Rumbo al debate legislativo sobre el entendimiento entre Argentina y el FMI por la deuda macrista, el gobierno defendió la negociación y negó un ajuste. ¿Cómo impactará lo anunciado? Una parte del FdT está disconforme, tal cual refleja la renuncia de Máximo Kirchner.
Después de varias negociaciones durante dos años atravesados por la crisis pandémica y el desastre económico recibido, el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional, comandado por Estados Unidos, anunciaron el pasado viernes 28 de enero un pre acuerdo para refinanciar la montaña de deuda externa de 45 mil millones de dólares que la gestión Macri contrajo en 2018 de manera, por lo menos, cuestionable. La noticia se conoció sobre el filo del vencimiento de un nuevo pago de intereses al FMI y cuando todavía retumbaba el discurso de la vice CFK desde Tegucigalpa, capital de Honduras, en el marco de la asunción de la presidenta Xiomara Castro, desde donde criticó duro al Fondo.
El primer entendimiento con el FMI para sortear el atolladero del endeudamiento tendrá una extensión inicial de dos años y medio. Se cancelarán los impagables vencimientos de deuda vieja heredada del macrismo con la toma de un nuevo crédito. Será un préstamo de facilidades extendidas con revisiones trimestrales de las cuentas como condición para efectivizar los desembolsos, seguramente con show mediático y presiones financieras incluidas en cada llegada de la “misión” del Fondo al país.
Argentina busca conseguir lo mismo que le debe al Fondo (45 mil palos verdes), recuperar otros 5 mil millones de dólares que pagó en los últimos dos años (el país devolvió entre 2020 y lo que va de 2022 unos 7 mil millones) y así empezar a reforzar las escuálidas reservas del Banco Central. El plazo de devolución del nuevo préstamo se estirará diez años. Argentina tiene que terminar de acordar con el staff del Fondo los memorandos de políticas económica y financiera. Una vez redactados estos papers, serán enviados –se estima en marzo– al Congreso para su aprobación o rechazo. En caso de encontrar luz verde legislativa, en última instancia, pasará por revisión del directorio del FMI.
El anuncio de principio de entendimiento generó diferentes repercusiones políticas, económicas, empresariales y sindicales, a favor y en contra, con acompañamiento crítico y un poco de optimismo exagerado. Principalmente metió mucho ruido y ocasionó cortocircuitos internos en el Frente de Todos, desacuerdos expuestos en la renuncia por carta de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, cargo que ocupará el santafesino Germán Martínez, según lo definió AF, “hombre de consensos” alineado a Agustín Rossi.
El paso al costado que dio MK –aunque permanecerá en la bancada oficialista– por no compartir “la estrategia” del gobierno y “mucho menos el resultado” obtenido en las negociaciones con el FMI (sumado al descontento ya expresado post derrota en las elecciones de medio término) abre interrogantes políticas de todo tipo, tanto en el presente y futuro de la coalición gobernante como en la venidera votación parlamentaria, donde quizá se vean algunos reacomodamientos en el frentetodismo en medio de tensiones y sanos debates, en un contexto de complejidades por doquier en la economía real, con altos niveles de inflación y pobreza, con ingresos retrasados, aunque para el 2022 se proyecte otro año de crecimiento de la actividad.
El presidente Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán dijeron que fue el mejor acuerdo posible. “Se llegó al mejor acuerdo que se podía llegar”, definió Guzmán. “No había alternativa. Teníamos un problema, ahora tenemos una solución”, afirmó AF. Ambos admitieron que no hay nada que festejar por tener que arreglar con el Fondo. Aseguraron que es un acuerdo novedoso, que da previsibilidad, que no asfixiará la recuperación de la economía argentina en marcha, que el plan no exige ajuste del gasto público ni las clásicas políticas de austeridad, y advirtieron que patear el tablero con riesgo de default era “ir hacia lo desconocido”.
Justamente, lo que irritó a una parte del Frente de Todos parece ser que el pre acuerdo con el FMI fue hacia lo conocido, como “convalidar la estafa” del empréstito obtenido por Macri, la toma de un nuevo préstamo para pagar el fallido programa stand-by del gobierno anterior, las exigencias de meta fiscal y monetaria típicas del Fondo hasta alcanzar déficit cero en 2026, y las revisiones cada tres meses del organismo que limitarían la autodeterminación de la política económica doméstica, en una suerte de “cogobierno” que “hipoteca el futuro”.
Desde el equipo de Guzmán resaltaron como “una virtud” del acuerdo que no está atado a reformas estructurales nocivas como la laboral, tributaria o previsional. Explicaron que no habrá fuerte salto devaluatorio, que seguirán los controles cambiarios y que permitiría al país cumplir objetivos de crecimiento y desarrollo económico con justicia social. No está claro cuál será el plan oficial para reducir el déficit como pide el Fondo y si habrá reformas impositivas que permitan mejorar la recaudación de las arcas públicas. Durante el debate en el Congreso se irá conociendo la letra chica.
El FMI dijo que también se acordó que habrá “una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva”. Esto también inquieta a los críticos del acuerdo, que creen necesario rever la política de subsidios estatales a los servicios públicos pero sin dictados del Fondo. Desde sectores oficialistas detractores del acuerdo con el FMI traen a la memoria las consecuencias nefastas, con efectos económicos y sociales, que dejaron para el país los anteriores veintitrés pactos con el organismo de crédito, incluidos los dos últimos de Cambiemos.
El Fondo, que a su manera reconoció las irregularidades del préstamo político a Macri –y hoy queda en evidencia que también buscó condicionar al país por varios años–, rechazó el pedido argentino de quita de capital, dijo “no” a estirar los plazos de devolución del crédito (se habló de solicitar veinte años) y se negó a eliminar sobretasas pese a las arbitrariedades que arrastró el mayor crédito de la historia del FMI anunciado en cinco minutos por Macri entre gallos y medianoche, violando los propios estatutos del organismo, permitiendo la fuga de los dólares prestados.
Una deuda excepcional merecería un trato y una resolución excepcionales, insisten desde un sector del FdT, al tiempo que reclaman avances en la investigación judicial abierta, con la querella criminal a Macri y equipo, y hasta reclaman llevar el tema a la corte internacional. La oposición de Juntos por el Cambio balbucea y discute qué hacer frente al entendimiento con el FMI presentado por el gobierno. El Frente de Izquierda calificó al acuerdo de neocolonial y llamó a movilizarse y protestar en rechazo al mismo.
¿Acordar o no acordar?, esa es la cuestión
El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) organizó una nuevo capítulo del ciclo Mateada Virtual, un espacio de debate sobre coyuntura económica que se hace vía Zoom, donde esta vez los economistas Andrés Asiain y Sergio Chouza, ubicados en la misma corriente de pensamiento heterodoxo, analizaron y mostraron coincidencias y diferencias en torno a las implicancias del preacuerdo con el FMI y cómo este impactará en las decisiones de política económica durante los próximos dos años. “¿Qué margen le queda al Frente de Todos?”, se preguntaron en la introducción a la charla-debate.
“¿Qué hizo esta administración para generar los consensos políticos y sociales de cara a una negociación bien férrea con el FMI? Sobre eso hubo muy poco”, opinó Chouza. De todos modos, para el docente universitario y director de Consultora Sarandí, el problemón de la deuda con el FMI “hay que solucionarlo por la alternativa que tuvieron que transitar todos los países que pasaron por esto. Ordenar las cuentas y pagarlo. No se puede llorar sobre la leche derramada. No resuelve. Me parece que es el único camino que el gobierno encontró para hacer un muro de contención, aunque me parece que el anuncio (del principio de entendimiento) es improvisado desde su composición”.
A su turno, Asiain consideró que el acuerdo “no cierra desde lo económico, pero tampoco desde la ecuación política”. El director del Ceso, más crítico, observó que “por más que el acuerdo parezca no muy duro, no es un acuerdo que se pase caminando en términos del cumplimiento de las metas. Es muy probable que haya que pedir un waiver (perdón del Fondo para evitar caer en cesación de pagos)”.
Y añadió: “No es muy alentador el panorama económico para garantizar que se gane (las elecciones) en dos años. Sí es seguro el monitoreo que va a depender de técnicos de un organismo que responde a intereses norteamericanos”. Para Asiain, “en términos políticos este acuerdo va a forzar una derrota (en las presidenciales de 2023) del FdT, como representación del campo nacional y popular, para tener un próximo gobierno más pro americano”.
Por su lado, Chouza sostuvo que “construir una salida a este programa sobre lo que puede pasar políticamente en 2023 no nos saca del laberinto. Evidentemente hubo una pata política fuerte del FdT que quería negociar de otra manera y siente que no fue escuchada. Ahí veo un problema también en el frente político. Es verdad que es un acuerdo de muy difícil cumplimiento. Sin embargo, el waiver no es una herramienta pecaminosa”.
El también docente universitario y director del Ceso, en tanto, puso en duda que el acuerdo “logre traer otras fuentes de inversión”. Luego acotó: “No aleja el peligro de default ni resuelve nada estructural. No va a haber un ingreso masivo de fondos del exterior. En este marco, se entiende que este acuerdo genere tensiones en el FdT”.
Asiain indicó: “El acuerdo va a gozar de tres años de relativa estabilidad económica, como para sostenerse y legitimarse, dándole a quienes tomaron la deuda un respiro y autonomía en el manejo de la política económica. Pero la economía va a continuar tensionada y, en ese contexto, vamos a reducir nuestros instrumentos de herramienta económica y no sabemos la letra chica de la política cambiaria”.
Según Chouza, “el desafío (del acuerdo) está sobre todo en lo fiscal. El cierre del financiamiento termina siendo la tasa de interés”. El director de la Consultora Sarandí resaltó que “el monitoreo cada tres meses es por estos primeros años, no sobre los doce años (que en total durará el nuevo convenio). Es lamentable, pero no conozco ninguna experiencia en la historia del Fondo donde se haya salido sin pagar”. Y concluyó: “Tener al FMI adentro es un drama social. Me parece que hubo muy poca convocatoria a la hora de alertar al pueblo”.
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