La diputada provincial Matilde Bruera cuestionó la implementación de la Ley de ART en Santa Fe –vigente hace casi un año– y dijo que significó “un impedimento para que los trabajadores puedan defender su derecho a la salud”.

La legislatura santafesina, después de mucho debate y polémica, sancionó el 6 de abril de 2021 la Ley de Adhesión a la 27.348/17 conocida como Ley de ART. Bruera registró un balance negativo desde su entrada en vigencia, en mayo pasado, hasta la actualidad, y por eso evalúa –junto a un equipo de abogados laboralistas– pedir su derogación.

“Consideramos que se puede avanzar con la derogación de esta ley. Hay que debatirlo políticamente con todos los diputados y senadores para que vean cuáles son los efectos de lo que se votó en su momento y ver de revertir esta situación, derogando esta ley que ha sido tan nefasta para la provincia de Santa Fe”, señaló la diputada peronista.

En este sentido, la legisladora aseguró que “esta ley de ART es poner al lobo a cuidar el gallinero”, y explicó: “Las ART son empresas privadas de seguros, que lo que quieren es hacer plata y no velar por la salud de los trabajadores. Los efectos han sido nefastos para los trabajadores”.

La integrante del Bloque Partido Justicialista en la Cámara baja santafesina recordó que la adhesión “significó que los trabajadores en lugar de ir a un tribunal que se considera imparcial a reclamar tienen que ir a las comisiones médicas que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo”, o sea “reclamar ante los interesados en no pagar”.

Además, afirmó que el escenario luego de la adhesión “generó complicaciones a los trabajadores, que no tienen turnos ni audiencias. En la pandemia fue terrible y además se ha abandonado la atención médica”.

La también abogada y profesora de Derecho Penal en la UNR indicó que “las personas que recurren a las ART terminan siendo atendidas por efectores públicos de salud o por obras sociales de sindicatos, o sea que las ART se llevan la ganancia sin ningún gasto”. Y añadió: “No pagan enfermedades, accidentes, ni siquiera reconocen al Covid como enfermedad profesional presuntiva”.

“Se ha producido lo que anunciábamos, que esta adhesión sólo era un impedimento para que los trabajadores puedan defender su derecho a la salud”, lamentó Bruera, que además remarcó que “no se cumplen los argumentos de diputados y senadores que votaron la ley”. Y se refirió puntualmente a los artículos 5 y 6 de la norma, que tipifican cobertura geográfica de las comisiones médicas, aceleración en la atención y “sucedió todo lo contrario”.

Ante esta situación, la diputada anticipó que presentará un proyecto en la legislatura provincial, “pidiéndole al Ejecutivo provincial un informe sobre el cumplimiento de dichos artículos”.

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