresario minero.
Estas presiones llevaron a un acalorado cierre de sesiones 2021, en donde las especulaciones estaban al orden del día. Quedaban dos sesiones ordinarias para que termine el año y aún el proyecto no había sido tratado. Las asambleas de vecines se organizaban con distintas actividades en varias localidades de la provincia, porque se sabía de las intenciones de tratamiento para esos días. Los gremios se fueron expresando a favor y en contra de unos y otros, el sindicato de camioneros, petroleros, la UOCRA, a favor de la zonificación –gracias a una cláusula agregada al proyecto en la que se establece que un porcentaje de las regalías mineras vaya mensualmente a las arcas de los sindicatos–; por otro lado, los sindicatos de pescadores, la CTA, entre otros, en contra. El día 15 de diciembre, había sesión especial para dar ingreso a tres postulantes al Superior Tribunal de Justicia que garantizarían la cobertura legal del proyecto. Luego de esta sesión se convocó a sesión ordinaria, la que no estaba anunciada, y luego del primer cuarto intermedio, con los votos contados –a favor, en contra y ausentes– se votó por la aprobación de la ley de zonificación minera. Esa que, con el pueblo en las calles, debieron derogar.
Las fuerzas políticas de quienes votaron a favor, son variadas: Chubut al frente, Cultura, Educación y Trabajo, Visión Peronista, Integrando Chubut, Frente de Todos. Al igual de quienes votaron en contra: Frente de Todos, Chubut unido, UCR, Chubut al frente.
Mientras, afuera de la legislatura y en otros puntos de la provincia, se organizaban manifestaciones de vecines que intentaban visibilizar lo que se estaba haciendo a espaldas del pueblo.
La crisis provincial
La provincia de Chubut viene atravesando hace tres años una gran crisis económica y social fruto del endeudamiento durante el gobierno de Das Neves, hoy fallecido, y Arcioni como vicegobernador. Actualmente la deuda suma aproximadamente 120 mil millones de pesos, surgida en 2016 en el marco de un acuerdo celebrado con el gobierno nacional de Mauricio Macri. Los fondos iniciales nunca se destinaron a las obras previstas, y el endeudamiento sucesivo fue parte de un círculo vicioso para hacer frente a este primer monto y a los compromisos que tienen por garantías las regalías petroleras.
Esta crisis profunda que atraviesa la provincia llevó al escalonamiento en el pago salarial de les trabajadores estatales, que estuvieron por años con meses de atraso en el cobro de sus sueldos y que, actualmente, no han tenido aumentos compensatorios en función de una inflación anual que ronda el 45 por ciento.
Así mismo, la desinversión en obra pública es preocupante teniendo en cuenta los incendios de marzo del corriente año ocasionados, de acuerdo al avance de la investigación en la justicia, por el tendido eléctrico deficiente. Siendo necesario mencionar que desde que el estado provincial se hizo cargo del mismo, hace 40 años atrás, no se ha realizado obra alguna en un tendido que atraviesa kilómetros de zona boscosa y ventosa. Ni siquiera la prevista en el presupuesto 2021 aprobado por legislatura, situación que en la actualidad lleva a la realización de un acuerdo interprovincial reciente con la lindante Río Negro para que, en la zona de cordillera, sea la empresa del magnate inglés Joe Lewis la encargada, en un futuro, de mejorar en esta sección las líneas de baja, media y alta tensión.
La lucha por el agua y el territorio
En 2003 se iniciaba la lucha en la cordillerana ciudad de Esquel contra el avance de la actividad megaminera en la provincia de Chubut. La lucha del pueblo estableció límites para las mega empresas transnacionales interesadas en la explotación de recursos con métodos prohibidos en sus países de orígenes y los funcionarios políticos de turno dispuestos a darles vía libre. Los límites tenían sus fisuras y por allí se introdujeron las formas de asedio de los capitales trasnacionales que, no es sorpresa, buscan extenderse. La zonificación minera y los permisos de exploración y cateo fueron la forma de continuar el hostigamiento a un pueblo, que en sus múltiples sectores coincide en que el agua es un bien escaso que debe preservarse, las montañas no pueden ser explotadas y que es necesario encontrar otras vías de desarrollo que realmente vuelvan al pueblo y no alimenten las arcas de empresas que a cambio de unos pocos puestos laborales, dejan como saldo una enorme contaminación ambiental y social, como el negocio de drogas y trata de personas en los enclaves productivos, y unos pocos pesos que van a parar a pagar la deuda contraída con estas mismas firmas.
La cuenca de agua que el proyecto de zonificación minera deja a expensas de la Pan American Silver, a través del denominado Proyecto Navidad, se denomina Sacanana, es una fuente subterránea de agua dulce que tiene unos 5.500 kilómetros de extensión y se comunica con los cursos de agua superficiales y con el océano Atlántico, la única en la provincia. Una de las comunidades que habita sobre la superficie de este territorio es la comunidad Yala Labuat, que se abastece de agua de esta cuenca y hace 8 meses que se encuentra sin este suministro esencial para la vida. La comunidad acudió a la Dirección de Obras Públicas de la provincia pero hasta el momento no han obtenido respuestas. Gracias a las movilizaciones de las asambleas y organizaciones sociales lograron que llegara un camión con perforadora del gobierno –el único–, pero no estaba en condiciones de funcionar y nunca se pudo terminar la obra para abastecer de agua a la comunidad. Mientras, extorsivamente, se dice que cuando la actividad minera se permita ya no habrá problemas en el acceso a servicios básicos, que son, en definitiva, derechos humanos. Si esto no es extorsión ¿qué es, qué es?
La perspectiva es la lucha
Los días entre la aprobación de la ley de zonificación minera y su derogación transcurrieron en las calles, la primer tarde noche la legislatura fue el lugar del que salieron las fuerzas represivas del Estado y donde se detuvo a las personas que se manifestaban en contra de lo que estaba ocurriendo en el recinto. Heridos de balas de goma y un desenfreno que se profundizó y extendió a lo largo de los barrios de la ciudad de Rawson en particular. Incendios en edificios públicos como la legislatura, el Supremo Tribunal de Justicia, incluso el diario Chubut, uno de los principales voceros de la iniciativa minera en la provincia fueron parte de un escenario dantesco que mostraba a las claras –no a los autores de estos hechos– pero sí la falta de legitimidad que tiene esta actividad extractivista y que el gobierno que insiste en imponer a toda costa. La expresión de múltiples sectores, sobre todo la de sindicatos como los pesqueros, que pararon los barcos en el puerto, empujaron a rever la estrategia empleada para introducir la megaminería en la provincia, pero la derogación no es el final de la contienda. Saben que no tienen licencia social, que no hay respaldo de estudios ambientales respetables, que es una actividad que dañará otras actividades productivas que ya se realizan en la provincia, pero insisten en un modelo que tiene fecha de caducación. El gobernador anunció su intención de plebiscitar el proyecto, sin embargo, el pueblo en las calles ya se expresó. Más allá de los discursos, claramente el arco político construido a fines de introducir la megaminería en Chubut no está dispuesto a dialogar, sino a entrever la ventana –en términos del mismo Arcioni– por donde sea posible silenciar a un pueblo que aguantó balas, persecución y hostigamiento durante una semana entera y que viene pronunciándose en contra de la megaminería por más de veinte años.
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