El diputado Pullaro salió de campaña por el Centro de Justicia Penal en el juicio a Alvarado. Autoestima alta y señalamientos a la vicegobernadora Rodenas. Disputas por quién es más antimafia y la pata renga de una mesa despareja.

El ex ministro de Seguridad del Frente Progresista que evolucionó a diputado provincial de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, continuó su campaña proselitista esta semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa posterior a su declaración como testigo en el juicio oral a Esteban Lindor Alvarado y parte de su organización criminal, impulsada desde la cárcel durante los años de gobierno del FP, según los fiscales del caso. Su aporte no fue trascendente en materia probatoria –explicó que la banda de Alvarado era “diferente” y “algo más sofisticada” que la de Los Monos, que exponía sin mediaciones el uso de la violencia letal- pero le sirvió de plataforma política para deslizar que si el ahora acusado no fue detenido antes se debió a la acción de la actual vicegobernadora, Alejandra Rodenas, entonces jueza penal de Rosario. “(Alvarado) Tenía vínculos con actores policiales, que fueron condenados, pero también tenía posibilidades de esconderse en la justicia”, acusó el legislador radical.

Los usos políticos del juicio a Alvarado son múltiples y admiten entradas desde diferentes posiciones, pero derivan irrevocablemente en un juego de suma cero en el que las acciones proselitistas desembocan en campañas del desierto.

La “seguridad” como la mira habitualmente la política –un doble pacto político-policial para evitar que el agua desborde y policial-criminal para regular los mercados ilegales- es un tópico eficaz para las oposiciones y una urgencia irresoluble de los oficialismos, aun cuando con los años enroquen sus posiciones.

El mismo partido en el que Pullaro milita desde su juventud es el que sus senadores rechazaron el desafuero de Armando Ramón Traferri, solicitado por los mismos fiscales del juicio a Alvarado, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, en una causa por juego clandestino que también salpicó a la política.

Leonardo Peiti, el capitalista de esa trama que fue condenado, no sólo declaró que le dio 200 mil dólares a Traferri en diferentes pagos que el senador le habría pedido para la campaña proselitista de Omar Perotti, sino que dio cuenta de las supuestas coimas mensuales al entonces jefe de la PDI (Policía de Investigaciones) de Rosario, Daniel Corbellini, uno de los hombres hombre fuertes de la fuerza de seguridad durante la gestión del Pullaro. El otro, Alejandro Druetta, ligado a la investigación del tráfico de estupefacientes, terminó condenado a 10 años de prisión por apañar a una banda narco.

Buscarle el partido político al poder corruptor del narcotráfico y de otras economías ilegales es desconocer la transversalidad de ese fenómeno y, en particular en Santa Fe, la composición del elenco estable de poder que sobrevive a los plazos constitucionales de los mandatos de gobierno. Alvarado y los policías cómplices, en cambio, son fungibles.

Crecimiento y caída

Tras su declaración en el juicio seguido a Alvarado, Pullaro dijo a la prensa que “durante la gestión de Miguel Lifschitz tomamos la decisión de avanzar sobre las organizaciones criminales sin treguas ni pactos y con todo el peso del Estado. No era un slogan vacío, fuimos contra todos”.

Acompañado por su nuevo partenaire, el diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitaz, y los diputados provinciales del Partido Socialista Clara García y Joaquín Blanco, Pullaro sostuvo en tono de estadista que “todo lo que hicimos fue en representación de la legalidad del Estado” y consideró que “por eso logramos que cayeran no sólo las primeras y segundas líneas de Los Monos, sino también la única banda que le disputaba poder y territorio, porque Alvarado construyó y lideraba la mayor organización criminal de la provincia de Santa Fe”.

La caída de Los Monos se produjo durante la gestión de Raúl Lamberto como ministro de Seguridad del entonces gobernador Antonio Bonfatti. En 2013 fue asesinado el líder de esa banda, Claudio Pájaro Cantero, el domicilio particular de Bonfatti fue baleado y el narcoempresario Luis Gringo Medina, ex socio de Alvarado, acribillado a balazos en diciembre.

El juez Juan Carlos Vienna contó en una entrevista radial que Lamberto fue a verlo desesperado para detener el reguero de sangre que provocaba el crimen de Cantero, urgencia que originó la causa provincial a Los Monos. Que estuvo basada en la investigación de un asesinato que permanece impune, el de Martín Fantasma Paz, y armada por los policías de la Brigada Operativa de Judiciales, varios de los cuales terminaron condenados como cómplices de Alvarado.

La realidad, que suele ser más compleja que los relatos sobre ella, no muestra al Bien y al Mal enfrentados en veredas opuestas. Tanto es así que cuando fue candidata a diputada nacional, Rodenas hizo campaña con un spot televisivo en el cual señalaba que había sido la jueza que encarceló a Los Monos, a pesar de que por su despacho del viejo sistema penal pasaron un par de arrestos de los últimos estertores de una banda en declive.

Según se lee en el requerimiento de juicio de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, Alvarado “construyó un emporio de empresas” que le “permitieron crecer económicamente” mientras “sostenía con ello su estructura criminal”.

El crecimiento ocurrió mientras cumplía una condena a seis años por robo de autos en las cárceles de Campana primero y de Urdampilleta después, entre 2012 y fines de 2017.

“Desde su lugar de detención construyó un emporio de empresas, delineó una organización en donde se aprovechó de recursos materiales y humanos, y puso en funcionamiento una red de negocios que le permitieron crecer económicamente el ritmo que sostenía con ello su estructura criminal para continuar con esos negocios”, señalaron los fiscales.

“Y fue así que –continuaron- privado de la libertad siguió funcionando y desarrollándose”. Para Edery y Schiappa Pietra, desde los lugares de detención y “aprovechando los contactos con que contaba, las relaciones con personal policial y los negocios realizados, relanzó su emprendimiento criminal ahora sí conformando una estructura criminal mucho más amplia y compleja que la de entonces”.

Eso ocurrió a la vista de todos y con la complicidad de algunos durante el segundo y tercer gobierno del Frente Progresista, que fue el que lo detuvo por una investigación fiscal sobre el homicidio del prestamista informal Lucio Maldonado. Pullaro brindó detalles en su testimonial sobre el sigiloso operativo policial montado en Embalse Río Tercero para arrestarlo y recuperar del agua el teléfono celular que permitió desentrañar parte de la maraña que ahora se exhibe en el Centro de Justicia Penal. Y apuntó a Rodenas por una causa que habría archivado y el allanamiento de Prefectura a una isla entrerriana en busca de Alvarado, en un predio que presuntamente es propiedad –o alquilaba- Rodenas, según el diputado de Juntos por el Cambio.

En campaña

Conocedor del destino de grandeza que la Historia le depara y desprovisto de falsas modestias, Pullaro escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy presté testimonio con el objetivo de relatar cómo detuvimos a Esteban Alvarado. Nuestra participación ayudará a dimensionar la lucha contra las organizaciones criminales, y a lograr condenas ejemplares”.

En realidad, buena parte de la investigación que llevó a Alvarado a juicio fue realizada por el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, que lo acusó por robo y desguace de automóviles y logró una condena. Las decenas de horas de escuchas telefónicas de ese caso, que para Ferrari no sólo demostraban la autoría del robo de autos sino que exhibía el presunto comercio de estupefacientes y las conexiones policiales de Alvarado, fueron entregadas por el propio fiscal en los Tribunales de Rosario.

La causa no se movió mucho y luego se archivó, por lo que Pullaro deslizó en la rueda de prensa que la entonces jueza penal Rodenas, actual vicegobernadora, fue la responsable de no investigarlo.

Sobre esa base, y no por la declaración testimonial del ex ministro, Edery y Schiappa Pietra desanduvieron el camino trazado por Alvarado desde el crimen de Maldonado y el del joven Cristian Enrique en 2018, hasta los orígenes de la empresa criminal tolerada durante una década.

El jefe del bloque de diputados nacionales Evolución, Martín Lousteau, dio por Twitter “todo nuestro apoyo para Maxi Pullaro que ya ingresó a declarar en Rosario en la causa contra el narco Esteban Alvarado, apresado mientras Maxi fue ministro de Seguridad en Santa Fe. Gracias por tu compromiso y valentía”.

También la ex concejala rosarina del PRO, Renata Ghilotti, destacó la “total demostración de valentía y compromiso por parte de Maxi Pullaro al declarar contra las mafias” y puntualizó el “admirable gesto de Gabriel Chumpitaz y Clara García. Todo mi apoyo”.

Como si los posteos en Twitter hubiesen sido concertados, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Evolución, Danya Tavela, también le agradeció a Pullaro “por tu compromiso” y resaltó que “valoramos tu valentía”.

Aunque con delay, la valentía del diputado santafesino trascendió las fronteras de la provincia y, un día después de su declaración, el Comité Nacional de la UCR le manifestó su “respaldo” y aseguró que durante su gestión como ministro de Seguridad “llevó adelante una importante lucha para desbaratar los principales carteles del narcotráfico en su provincia”. Muchas horas de Netflix.

El abogado y criminólogo Enrique Font, en cambio, vio algo distinto en la promocionada declaración de Pullaro. En la misma red social escribió: “Dos fiscales trabajando para la campaña de un candidato a gobernador. Los mismos dos que no investigan a los dos altos jefes policiales durante la gestión del ahora candidato cuando era ministro, acusados por Peiti como los recaudadores del juego ilegal”.

En otro tuit se preguntó: “¿Este es el testigo, amigo del MPA, íntimo y protector del policía narco Druetta?”, interrogación retórica que acompañó con una nota publicada por el diario El Ciudadano titulada: “Difunden escuchas entre Druetta, enjuiciado por narcopolicía, y los legisladores Pullaro y Enrico”.

La renga

El día que se inició el juicio a Alvarado y parte de su banda, el fiscal Edery dijo en rueda de prensa: “Creemos que llegamos a casi toda la estructura de una organización criminal grande como la de Alvarado”. Y aclaró: “Digo casi, porque evidentemente para que subsista en el tiempo tiene que haber un vínculo político, pero no lo pudimos encontrar”.

Una de las testigos clave del proceso oral, Mariana Ortigala, dijo en su declaración producida la primera semana del juicio que la estructura montada por Alvarado distribuía recursos para su sostenimiento en cuatro patas: una policial, otra judicial, una tercera política, y la cuarta que era él, como ejecutante del negocio ilegal.

Narró una reunión que mantuvo con Alvarado –quien según dijo había planeado matarla luego de enemistarse con su hermano, Rodrigo Ortigala, que era miembro de la banda y mantuvo una relación sexo-afectiva con la esposa del líder criminal- en la que estaba, también, el jefe de Policía de Rosario, Néstor Arismendi, quien asistió al acuerdo bajo amenaza por el cual Rodrigo le entregó una vivienda al “Esteban” por las molestias ocasionadas.

También mencionó a una jueza federal como presunta destinataria del dinero narco a cambio de prudente silencio, la retirada camarista Laura Inés Cosidoy, abanderada mediática de la lucha contra el narcotráfico.

Mientras que la mesa quedó renga a la hora de nominar a su “pata política”, sobre la que no abundó. Para el ex ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Sain, “sin la política nunca hay protección policial al narco”.

“Detrás de esta policía había un gobierno que entregó a la policía el manejo de la seguridad”, abundó en relación al gobierno del Frente Progresista.

Font también se refirió a la declaración de Ortigala sobre el reparto del producido por la banda de Alvarado: “25 para la policía, 25 para la política y 25 para la justicia. Y después nos quieren hacer creer que el problema de la narcocriminalidad es de la banda de turno. En Rosario los «territorios narco» están entre los bulevares y sus actores son todos ABC1”.

El criminólogo resaltó que “de las cuatro patas del negocio sólo dos están en el juicio: algunos policías y la banda de turno. En ambos casos los «cuartos» más fácilmente reemplazables”. Y se preguntó: “¿Entienden ahora por qué el negocio del narcomenudeo sigue y va a seguir sin problemas?”.

El diputado provincial, periodista y escritor, Carlos Del Frade, también se refirió al asunto: “Más allá de las perversiones personales de Alvarado, es imprescindible tener en cuenta que él hizo o hace, deshizo o deshace, es o fue porque lo dejaron hacer, deshacer y ser. Allí está el principal misterio: saber quiénes son los que manejan a gente como Alvarado”.

Optimista sobre lo que dejará el juicio oral, el legislador señaló que “desde las barrabravas a grandes empresarios, desde políticos encumbrados a policías corruptos, la sombra de Alvarado descubrirá que el negocio del narcotráfico y la violencia es de arriba hacia abajo y que la sangre derramada en las calles es de pibas y pobres empobrecidos mientras el lavado de dinero se hace en el centro de la ex ciudad obrera”.

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