La investigación por “espionaje ilegal” ya no procura encontrar carpetas ni escuchas. Se contenta con búsquedas en una base de datos paga. Su versión mediática avanza más que la judicial.

Tras las “revelaciones” periodísticas sobre presuntas consultas a bases de datos pagas por parte de funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, su ex titular, Marcelo Sain, dijo que “nos hubiera gustado que nos imputaran” en la causa por supuesta recopilación ilegal de información. “Ya que armaron tanto bardo en los medios los fiscales, porque hicieron un mise en scene en los medios, si tenían para darle tanto chivo a la prensa, ¿por qué no lo pusieron en una audiencia y ahí íbamos a discutirlo?”, se preguntó el actual asesor de la cartera de Seguridad nacional. También sostuvo que la grandilocuente acusación pública –no judicial- sobre una red de espionaje ilegal montada desde el Gobierno de Santa Fe, adelgazó en 40 días a un señalamiento por la búsqueda de datos en bases de abono mensual. “De aquella magnitud de la acusación mediática, ahora estamos hablando que desde el Organismo de Investigaciones (OI) y del Ministerio se entró a Sudaméricadata, que es una base de datos de información pública que vos contratás por 800 pesos por mes, en la que cualquier banco o periodista entra”.

Como la investigación llevada adelante por los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez a partir de los allanamientos a las sedes Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad se bifurcó en sus versiones mediática y judicial –la primera sobreexpuesta, la segunda en estricta reserva- es difícil determinar cuáles son las evidencias con las que cuentan los investigadores, que deberían darse a conocer en una audiencia imputativa.

Por ahora la audiencia no tiene fecha. Por la feria judicial de enero, se puede conjeturar que su realización será en febrero. Los fiscales pidieron la duplicación de plazos –lo que les permitió patear la imputación para el segundo mes de este año mientras aguardan el pique de la excursión de pesca- mediante el fundamento de la “complejidad” de la causa.

Si tras los allanamientos del 26 de noviembre del año pasado a las sedes del Ministerio recién advirtieron que desde la cartera se hicieron consultas a Sudaméricadata, no queda claro cuál era la evidencia o indicios colectados con anterioridad, atento a que esta causa es el desprendimiento de otra, seguida a una funcionaria del OI.

Las “mil carpetas” secuestradas cuyo contenido presumían la existencia de “una empresa criminal dedicada a la extorsión a través de inteligencia ilegal constituida y construida por el Estado”, según adelantó el fiscal general Maximiliano Pullaro, se emparentan a 40 días de los allanamientos con el título del libro de Eduardo Sacheri, luego convertido en película, Papeles en el viento.

Los “carpetazos” denunciados a pocas horas del procedimiento por el también diputado provincial Pullaro se han transformado, a poco menos de un mes y medio, en presuntas frenéticas búsquedas en una base de datos paga, cuyo acceso está al alcance de cualquier bolsillo medio. La idea de la excursión de pesca adquiere más elementos que la refuerzan a medida que transcurre el tiempo.

Extorsión sin extorsionados

Otro dato llamativo de la investigación, sobre el que ya se preguntó El Eslabón en anteriores ediciones, es por qué si las presuntas maniobras ilegales en la recopilación de información desde oficinas del Estado provincial tenían por objetivo extorsionar a distintas personas, todavía no se conoce alguna víctima de “los carpetazos”.

“En la lógica del montaje del lawfare de estos fiscales en cuestión, lo que me pregunto es ¿a quién extorsioné yo? ¿Dónde están las extorsiones?”, dijo Sain el miércoles 5 de enero en una entrevista con el programa Turno Mañana, de la radio LT3.

“Desde que asumí como ministro inventaron el chamullo, (el senador Armando) Traferri lo hizo, de que yo había montado una estructura de espionaje e inteligencia, porque él empieza esto con su abogado, y terminó en una acusación de ser uno de los líderes de la asociación ilícita más importante de Santa Fe, eso es una investigación criminal y cada vez se está sabiendo más”, abundó el ex ministro.

Sain sostuvo que Traferri “inventó eso de que teníamos una estructura de inteligencia, pero no apareció una sola persona que diga que tiene un mensaje en el que lo apretaron, «me dijeron hacés esto o decís esto»”.

Foto: Gobernación

El ex funcionario provincial señaló que “lo que es cierto es que cuando se abrieron los efectos secuestrados en aquel allanamiento, fue eso porque secuestraron teléfonos particulares, requisaron bienes personales, se entrometieron en cuestiones que iban más allá de bienes del Estado, le dieron mucha difusión cuando salían con las cajas, pero no se encontró una sola carpeta”.

El abogado Juan Lewis, que representa en el caso a cinco ex funcionarios de la cartera de Seguridad, había revelado también que tras la apertura de las bolsas con la documentación secuestrada el 26 de noviembre en las sedes de Seguridad “no hay absolutamente ninguna carpeta, ningún perfil, hecho por fuera de alguna investigación judicial o de una investigación judicial por enriquecimiento ilícito de policías”.

“Nada que pudiera justificar lo que están diciendo. Había muy pocos perfiles y carpetas de investigaciones, y la mayoría eran de causas conocidas”, abundó.

Según Lewis, “todas las investigaciones estaban hechas en el marco de una causa, ordenadas por un fiscal o que tenía que ver con el enriquecimiento ilícito de policías”. 

Carpetazos sin carpetas

El diario digital Rosario3.com reveló en dos notas publicadas esta semana la presunta existencia de búsquedas de datos particulares de personalidades públicas, tanto de la política como del negocio de la salud privada.

Una titulada “Espionaje ilegal: detectan maniobras sobre funcionarios, dirigentes de otros partidos y hasta sobre sus familiares”, asegura que las personas sobre cuyas identidades se habrían realizado búsquedas “serían víctimas de «carpetazos»”, aunque en el desarrollo de la nota aclara que “no necesariamente son «carpetas» que la Justicia halló, ya que no sería lo más relevante de la causa”.

Afirma que “son fundamentalmente consultas masivas –unas 15.000– a bases datos realizadas en sistemas disponibles para el Estado y con claves asignadas a funcionarios para obtener información, por ejemplo, patrimonial o referente a viajes, sociedades y más”.

El último párrafo asegura que “de la prueba poco se conoce. La audiencia imputativa, el lugar apropiado para que los fiscales la hagan conocer y un juez o jueza la valore, no está prevista para antes de febrero”. Para los ansiosos, por fortuna existen los trailers.

El sitio web de negocios y economía, Puntobiz, publicó durante la semana un listado con 661 nombres de personas físicas y jurídicas, entre ellas el del Concejo Municipal de Rosario y el Aeropuerto Internacional local, como parte de la investigación de los fiscales.

La nota fue titulada: “La lista de los «espiados» por Sain incluye mucha gente de negocios”. ¿Se puede espiar a una institución? ¿Qué dirán el Concejo, el Aeropuerto o el Club Newell’s Old Boys cuando se lo escucha?

Armado político

“Cuando el OI emprende una investigación sobre organizaciones criminales, porque está para eso, no para las tonterías que mandaba a investigar (el fiscal Regional de Santa Fe, Carlos) Arietti y (el de Rafaela, (Diego) Vigo, delitos menores, vos cepillás toda la información de las personas que están dentro de la causa, que es de carácter pública, y hacés explotación de redes”, explicó Sain en la entrevista con LT3.

Agregó que “la información de acceso privado, que hace a la intimidad de las personas, requiere de autorización judicial. Así que no estamos hablando de inteligencia ilegal. Lo que pasa es que se les empieza a caer el armado político”.

Sain también reveló públicamente algo que se rumiaba en privado. La presunta participación en los allanamientos a Seguridad de su actual titular, el ministro Jorge Lagna, lo que suma condimento político a la causa cuyos principales voceros provienen de esa esfera de actividad.

“Él participó de ese allanamiento, Lagna tuvo reuniones previas con Arietti (jefe de los fiscales Hernández y Jiménez, de pública enemistad con Sain). Digámoslo blanco sobre negro, él sabía que llegaban al allanamiento”, reveló Sain.

También sostuvo que la interna en la cartera de Seguridad “a Perotti lo perjudicó enormemente (porque) quedó secuestrado por el Partido Justicialista tradicional”.

Por último, insistió en que “Lagna sabía del allanamiento, estaba al tanto, tuvo varias reuniones con (el secretario de Justicia provincial, Gabriel) Somaglia y con Arietti”. Total normalidad.

En la primera nota publicada por este semanario sobre este tema, se planteaba que “tan grotesco luce todo que ni la prensa ni las oposiciones políticas se preguntaron sobre la posible responsabilidad del actual ministro Lagna, que ejerce el cargo hace ocho meses, acerca de la supuesta existencia de una estructura de espionaje ilegal que habría funcionado en la cartera que conduce, a pocos metros de su despacho, según las crónicas periodísticas aludidas por Pullaro. ¿No debería ser el ministro el principal sospechoso de lo que ocurre en su cartera? Determinar quién advirtió a los fiscales que el viernes 26 un grupo de seis funcionarios del Ministerio de Seguridad rompía papeles en las oficinas que dejaban, luego de presentar sus renuncias y no antes, tal vez permita aportar un poco de luz sobre la todavía opaca trama”. A pesar del calor y los cortes de energía, algo de luz se hizo.

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