Entidades que agrupan a inquilinos de Rosario se reunieron con diputados nacionales por Santa Fe, para debatir sobre las modificaciones a la Ley de Alquileres. Entre varios puntos, pidieron sostener el plazo mínimo de 3 años de contrato y rechazaron los aumentos semestrales.
Asociaciones de Inquilinos de Rosario se reunieron este lunes con los legisladores Eduardo Toniolli (Frente de Todos), Germana Figueroa Casas (Juntos por el Cambio) y Enrique Estévez (bloque Socialista), para analizar la realidad local en el tema alquileres, en el marco del debate nacional en torno a las modificaciones a la Ley. Del encuentro también participaron asesores técnicos del diputado Roberto Mirabella.
“Nuestra postura es clara: entendemos que los 3 años de contrato son fundamentales y los derechos afirmados en la ley no tienen que ser dilapidados. Sin embargo, creemos que el Estado debe focalizar las soluciones a la crisis de oferta de inmuebles, quizás sean mediante alivios y beneficios fiscales”, indicó Emmanuel Canelli, presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario.
El referente de esa entidad calificó al encuentro como “muy positivo”, porque “pudimos compartir miradas y diagnósticos sobre la situación que atravesamos”, y porque “también se expusieron algunos ejes de trabajo para intentar solucionar esta situación”. Además, agregó: “Entendíamos que la problemática debía debatirse de manera amplia, por eso mismo fue que convocamos a los tres bloques de diputados santafesinos que hay en la Cámara de Diputados”.
Por su parte, el integrante de la Concejalía Popular, Ariel D’Orazio, coincidió en que “hemos tenido un diálogo fructífero” con las y los legisladores. “Les hemos trasladado la necesidad de sostener los avances creados por la Ley 27.551, y que es importante sostener el plazo mínimo de 3 años y nuestro rechazo a los aumentos semestrales”, dijo.
“Además –continuó– manifestamos nuestro deseo de generar incentivos a la vivienda en alquiler y ejercer un control sobre la vivienda ociosa”. Y añadió: “También compartimos la necesidad de crear un observatorio nacional de Vivienda, con el fin de generar estadísticas oficiales sobre el universo de la población inquilina”.
En la reunión también se hicieron presentes integrantes del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso). El economista de ese espacio, Cristián Berardi, compartió los datos que proporciona el Monitor de Precios de Alquileres de la ciudad de Rosario, que releva el propio Centro y que permite observar la evolución tanto del precio de oferta de las viviendas en alquiler como de la cantidad de viviendas ofertadas en Rosario desde febrero 2019 a la actualidad.
“La implementación de la Ley de Alquileres a partir de junio de 2020 tuvo como efecto indeseado la caída de la oferta de viviendas para alquilar y la suba del precio de mercado de los alquileres. Sin embargo, pensar en la derogación de la ley es un retroceso para los inquilinos, quienes se ven beneficiados con una mayor estabilidad dado por la duración de 3 años de los contratos, la actualización anual y un índice objetivo de ajuste de los mismos”, indicó el experto.
En ese sentido, Berardi consideró que “es necesario mejorar la Ley cubriendo los grises que dejó la normativa en cuanto a la renovación de los contratos de alquiler y sobre todo promover desde el Estado la oferta de vivienda para alquilar, ya sea a través de incentivos impositivos como de un impuesto a la vivienda ociosa”.
La postura de Diputados
Eduardo Toniolli, integrante del Frente de Todos y de la Comisión de Legislación General, admitió que “estamos atravesando un grave problema de oferta de inmuebles para alquileres, y sobre eso hay que trabajar, generando beneficios fiscales” para los propietarios. “Asimismo, entendemos que hay que hacer una diferenciación entre –por un lado– el pequeño propietario atravesado por la incertidumbre por la situación económica, y –por el otro– la quita de inmuebles para alquileres por parte de grandes tenedores”.
“En este último caso –apuntó el legislador oficialista y ex concejal rosarino– estamos frente a una operación del mercado inmobiliario para abonar a la crisis habitacional que atravesamos, y boicotear los aspectos de la ley que protegen a los inquilinos”.
En tanto, la integrante de Juntos por el Cambio, Germana Figueroa Casas, aseguró que “escuchar la posición de los inquilinos es enriquecedor y siempre voy a estar dispuesta a hacerlo. Les compartimos un proyecto que presentaremos, el cual intenta colaborar desde la parte impositiva –trabajando sobre la categorización fiscal de los propietarios– y de esta manera beneficiar a los propietarios de pequeños inmuebles, generando un aumento en la oferta de inmuebles”.
A su turno, el diputado del Bloque Socialista, Enrique Estévez, expresó que “es necesario que se generen mayores incentivos para aumentar la oferta en el mercado inmobiliario, con condiciones justas y equitativas para evitar especulaciones que vulneren los derechos de los inquilinos a la vivienda establecidos en la ley actual”.
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