Ante la Asamblea Legislativa y buscando calmar críticas internas, el presidente Alberto Fernández negó condicionamientos del Fondo, dijo que el entendimiento que debate el Congreso no obtura la investigación judicial por la deuda y reconoció que la inflación es “el gran problema”.

Como se esperaba, el pronunciamiento del presidente Alberto Fernández durante una hora y media ante la Asamblea Legislativa al inaugurar el período número 140 de sesiones en el Congreso, estuvo apuntado a la economía, en especial a las negociaciones y al acuerdo en ciernes con el Fondo Monetario Internacional por la refinanciación de la deuda contraída durante la gestión Macri, un tema polémico con eco parlamentario que contiene un fuerte debate político, como se refleja en las diferencias internas que exhibe el Frente de Todos.

Otros párrafos del tercer discurso que leyó AF ante diputados y senadores, con momentos de prosa efusiva, fueron dedicados al poder económico concentrado y a la inflación que socava ingresos familiares, “el gran problema (…), la principal preocupación y el principal desafío del gobierno”, aseguró.

El mandatario estuvo flanqueado por el titular de la Cámara baja Sergio Massa y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, enfocada por las cámaras y seguida por los presentes en el recinto a la espera del mínimo gesto en su reencuentro público con el presidente, tras el anuncio del preacuerdo  alcanzado con el FMI y el dilema y los interrogantes que esto desató dentro del gobierno.

Alberto Fernández, en su penúltimo año de mandato, también resaltó el crecimiento de la actividad económica argentina durante 2021 (10 por ciento) tras un 2020 negativo, entre la recesión heredada del macrismo y el estallido mundial de la crisis pandémica, repasó cifras sobre la recuperación del empleo (el sector privado no recuperó todo lo perdido en pandemia y crecen la cantidad de monotributistas y de empleados estatales), ponderó la levantada en la inversión, habló de las tarifas de servicios públicos y la segmentación de subsidios que se viene, alentó a la economía popular, entre otras principales definiciones.   

Pesada deuda

El gobierno argentino anunció a fines de enero pasado un principio de entendimiento con el FMI por la deuda de 45 mil millones de dólares que la administración Macri abrochó en 2018 entre gallos y medianoche con el organismo de crédito que tiene sede en Estados Unidos. El mayor préstamo de la historia del Fondo, que incumplió su propio estatuto, “no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable”, señaló Fernández.

El entendimiento técnico con el staff del FMI está cocinado y, al cierre de esta edición, el proyecto de ley ingresó al Congreso para su tratamiento, rechazo o aceptación, y, en este caso, ser girado al directorio del Fondo, que haría su primera revisión del asunto. Hay un sector del Frente de Todos, referenciado en CFK, disconforme con el resultado obtenido del memorándum que, después de evitar el default, se discute en el Parlamento y cuyo texto final buscará ser aprobado antes del 22 de marzo, cuando entra un vencimiento de deuda por 2.800 millones de dólares. “Es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el gobierno anterior no hubiera recurrido al FMI”, se defendió el jefe del Estado de las críticas internas.

El presidente anunció que el pacto con el FMI “no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior”, sino que se trata de una refinanciación, un nuevo crédito de facilidades extendidas que permita saldar el programa stand by asumido por el macrismo. “Se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de cuatro  años y medio. Podremos utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección”, agregó intentando despejar incertidumbres.

“No habrá tarifazo, reforma laboral ni jubilatoria”, prometió Fernández en un tramo del mensaje que pareció dirigido a querer apaciguar las discrepancias frentetodistas. El ex jefe de la bancada del oficialismo en Diputados, Máximo Kirchner, quien renunció al cargo al objetar por carta varios aspectos del acuerdo con el FMI, escuchó el discurso presidencial desde Santa Cruz.

En uno de los pasajes más taquilleros, el titular del Poder Ejecutivo anunció que lo acordado con el FMI no releva al Poder Judicial en su obligación de investigar maniobras criminales y determinar “quiénes fueron los responsables de tanto desatino”, denuncia notificada en la Asamblea Legislativa anterior, hace un año, y que hasta el momento mostró pocos avances.

Fue en ese instante cuando parte de la bancada de Juntos por el Cambio, responsable de la pesada deuda externa, se retiró a los gritos del recinto, montando un show para la televisión, un mal paso de comedia, un acting paupérrimo. Mientras esperaban algún chisporroteo en el FdT, los medios hegemónicos tuvieron que mostrar la huída de los legisladores macristas, exponiendo las diferencias que ahondan en las filas del mayor bloque opositor. Dejaron las sillas vacías y se marcharon sin las banderas de Ucrania que habían llevado como fingido decorado de ocasión.

Tarifas

En uno de los capítulos más punzantes que divide aguas en el oficialismo, en el marco de las exigencias del Fondo y por ser uno de los temas pendientes de agenda económica, el gobierno confirmó que las tarifas de los servicios públicos de luz y gas subirán según la evolución del coeficiente salarial para usuarios residenciales, al tiempo que habrá una rebaja de subsidios para algunos consumidores. Desde el Poder Ejecutivo comentaron que la suba de tarifas irá por detrás del porcentaje del promedio de incremento salarial (paritarias que van cerrando por encima del 40 por ciento) y de la tasa de inflación, que sigue altísima.  

El presidente Fernández dijo que la segmentación de subsidios al consumo energético permitirá lograr niveles de “tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10 por ciento de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios”.

Precios sin freno

El presidente AF ubicó a la inflación como “el gran problema” a resolver en la segunda mitad de su mandato. El año pasado, el índice de precios al consumidor (IPC) cerró por encima del 50 por ciento. Pocos gremios lograron empatar ese nivel de aumentos salariales en paritarias. Aunque con divergencias según el tipo de empleo, informales en desventaja, fue casi un empate después de varios años de sostenida derrota. Para la CTA Autónoma, sin embargo, la masa salarial (el total de los salarios recibidos por trabajadores registrados) cayó 3,1 por ciento frente a la inflación durante el 2021.  

El IPC de enero de este año trepó al 3,9 por ciento y algunas consultoras proyectan una suba cercana al 4 por ciento para febrero. En enero, la inflación acumuló 50,7 por ciento anual y los precios del rubro alimentos y bebidas se ubicaron otra vez arriba del nivel general, con un alza del 4,9 por ciento, el índice más alto para este rubro desde 2019. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central en base a consultoras privadas prevé una inflación para este año del 55 por ciento.

“Luego de más de medio año en este nivel, el problema de los precios se convierte en una de las principales urgencias a resolver o encaminar. Las exigencias del FMI respecto al sostenimiento del tipo de cambio real (que el dólar siga a la inflación) y a la disminución de subsidios a la energía (aumento de tarifas), junto a una coyuntura internacional en la que aumentan costos de energía y materias primas, agregan mayor tensión al problema”, consideraron desde el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) en su último informe.  

Fernández dijo que la inflación tiene múltiples causas y siente la obligación de atenderlas “sin condicionar políticas de justicia social”. El diagnóstico solo, más algunas medidas aisladas, queda claro en las góndolas, no resuelven el problema. “Con esa costumbre seriamente arraigada en muchos sectores de remarcar precios por las dudas, no logramos reducir, en plena pandemia, la muy alta inflación que heredamos”, admitió el mandatario. En la misma sintonía, atribuyó al poder económico concentrado, en connivencia con el Poder Judicial, la incesante remarcación de precios.

Y puso como ejemplo las “medidas cautelares dispuestas por algunos jueces en favor de empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones, que frenaron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital”, resistido por el grupo Clarín, entre otras corporaciones.

El gobierno, en tanto, convocó al Consejo del Salario para el 16 de marzo con la intención de actualizar el índice de referencia del haber mínimo vital y móvil y llevarlo de 33 mil a 45 mil pesos para no perderle pisada a la inflación. “Desde febrero el salario mínimo es de 33 mil pesos: un 7,7 por ciento menos en términos reales contra febrero de 2020, un 27,9 por ciento más bajo con respecto a febrero de 2018, -35,4 por ciento a febrero de 2015 y -40,2 por ciento al mismo mes de 2012”, recordó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

La mala palabra

“No queremos ajuste. Nunca defendimos los ajustes. He escuchado con sorpresa opiniones que critican que hayamos logrado un acuerdo (con el FMI) sin los condicionamientos que tantas veces tuvieron consecuencias desastrosas para nuestro país”, pareció responder Fernández a las preguntas surgidas dentro de la propia fuerza gobernante.

Un sector del Frente de Todos cuestionó el acuerdo porque entiende que no despeja el escenario de amenaza económica, que pone en riesgo la sustentabilidad política de cara a las elecciones presidenciales de 2023; rechaza la idea de cogobierno con revisiones trimestrales del Fondo y advierte que lo acordado implicaría un severo plan de metas fiscales, monetarias y comerciales que, en el día a día, resultan un ajuste de las cuentas públicas a costa de un mayor deterioro del poder adquisitivo para las mayorías populares.

“El objetivo de la destrucción del salario real y las jubilaciones ya está cumplido con lo que hizo el macrismo”, opinó el economista Juan Valerdi. “Un acuerdo con el Fondo siempre es un inconveniente, la duda es si este acuerdo es lo menos inconveniente posible”, acotó el docente universitario en declaraciones radiales.  

La consigna multisectorial “no al acuerdo con el FMI”, militada por un amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales y políticas, algunas oficialistas y otras opositoras, considera que “las estafas no se pagan y la deuda es con el pueblo”. Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño tuiteó: “Alberto Fernández vuelve a hablar de un acuerdo con el FMI que significa más ajuste. No le cree ni su propio bloque. Desde el FIT nos enfrentaremos en las calles. Es un pacto de coloniaje”.

“El acuerdo con el FMI condiciona nuestra soberanía e independencia, necesarias para definir el modelo productivo que realmente necesitamos para salir de este pozo, en el que seis de cada diez niños y niñas están debajo de la línea de la pobreza”, sostuvo por su parte Silvia Saravia, coordinadora nacional de la organización social Barrios de Pie, para quien “el ajuste ya llegó”.

El presidente Fernández, en su alusión discursiva al convenio con el Fondo, se encargó de remarcar que “es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa”. La puesta en práctica del acuerdo y la capacidad del gobierno para sortear trabas dirán.

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