Bajaron los asesinatos en la provincia, subieron en Rosario. Una policía casi ajena al mundo del crimen, que no tira ni un tiro. Los límites de la autonomía de la fuerza y la delegación política del gobierno de la seguridad en una institución secundaria.

Las estadísticas oficiales sobre el empleo de la violencia altamente lesiva muestran que en 2021 Santa Fe registró menos homicidios que un año antes e igual número que en 2018, aunque el departamento más poblado y conflictivo de la provincia, Rosario, cerró el año con 241 asesinatos, la cifra más alta de los últimos siete períodos aunque menor a 2014, desde que el Observatorio de Seguridad Pública mide la incidencia de ese fenómeno criminal. Los datos también revelan la ineficacia policial para “controlar la calle” y regular el delito –de forma legal o al margen de las normas–, atento a que de los 358 homicidios ocurridos el año pasado en la provincia sólo 10 se explican por el “uso de la fuerza de miembros de Fuerzas de Seguridad”, cuya capacidad para situarse lejos de los diarios tiroteos que vive la ciudad es notoria.

Sin control efectivo de las calles por parte de la fuerza de seguridad en relación al delito y a las organizaciones criminales que operan fundamentalmente en Rosario, y sin conducción política de la policía, el resultado continúa siendo el mismo, con subas o bajas estacionales que no modifican estructuralmente el conteo de muertos por el empleo de la violencia letal. Así, las estadísticas criminales parecen más útiles como insumo periodístico en un verano despoblado de noticias o para el uso político de los opositores que –lo adviertan o no– no hacen más que jugar con fuego si su voluntad de poder es la de convertirse en Gobierno.

Para abajo

El último informe sobre homicidios elaborado por el Observatorio de Seguridad Pública, publicado esta semana y abarcativo del año que terminó hace quince días, muestra que el número de homicidios en la provincia descendió en 2021, en relación al período anterior.

El año pasado se registraron 358 asesinatos en todo el territorio provincial, mientras que en 2020 habían sido 375 y en 2019 alcanzaron a 338. Un período antes se reportó la misma cantidad que el año pasado: 358 víctimas de la violencia altamente lesiva. Así, los números de asesinatos de 2021 se ubicaron por debajo de 2014, 2015 y 2016 en Santa Fe.

“La evolución temporal de la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes muestra un comportamiento similar al descrito para la cantidad de víctimas, dado que el tamaño poblacional de la provincia de Santa Fe no ha variado drásticamente a lo largo del período de acuerdo a las proyecciones poblacionales utilizadas. En el año 2021, la tasa de homicidios en la provincia de Santa Fe se coloca en torno a las 10 víctimas cada 100 mil habitantes, un valor superior a los registrados para 2017 y 2019 –en esos dos períodos el índice no llegó a 10– y muy por debajo de los elaborados para los primeros años de la serie temporal analizada”, dice el informe.

Desagregado por territorios, teniendo en cuenta que el 90 por ciento de los crímenes ocurrieron en los departamentos La Capital y Rosario –con preponderancia de este último, como ha ocurrido en los períodos anteriores–, los datos se dan vuelta.

Es decir, en Rosario, la ciudad más poblada de la provincia, el número de asesinatos se incrementó el año pasado en relación a 2020 y a los seis años anteriores, aunque el registro se ubicó por debajo de 2014, cuando se reportaron 254 homicidios intencionales.

Para arriba

El trabajo estadístico señala que en 2021, con 241 homicidios ocurridos en las ciudades que integran el departamento Rosario, el territorio con eje en la localidad homónima, se registró un récord de casos en los últimos siete años.

En 2020 –y a pesar del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus– hubo un número sensiblemente inferior (213 casos); en 2019 un marcado descenso (169) y en 2018 se reportaron 204.

Sólo en 2014, el primer año de la serie que analiza el Observatorio, el registro superó al del año pasado, con 254 asesinatos intencionales en el Departamento Rosario.

La tasa de homicidios, que mide el número de hechos ocurridos casa 100 mil habitantes –como se mide a nivel internacional–, releva una alta incidencia de ese tipo de delitos en la criminalidad local. Nada nuevo, por cierto, aunque no por eso menos preocupante.

Según el informe, la tasa de homicidios muestra que en el departamento Rosario ascendió a 13,61 el año pasado, mientras que en La Capital fue de 10,05, muy por encima del promedio nacional que se ubica alrededor de 5 casos cada 100 mil habitantes.

Como en los últimos años, la mayor parte de los homicidios ocurridos en Rosario tienen como medio el uso de armas de fuego, cuya proliferación constituye otro de los problemas de seguridad pública de la provincia.

De acuerdo al trabajo del Observatorio, el 85,5 por ciento de los homicidios se cometieron con un arma de fuego, mientras que el 7,1 tuvo como medio empleado para tal fin armas blancas. El resto está en investigación.

Los registros por género también confirman la orientación previa: el 90,1 por ciento de las víctimas de la violencia altamente lesiva durante 2021 en el departamento Rosario fueron varones.

En su mayoría son jóvenes y de barrios populares, como ya se sabe. Un 20,6 por ciento corresponde a chicos de 20 a 24 años, idéntico guarismo que para la franja etaria siguiente, de 25 a 29 años.

El 10,8 por ciento de las víctimas de homicidios tenía entre 15 y 19 años y un 12,2 entre 30 y 34.

En esas franjas etarias y de género aparecen tanto las víctimas como la mayoría de los victimarios, que suelen ser muy parecidos.

Vamos las bandas

Otro fenómeno “rosarino” acerca de los índices de homicidios vuelve a repetirse en las estadísticas de 2021. La mayor parte de los delitos contra las personas se explican en las disputas entre organizaciones criminales por una tajada de los mercados ilegales, con mayor relevancia el de la venta al menudeo de drogas ilegalizadas.

El 59,8 por ciento de los asesinatos del año pasado en Rosario estuvo ligado al ítem “economía ilegal/organizaciones criminales”, según la calificación utilizada por el Observatorio de Seguridad Pública. Fueron 10 puntos más que los de 2020.

Las investigaciones judiciales de los hechos revelan que los “conflictos interpersonales” explican el 17,4 por ciento de los 241 homicidios intencionales, ítem que en 2020 abarcó al 31,5 por ciento de los asesinatos.

Otros datos que se repiten son los que miden la distribución de los homicidios “según si existió planificación”. El trabajo estadístico señala que en el 76,4 por ciento de ellos, en el departamento Rosario, la hubo. Es decir, la víctima fue previamente seleccionada y la ejecución premeditada.

El empleo de sicarios o de jóvenes que integran los elencos más o menos estables de las organizaciones criminales para cometer los asesinatos es otro rasgo que se profundiza.

“El porcentaje de muertes violentas en el departamento Rosario en las que se detectó un mandato o pacto previo en la ejecución es cercano a la mitad de los homicidios cometidos durante 2021. Este indicador es bastante más alto que el registrado a nivel provincial (35,6 por ciento), y mucho más elevado que en La Capital (7,5)”, sostiene el documento oficial. El 47,1 por ciento de los asesinatos tuvo un mentor distinto del ejecutor.

Las estadísticas también revelan que unas 24 víctimas de asesinato durante el año pasado en Rosario fueron “por error”. Es decir que no eran –según las investigaciones judiciales– los destinatarios principales de la agresión letal.

Qué policía

Un dato del anuario sobre homicidios en Santa Fe refuerza la idea de que la fuerza de seguridad provincial no posee el “control de la calle”, tanto de modo legal como por medio de una regulación ilícita de las tramas criminales.

Con operaciones de tráfico de estupefacientes homologables a las de ciudades del conurbano bonaerense o cordobés, Rosario muestra una faz violenta que no se registra con el mismo énfasis en otras regiones del país equiparables.

El fenómeno posee varias causas, una de ellas puede buscarse en la ineficiencia policial. Si la Bonaerense ejerce un control sobre los mercados ilegales por medio de una delegación del gobierno de la seguridad por parte de la política –a cambio de no tener “malas noticias” en esa materia, o sobresaltos políticos–, en Santa Fe el viejo pacto política-policía fracasó prematuramente.

La autonomía policial respecto de las decisiones en materia de seguridad y el autogobierno de la fuerza se frustró aquí en poco tiempo, con los gobiernos del Frente Progresista, y eso quedó evidenciado en los índices criminales por encima del promedio nacional.

El informe del Observatorio muestra que de los 358 homicidios ocurridos el año pasado en Santa Fe, sólo 10 obedecen al “uso de la fuerza de miembros” de la Policía de Santa Fe.

En la ciudad de las balaceras y los tiroteos cotidianos, es extraño encontrar un enfrentamiento entre personal de la fuerza y los criminales. Ni bajo la modalidad de violencia institucional –gatillo fácil– ni como consecuencia de una intervención operativa.

La mayoría de las investigaciones judiciales sobre narcotráfico en las que aparecen involucrados miembros de la fuerza de seguridad, los muestran como “empleados” de las bandas criminales, no como “reguladores” de ese negocio ilícito.

Los intentos por modernizar el sistema de seguridad provincial –construyendo una burocracia civil especializada– y reformar la fuerza de seguridad, para adaptarla en su estructura institucional y operacional a los desafíos que enfrentan las principales ciudades de la provincia, fracasaron en la Legislatura provincial.

No existió voluntad política, si quiera, para discutir el paquete de leyes enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, que se abroqueló en el sostenimiento de los fueros de uno de sus principales integrantes cuando la Justicia reclamó investigarlo como parte, presuntamente, de una vasta red de juego clandestino extendida en la provincia.

El mensaje del elenco estable del poder provincial fue prístino: reforma no, complicidades sí.

Las políticas de seguridad en Santa Fe continúan en manos de una institución que no es la más importante en el gobierno de ese asunto: la Policía.

Los resultados de insistir siempre por el mismo camino desembocan –irrevocablemente– en igual destino. En ese contexto, un ministro de Seguridad podrá tener la “suerte” de que –por la dinámica propia de las organizaciones criminales, cada vez más complejas y sofisticadas– se reduzcan los homicidios o, por el contrario, le estallé en su cara una nueva “ola de inseguridad”, esos ciclos que atraviesa Santa Fe desde hace casi una década.

No hay respuesta inmediata ni policial a esos fenómenos, que son multicausales y requieren un abordaje que excede –en mucho– a una cartera de Seguridad.

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