En la previa a la protesta de este martes en todo el país –Rosario incluida– para exigir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la diputada Matilde Bruera pidió también “una reforma judicial integral”.
Agrupaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos se concentrarán en distintas ciudades del país para repudiar el desempeño de la Corte Suprema, contra la impunidad y el fin del «lawfare» con fines políticos. El acto central de la protesta se realizará frente al Palacio de Tribunales, en CABA. Mientras que en Rosario, la marcha será en las puertas de los Tribunales Federales (Oroño 940).
La diputada provincial por el Frente de Todos, Matilde Bruera, señaló que jornada significará un reclamo “mucho más profundo, que es una reforma judicial integral”, dado que el actual sistema “no da respuestas a las necesidades de la población, que son los que más necesitan de las decisiones del poder judicial”.
“La renuncia de los jueces de la Corte se pide porque nunca quedó tan en evidencia las vinculaciones entre la Corte Suprema y los intereses económicos fundamentales”, apuntó la legisladora peronista, al recordar la trayectoria del ahora vicepresidente del tribunal supremo, Carlos Rosenkrantz, anterior abogado del Grupo Clarín.
La dirigente del justicialismo santafesino dijo en un comunicado que la iniciativa “no es otra cosa que una reivindicación que se viene pidiendo desde hace muchos años”, que “incluso ha dado origen a reclamos de los organismos de los derechos humanos en muchas oportunidades”.
La ex defensora pública opinó que “el problema no se originó en la actual conformación de la Corte, sino que se remonta al año 2013, en el que aparecieron las primeras manifestaciones que dieron nacimiento al Movimiento Justicia Legítima, donde se pedía la reforma integral de un Poder Judicial que está absolutamente desprestigiado”, porque “evidentemente no da respuestas a las necesidades de la población, que son los que más necesitan de las decisiones del poder judicial”.
Bruera indicó que desde las autoridades judiciales “se persigue a los sectores populares y a un determinado sector político y se protege la impunidad de aquellos que vaciaron el país, que tomaron deuda fraudulenta, que utilizaron el poder judicial para persecución política”, y recordó que a mediados del año pasado se investigó a los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes se reunían con el presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos en días anteriores a fallos clave que involucraban a líderes opositores.
“Los jueces espuriamente iban a reunirse con el Poder Ejecutivo, con el presidente Macri, a organizar las causas armadas para perseguir a los opositores políticos. Todo esto ha sido muy grosero”, repudió la diputada, y añadió: “Todo esto ha puesto en evidencia algo que el Poder Judicial viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que es el descrédito porque es un instrumento político de los poderosos y no da ninguna respuesta a los ciudadanos”.
Además, rememoró que en su discurso de inauguración de gestión en el Congreso, el presidente Alberto Fernández advirtió que enviaría “al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”, cosa que, para Matilde Bruera, nunca ocurrió: “Hubo un amague, al inicio de la gestión cuando se convocó a un grupo de expertos y se realizó todo un proceso de debate de una reforma judicial. El resultado de eso, hasta ahora, ha sido nulo”. Y si bien rescató la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, “no se ha visto nada más”.
¿Y la (in)justicia santafesina?
Si bien la manifestación le apunta a la Corte Suprema de la Nación, Bruera asegura que “las críticas a los poderes judiciales provinciales, entre ellos el de Santa Fe, son similares a las que se le hace al de la Justicia Federal”, ya que “en todas las provincias la situación es similar”.
La legisladora señaló que la Corte nacional actualmente tiene sólo cuatro de sus cinco miembros constitucionales: “todos ellos varones y una negativa a la capacitación en género, exigida por la Ley Micaela. Todos elementos que los cortesanos comparten con el Tribunal Superior de la provincia de Santa Fe”, donde “si bien hay una sola mujer, todos los ministros están excedidos en el límite de edad, no tiene integración paritaria ni perspectiva de género”.
“En Santa Fe tenemos una justicia lenta, ineficiente y que no aborda los sistemas fundamentales de las personas como son los derechos de los trabajadores, la seguridad y todos los temas que son sensibles al interés de la población”, evaluó la diputada provincial, al expresar que tanto la justicia nacional como la provincial tienen “graves focos de corrupción en su interior, como son los vínculos con el crimen organizado al cual algunos sabemos que se ha detectado a algunos fiscales, vinculados a estas cuestiones criminales”.
“No existe poder judicial en Santa Fe”, manifestó Bruera, al recordar “el reciente accionar de la justicia local, tanto en la incapacidad de poder sortear los fueros de legisladores provinciales para avanzar en investigaciones por corrupción, como también en la causa por supuesto espionaje en el Ministerio de Seguridad”. Y abundó: “Todo este deterioro del Poder Judicial se expresó gravemente en la pandemia. Hay armado de causas, persecuciones ilegales a abogados y militantes de DDHH, como el caso de Nadia Schujman, y una persecución selectiva. Si hay que investigar lo que pasó en el Ministerio hay que investigar a toda la cartera, no a una sección solamente”.
Por último, la dirigente definió a la convocatoria como “un hecho político trascendente”, que marca “un puntapié inicial para lo que se pide: una reforma judicial”. Y cerró: “No nos olvidemos que el 2×1 se paró por una salida espontánea de toda la gente a la calle. Esto es un acto político, porque es un acto público. La política se hace en la calle, organizadamente y colectivamente. Y esta es una salida colectiva de la sociedad a reclamar un cambio serio del poder judicial”.
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