Las negociaciones con el FMI entraron en un atolladero, mientras la economía nacional enfrenta otros graves problemas, como contener la inflación y recomponer ingresos, que van más allá del entendimiento o no con el organismo del ajuste.
Si bien la máxima tensión gira alrededor de las complicadas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la devolución de la megadeuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018, con complicidad del propio organismo financiero infringiendo sus estatutos, la economía argentina enfrenta otros grandes desafíos, que no dejan de estar vinculados al acuerdo o no con el FMI.
Entre ellos, controlar la elevada inflación, mejorar los ingresos reales de trabajadores y jubilados, generar empleo de calidad, consolidar y amplificar una tendencia de crecimiento de la actividad para que se haga palpable entre las mayorías populares. Problemas a resolver, que las exigencias del Fondo y su mayor accionista, Estados Unidos, pretenden condicionar con las típicas recetas de ajuste que, supuestamente, permitirían asegurar el repago del crédito, que tuvo un notable y admitido carácter político.
La economía nacional creció fuerte durante el año pasado, por encima del 10 por ciento, luego de una marcada caída en el 2020 a raíz de la pandemia y sus efectos devastadores. La levantada del 2021 fue la más importante de la región y sorprendió a propios y extraños. Entre la crisis de deuda que dejó el neoliberalismo macrista y la pandemia, la inercia del crecimiento económico se mantendrá al menos durante los primeros meses de este año.
El cálculo oficial, según proyectaba el Presupuesto 2022 que la oposición bochó en el Congreso, era de una expansión del producto bruto del 4 por ciento para el año en curso. Pero las imposiciones de austeridad que pretende el Fondo, según advirtió el ministro de Economía Martín Guzmán, podrían resultar enormes piedras en la senda del crecimiento.
En un contexto mundial de suba del precio de los alimentos y la nueva ola de la variante Ómicron que pone obstáculos sanitarios, productivos y afecta al mundo del trabajo, hay otra inercia que enciende luces de alarma en Argentina y es la inflacionaria. Sobre la inflación inercial, es decir, el piso sobre el cual se parte, mucho no se trabaja. Los precios al consumidor subieron 3,8 por ciento en diciembre de 2021 respecto de noviembre y acumularon un aumento del 51 por ciento en los doce meses del año que se fue. Dentro del sector formal, sólo gremios de servicios o industrias bien posicionadas, como bancos o agroexportadoras, lograron empatar o superar apenas esa cifra.
En diciembre pasado, la carne, alimento base en la dieta de los argentinos, trepó en promedio 10 por ciento, y el asado, en particular, 15 por ciento. En tanto, consultoras y centros de estudios pronostican (aunque casi nunca aciertan) para 2022 una inflación similar al 2021 o algunos puntos por encima, mientras el gobierno de Alberto Fernández se fijó el objetivo de alcanzar un costo de vida que promedie el 33 por ciento anual, según el Presupuesto que no fue.
El problema de la inflación, que va de la mano con la urgente necesidad de recomponer la capacidad de compra de salarios e ingresos en general, va más allá del entendimiento o no con el Fondo (léase Estados Unidos). El gobierno nacional ensaya acuerdos de precios que ayudan pero no alcanzan para contener la alta inflación que se mueve a dos bandas: por un lado monopolios y oligopolios que abusan de su posición dominante en las góndolas en su afán de mantener en niveles exorbitantes sus márgenes de ganancias, y por otro lo que se conoce como inflación internacional.
“Uno de los objetivos de la nueva etapa del programa +Precios Cuidados (con más de 1.300 productos) es amortiguar el aumento de los precios en góndolas. Y el otro es restar presión de los precios internacionales sobre los del mercado interno”, sostuvo el secretario de Comercio Roberto Feletti.
Hay empresas, del sector alimenticio y otros, que van al diálogo con el gobierno pero después se convierten en remarcadoras seriales y se terminan quedando con buena porción de las mejoras en los ingresos o las subas salariales obtenidas en paritarias. Falta un programa antiinflacionario más amplio, de cumplimiento estricto, que abarque diferentes rubros de la economía.
En stand by
Entre las tradicionales exigencias del FMI al momento de firmar un plan de condiciones para devolver el préstamo impagable de 45 mil millones de dólares que contrajo Macri, aparece el recorte de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue, lo que se traduciría en una devaluación, y la reducción de los subsidios a la energía, dos cuestiones que meterían mayor presión inflacionaria con el consecuente impacto en los niveles de pobreza. El ministro Guzmán advirtió que el FMI puede perder “legitimidad” (dudosa, por cierto) si “empuja a la Argentina a una situación desestabilizante”, por lo cual consideró necesario que se logre un acuerdo “creíble” entre ambas partes.
Las tratativas con el Fondo por el préstamo stand by, tanto con el staff técnico burocrático como en la mesa política, parecen empantanadas. A decir de Guzmán en la reunión que mantuvo con gobernadores, el atolladero se generó porque el Fondo le exige a la Argentina un ajuste más veloz para las cuentas fiscales. Argentina propone una reducción gradual del déficit y el Fondo pide celeridad para alcanzar el “equilibrio fiscal” y asegurarse el desembolso. Aunque no todo pasa por el ritmo que se le imprima al duro ajuste que pregona el organismo de crédito, ya que la negociación tiene una veta geopolítica que no está escrita, donde asoma la disputa entre Estados Unidos y China.
El país norteamericano quiere achicar el margen de maniobra del gigante asiático en la región. En medio de esta encerrona, el canciller Santiago Cafiero aterrizó en Washington con el objetivo de destrabar la negociación, dijo que Argentina necesita crecer para poder pagar, mientras Alberto Fernández, después de asumir la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), anunció que viajará a Rusia y a China los primeros días de febrero. Otra cara de la tensa relación con Estados Unidos pareció ser la resolución antimonopólica de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que objetó la fusión entre las corporaciones norteamericanas Disney y Fox. Disney, el gigante del entretenimiento, deberá desinvertir, vender señales y, en el mientras tanto, garantizar transmisiones gratuitas.
Cualquier acuerdo con el Fondo es malo y no dará una solución definitiva por el tamaño de la deuda y la magnitud de los vencimientos que se avecinan. De conceder las pretensiones del FMI, la economía argentina quedaría estancada y bajo supervisión del organismo por lo menos durante una década. Un hipotético retraso en los pagos también tendría consecuencias, aunque el país ganaría tiempo para seguir investigando la posible invalidez jurídica del memorándum de entendimiento y denunciando el desfalco y la fuga de capitales que resultó del cuestionable crédito que la administración Trump le concedió al ex presidente Macri, un aliado de derecha en Latinoamérica, en busca de su reelección fallida. De todos modos, vale recordar que, después de cancelar la deuda con el Fondo en 2005, el país quedó “afuera” de los mercados internacionales y logró sostener una reactivación económica por lo menos hasta 2011. El tiempo dirá.
“No basta con pedirle al FMI que se autoevalúe. El pueblo reclama justicia sin ajuste y merece soberanía. Por eso insistimos para que el gobierno nacional lleve al FMI a la Corte Internacional de Justicia (tribunal penal de La Haya). Como puede observarse en la evaluación ex post, el FMI no se hace cargo de sus responsabilidades, ni de las ilegalidades que hicieron posible la deuda pactada con el gobierno de JxC y sólo hace algunos señalamientos sobre el fracaso de la operación”, señalaron desde la organización política Soberanos en un comunicado.
El FMI no acepta extender los tiempos de devolución del préstamo bomba, no accede a recortar intereses y achicar sobrecargos. El Fondo es el mismo Fondo de siempre, nada nuevo bajo el sol. El organismo endureció su postura las últimas semanas y Argentina no se quedó atrás. Guzmán expuso el espinoso tire y afloje, pareció rever su estrategia de negociación, donde hasta el momento primó el diálogo, los gestos y una narrativa de no confrontación. A las advertencias que lanzó el ministro de Economía le siguió la publicación en redes sociales de una nueva carta de la vicepresidenta Cristina Fernández, que, como siempre, tuvo múltiples interpretaciones.
Titulada “Pandemia Macrista vs Pandemia Covid-19”, la misiva traza un paralelismo entre la situación sanitaria desatada a raíz de la aparición del coronavirus y la generada por la toma de deuda durante el gobierno de Mauricio Macri. En este sentido, asegura que los costos económicos de la deuda tomada por la gestión anterior fueron superiores a los gastos ocasionados por la irrupción del coronavirus. “En Argentina lo que nunca se va a acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina”, señala CFK y se pregunta dónde fueron a parar los dólares del Fondo.
Que Juntos y el propio Macri salgan sin ruborizarse a pedir un acuerdo “serio y sin improvisaciones” con el FMI, o reclamen “transparencia”, intentando confundir diciendo que el actual gobierno tomó más deuda, lo que generó la inmediata réplica de Economía no deja de llamar la atención. Que Macri y compañía se animen a hablar y dar consejos sobre deuda externa se explica, en parte, por la falta de un relato del oficialismo que exponga con claridad ante la sociedad poco o mal informada la crítica situación que dejó la anterior gestión con la deuda, y también por la amplia protección mediática y judicial que goza el principal partido de la oposición.
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