El asesinato de una mujer que había declarado contra el clan liderado por el narcocriminal Alan Funes, pone de relieve el rol y los temores de los testigos en causas de ese tipo. Antecedentes ligados a Alvarado y Los Monos.

El asesinato de una mujer de 63 años esta semana en barrio Tablada, en un hecho típico de sicariato que está bajo investigación, volvió a poner de relieve el rol y los riesgos de los testigos en causas que pesquisan la narcocriminalidad en Rosario. María Elena González, asesinada de un disparo en la cabeza por personas que pasaron por la calle y dispararon contra su vivienda, había aportado información al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el inicio del legajo que la semana pasada permitió una nueva imputación con prisión preventiva de Alan Elio Funes y parte de su extendida organización criminal, que opera en Tablada y barrio Municipal. Donde, además, desde hace años disputa a fuego el control territorial de esa zona con la banda que orbita alrededor de la familia Camino, familiares del asesinado ex jefe de la barrabrava de Newell’s. Los casos del mecánico Carlos Argüelles, cuyo testimonio postmortem incriminando al presunto narco Esteban Alvarado se reprodujo semanas atrás en el Centro de Justicia Penal porque había sido grabado con anterioridad al ataque mortal que sufrió, y los de personas que aportaron datos a la Justicia en la causa a Los Monos en 2018, ponen en debate la protección estatal a los testigos y el temor a serlo en investigaciones que tienen como acusados a “pesados” del hampa.

Volar la gorra

El lunes 11 por la noche un número aún indeterminado de personas –se cree que dos– pasó en moto por Necochea y Ameghino, en el barrio Tablada, y disparó contra una vivienda. González estaba en la vereda y una bala le impactó en la cabeza. Murió en el acto, según determinaron los médicos del Sies cuando llegaron al lugar.

La mujer, de 63 años, había brindado datos el año pasado sobre una balacera que involucró a personas ligadas al clan Funes, puntualmente a la violenta banda narco que según la Justicia conduce Alan Funes desde la cárcel federal de Ezeiza, donde cumple una condena a 35 años por homicidio y asociación ilícita.

Fuentes del MPA indicaron a El Eslabón que los datos aportados por la mujer no la convirtieron en “testigo clave” de la investigación, que a fines de marzo derivó en la imputación de 17 personas como miembros de una organización criminal presuntamente dirigida por Funes.

González dio datos sobre las características de una moto y dos personas que habrían protagonizado una balacera. La pesquisa derivó, con el tiempo, en la detención de dos personas y el secuestro de sus celulares. Uno de esos equipos sí fue clave para avanzar en el entramado de la banda.

La misma fuente aclaró también que la mujer no había sido integrada al Programa de Protección de Testigos, aunque aclaró que la investigación del crimen, que lleva adelante el fiscal Ademar Bianchini, “no descarta” la hipótesis de la venganza.

Por los primeros datos recogidos en la pesquisa, el asesinato de la mujer luce como un hecho típico de sicariato o crimen por encargo, modalidad que explica alrededor de la mitad de los homicidios ocurridos en Rosario.

La ferocidad con la que Funes administra el comercio ilegal de drogas quedó en evidencia el 13 de octubre del año pasado cuando, según la investigación del fiscal Gastón Ávila, mandó a matar a Mariel Lezcano, una chica de 21 años.

Lezcano cumplía prisión domiciliaria en su vivienda porque tenía un hijo menor de 5 años. Había sido condenada a seis años de prisión en un juicio federal por comercio de estupefacientes junto al mismo Alan Funes.

De acuerdo a la investigación de Ávila, Funes se comunicó con la madre de Lezcano para que vendiera drogas para él. La mujer se negó y le explicó que su hija estaba detenida por esa misma razón.

Según el fiscal, el padre de Alan, Jorge Gordo Funes, fue hasta la casa de la mujer y la amenazó, diciéndole que si no vendía estupefacientes le iban a matar a un hijo.

El crimen de Lezcano ocurrió el 13 de octubre pasado en su vivienda de Ayacucho al 4300, en la que cumplía prisión domiciliaria.

La investigación determinó que dos jóvenes, Iván Ariel Lolo Gutiérrez (18) y Fabián Alejo Domínguez (21) golpearon la puerta de la casa y cuando la chica atendió le dispararon.

El fiscal encontró en un teléfono celular secuestrado a una hermana de Alan, menor de edad, evidencia que, según expuso en la audiencia de imputación, señala que Funes pagó 30 mil pesos por ese crimen. Fue imputado con prisión preventiva como instigador del asesinato.

Una hermana menor de la víctima declaró que miembros de la banda de los Funes habían amenazado a su madre para que comerciara estupefacientes para la banda. “A mi mamá la amenazaron con que si no vendíamos droga para ellos nos iban a volar la gorra”, dijo la menor.

A su vez, la madre declaró que Jorge Funes la visitó en su casa y le dijo: “Alan está tirado, no tiene quién le maneje el búnker”, para luego advertirle: “Te va a volar la gorra”.

Otro dato alimenta la hipótesis de que el crimen de González, la mujer de 63 años baleada en la cabeza el lunes, podría estar motivado en una venganza.

El único detenido por el homicidio, un joven de 27 años, fue arrestado en un pasillo de Chacabuco al 4100, donde hasta hace poco funcionó un búnker de venta de drogas gerenciado por Alan Funes, y considerado por los investigadores como “el más importante” de la banda.

Mecánica pesada

Otro caso que adquirió trascendencia pública fue el crimen del mecánico Carlos Argüelles, ocurrido el 6 de septiembre del año pasado, quien había sido mano derecha del presunto jefe narco Esteban Lindor Alvarado, aunque luego declaró como imputado colaborador –popularmente conocido como “arrepentido”– en esa causa y brindó detalles de las actividades ilegales de su exjefe.

Condenado en 2020 a tres años de prisión como integrante de la banda de Alvarado –quien desde hace un mes está siendo juzgado por homicidios, balaceras a edificios judiciales y asociación ilícita–, Argüelles cambió una disminución de la pena por su testimonio incriminatorio de su antiguo mandamás, sobre el que tenía mucha data.

En el testimonio de Argüelles en el juicio a Alvarado, grabado en video con anterioridad al proceso oral con el objetivo de resguardar –luego se sabría que en vano– su integridad física, el mecánico relató cómo conoció a El Esteban y brindó detalles de su supuesto accionar ilícito, que comenzó con automóviles y derivó en la comercialización de estupefacientes.

Entonces dijo que Alvarado “en 2012 se jactaba de haber matado a más de 100 personas en esta guerra narco” que atraviesa la ciudad. También aportó entonces una lista con 40 nombres que, según dijo, Alvarado quería matar, entre los que había personas asesinadas y desaparecidas.

Entre ellas, Argüelles mencionó a dos hijos de una mujer condenada por narcomenudeo, Olga Tata Medina, que fueron asesinados, además de aportar el nombre del diputado provincial Carlos Del Frade, que hace unos años reveló que le habían avisado del presunto plan de Alvarado.

El testimonio del mecánico también apuntó que el principal acusado del juicio que se inició el lunes planificó secuestrar a un hijo del ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y matar al jefe de la barrabrava de Rosario Central, Andrés Pillín Bracamonte.

Argüelles también endilgó en su declaración a su antiguo jefe el asesinato del prestamista informal Lucio Maldonado, ocurrido en noviembre de 2018, y cuya investigación derivó en el juicio que se está llevando adelante.

“Ha matado a tanta gente que no me sorprende que me diga que va a morir tal persona. Él no mata porque si ve sangre se desmaya, por eso manda a matar”, sostuvo el mecánico en el video reproducido postmortem.

En enero de 2021, Argüelles fue atacado a balazos en Gaboto al 5500 mientras conducía una camioneta Ford Eco Sport en la que también estaban sus dos hijos y su pareja.

Unos días después le contó al diario La Capital que esa fue “la tercera vez que me amenazan o bien me entero que van a matarme”.

“Cuando tomé la decisión de declarar, en el futuro juicio a Alvarado, sabía a lo que me arriesgaba; pero creo que es un acto justo declarar y que Dios me protege. Estuve muchos años con Alvarado y no hay detrás de mí ninguna historia oscura, soy un hombre que cometió errores y estoy dispuesto a afrontarlos y a disposición total de la Justicia”, dijo entonces el mecánico.

Y agregó: “Temo por mi vida, pero esta vez atentaron contra mi familia, eso ha creado un malestar en mucha gente. Sé que desde el Ministerio Público van a tomar otras medidas para cuidarme. Lo importante es que pueda estar tranquilo y con mi familia en paz. No hay muchos hombres que tomen mi decisión y lo hago porque en un momento me dije que la pesada mochila de haber sido testigo de algunas cosas la quiero dejar acá, en la tierra, y en los lugares donde se debe dejar”.

El 3 de septiembre tres hombres y una mujer se presentaron en su taller. Arguelles no estaba, los “clientes” fueron atendidos por uno de sus hijos. Le dijeron que volverían más tarde para pedir un presupuesto por un arreglo.

Regresaron el lunes 6: le dieron dos tiros en la cabeza y uno en el glúteo. El mecánico murió esa misma tarde en el Heca.

Los atacantes fueron detenidos el mismo día e imputados por el crimen. Aunque todas las miradas apuntaron a Alvarado, todavía no fue acusado como presunto instigador, aunque los fiscales del caso lo señalaron como el hombre detrás del crimen.

Testigo contradictorio

A principios de agosto de 2018 fue asesinado de cinco disparos Diego Germán Romero en la puerta de su casa, en la zona este de Rosario. Cinco años antes había declarado como testigo en la causa que el juez de instrucción Juan Carlos Felipe Vienna siguió a los cabecillas y lugartenientes de la banda Los Monos, la primera que llegó a juicio y terminó con condenas.

Un lustro antes de su asesinato, Romero aportó datos ante Vienna, en calidad de testigos, sobre un asesinato, un ataque a su vivienda y la comercialización de drogas por parte de la organización criminal del sur rosarino.

Lo curioso fue que en diciembre de 2017, cuando debía ratificar aquella declaración en el juicio seguido a Los Monos, Romero no se presentó. En febrero de 2018 la policía lo fue a buscar a Chaco, donde residía, para que cumpliera su deber de prestar testimonio.

Llamativamente, Romero había olvidado todo lo que le había contado al juez. Entre otras cosas, que le habían dado un tiro en una pierna por negarse a atender un búnker de venta de drogas ubicado en Lima y bulevar 27 de Febrero, que según su declaración le había propuesto Mariano Salomón –miembro de la banda– en nombre de los jefes Ramón Machuca (alias Monchi Cantero) y Ariel Guille Cantero.

También había aportado datos sobre el crimen de Antonio Domínguez, quien aparentemente vendía drogas en un búnker para una mujer que competía con Los Monos y no se había allanado a hacerlo para la organización de La Granada.

Al declarar en febrero de 2018 en el juicio, llevado por la Policía, Romero negó todo lo que había quedado con su firma en la testimonial ante Vienna. Incluso, aseguró que “todo eso lo armaron (el ex jefe de la División Judicial) Cristian Romero, el juez Vienna y el fiscal (de Cámara, Guillermo) Camporini”.

Seis meses después de contradecirse su primera declaración –cosa que ocurrió con otros testigos de aquél juicio– Romero fue asesinado y su familia se encargó de aclarar que “nada que ver con Los Monos”, sino que el crimen obedeció a “un problema personal que él tenía”, según recogió en una crónica el diario La Capital.

La novia

Un mes después del crimen de Romero, en septiembre de 2018 fue asesinada Daiana Magalí Irrazábal, una chica de 24, en un doble crimen que también tuvo como víctima a Gonzalo Urrieta, de 21.

La crónica policial consignó que fueron atacados a balazos por presuntos sicarios en una vivienda de Dorrego al 3900.

Rápidamente las sospechas se tendieron sobre el clan Cantero, atento a que Irrazábal había sido testigo en el juicio oral a Los Monos que había terminado, con altas condenas, en abril de ese mismo año.

Además, existía otro elemento que sustentaba las sospechas. Daiana había sido novia de Nahuel César, quien fue asesinado junto a un amigo y su madre en mayo de 2013, dos días después del crimen del jefe de Los Monos, Claudio Pájaro Cantero.

Por ese triple crimen fue condenado en el juicio a la banda de la zona sur Ramón Machuca, como instigador.

El conocido atentado armado ocurrió en avenida Francia y Acevedo, cuando desde dos motos con dos ocupantes cada una balearon la camioneta conducida por el mecánico Marcelo Alomar, amigo de los César.

El trabajador había aceptado trasladar a Nahuel César, su madre y el padrastro, a cuyos oídos había llegado la noticia de que los Cantero querían matarlo porque creían que Milton César, hermano de Nahuel, estaba involucrado en el asesinato del Pájaro.

Finalmente, según se desprende de la investigación del triple crimen –la madre de los César falleció seis meses después– Los Monos habían recibido un “dato erróneo”, y al Milton que buscaban se apellidaba Damario y era un sicario de la banda de Villa Gobernador Gálvez conducida por Luis Pollo Bassi, un ex barra de Newell’s.

Bassi, Damario y Facundo Muñoz fueron llevados a juicio como presuntos autores del asesinato de Cantero, pero resultaron absueltos por el beneficio de la duda. Buena parte de la familia Bassi, conocida en Villa Gobernador Gálvez por administrar una agencia de remises, fue asesinada en los años siguientes a la muerte del Pájaro Cantero.

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