Ante los cortes de energía estivales, desde la Oficina de Defensa del Consumidor proponen posponer el aumento, anunciar un plan de reparación integral y la creación de un órgano de control.

Calor, temperaturas impiadosas, sin luz y por ende, sin agua. ¿Algunos de los elementos citados son novedosos en los últimos estíos? No. Son situaciones recurrentes, esperables y hasta mensurables en el nuevo marco de cambio climático. ¿Por qué entonces las prestadoras de servicios básicos consideran cada verano un factor sorpresa y cada grado en el termómetro una de las Siete Plagas? Al final enero es el de siempre: cortes de energía, mercadería y alimentos perdidos, comercios con los generadores atronando en las veredas, ancianos confinados en edificios, interrupción de trabajo y vida cotidiana, angustia. Las respuestas no parecen haber llegado de la audiencia pública que el pasado 7 de enero organizó la EPE, por zoom, para conocer la opinión de los usuarios sobre el 25 por ciento de aumento en las tarifas. El encuentro se realizó  en un marco de cortes de luz para miles de rosarinos, que la misma empresa estimó en términos estadísticos, sólo el seis o sólo el tres por ciento, salteando la empatía que le fue reclamada en las conclusiones de la reunión y que incluyó la contundencia del diputado por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade: “No convalidar ningún aumento hasta que se profundice la transparencia y democratización de todos los números de la EPE”. 

Claro que como la audiencia no es vinculante, el planteo del legislador tal vez no pase de la reunión virtual, a la que había que enviar con anticipación los fundamentos de los cinco minutos de exposición, sin respuestas, porque la versión de la empresa quedó plasmada en un power point y en la exposición inicial de sus autoridades. Eso tal vez explique porqué sólo hubo 23 inscriptos, considerado como récord por los convocantes y que no pasó inadvertido para el titular de la Oficina de Defensa del Consumidor, Antonio Salinas: “Si somos tan pocos oradores representando a 1.300.000 usuarios, qué mal que estamos en términos de participación”.

“Lo que nos debe la EPE, a los usuarios y a los consumidores, es la transparencia y la honestidad de decirnos qué está pasando realmente y cómo lo van a solucionar. Pero eso no está pasando, en el medio se meten argumentos, excusas y cortocircuitos”, graficó Salinas. Y dijo que “más allá de las diferencias y los números, que dependen de cómo se presenten, la EPE debe hacer un pacto con la sociedad santafesina, para que podamos seguir defendiéndola como empresa pública, pero eso no significa comerse todos los sapos”.

“Necesitamos que nos digan, cuáles son los problemas, cuánto sale arreglarlos, y cuánto tiempo va a demorar, así la sociedad sabrá qué esperar, en qué medida y en qué tiempo”, dijo Salinas, y agregó que las discusiones de gestión entre portavoces del gobierno actual y anterior de la provincia “enturbia y hace ruido en la discusión, hoy estamos atravesando una crisis energética, cómo hacemos para salir, esta es la clave”.

Salinas debutó al frente de la Oficina del Consumidor casi en simultáneo con los reclamos por cortes de luz prolongados. “Salimos al encuentro de esta situación, recorriendo los barrios afectados y asesorando a los vecinos sobre el concepto de reclamo colectivo, que tiene mayor capacidad argumental y porque las soluciones colectivas son la única manera”, relató, y citó el que ya se está gestando en el Centro Comercial Ayacucho.  

“Los que fuimos con dudas, nos quedamos con dudas porque no hubo respuesta a los planteos cuando terminó la ronda de expositores, concluyó la audiencia”, señaló. Los planteos desde Defensa del Consumidor comenzaron por considerar “muy poco oportuno proponer aumento y convocar a una audiencia en medio de una crisis energética, muy fuera de tiempo”, explicó.

En ese marco, Salinas propuso posponer el aumento, en virtud de la empatía que debería tener la empresa por su carácter público, al segundo bimestre. El lapso debería utilizarse para presentar un plan de acción “bien claro, sin tecnicismo, sobre la reparación y saneamiento del sistema en los lugares donde ya se sabe que colapsa, la EPE debe decir de cara a la gente, cuáles son las obras que resuelven la situación de Rosario, con los montos de inversión y plazos de ejecución, eso es transparentar”, enfatizó.

Además del plan de acción, Defensa del Consumidor pidió un cuadro tarifario progresivo, ya que la EPE sólo segmenta las tarifas en función del consumo. “Proponemos sumar otros criterios, como el ingreso de los usuarios, no puede ser un aumento igual para un vecino de Parque Casas que tiene un servicio un tanto deficitario y sus ingresos no le permiten afrontar el aumento, que para quienes habitan torres de edificios electro intensivos o barrios privados”, detalló. Además, proponen sumar el concepto de radios catastrales, tal como se utiliza en otros tributos, para segmentar los aumentos, “ya que esto muchas veces se condice con las inversiones de las empresas que prestan servicios”.

Desde ese enfoque, Salinas repasó datos del informe oficial de la EPE, que no deben pasar desapercibidos: 3.300 grandes usuarios acaparan el 53,7 por ciento del consumo total, mientras que un millón trescientos mil usuarios concentran el 46,3 por ciento. Otro dato que define como preocupante es “que el 90 por ciento de los edificios a construir el año próximo serán electro intensivos y en el distrito centro que es el sector con más cortes. Nos preocupa muchísimos que se hagan inversiones para este tipo de torres pero todavía no se pueden hacer las inversiones necesarias para los lugares históricos con cortes de luz, allí hay una situación de prioridades que nos parece bastante complicada”, destacó.

“Lo que proponemos es que primero se haga un plan de saneamiento de las redes existentes, que tengamos un acceso a la energía quienes ya somos usuarios, para luego comenzar el debate para sumar ese tipo de torres”, analizó Salinas. Y dijo que otro punto que llevaron a la audiencia es la necesidad de las 40 mil familias rosarinas que viven en los 112 barrios populares, que no acceden formalmente a la red. “Si se los integra, comenzarían a pagar el servicio y se sanearía la red”, comentó, y detalló que la inversión prevista para estos barrios en la provincia, es del 0,5 por ciento del Presupuesto, que curiosamente, a septiembre de 2021, estaba subejecutado.

“La EPE, a diferencia de cualquier otra empresa prestataria de servicios, no tiene un ente de control, no tiene nadie que lo regule, lo monitoree, como el Enress en el caso de Aguas. Por eso propusimos que habría que avanzar en nuevas legislaciones, incorporando organizaciones de usuarios, universidades públicas y vecinales, es decir un órgano colegiado de control capaz de proponer nuevas relaciones”, destacó. 

Una lástima que no exista un ente regulador, porque se le podrían plantear algunos interrogantes: ¿Las torres electro intensivas no deberían tener sus propios paneles solares? ¿Es posible elevar el límite térmico en función de las altas temperaturas que trae el cambio climático? ¿Por qué falla la infraestructura de distribución eléctrica? ¿Por qué se llega a una deuda tan importante en la compra de energía? Sólo a modo de ejemplo, claro.

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