La crisis en Seguridad provincial, entre bajas impuestas de abajo hacia arriba y “chivos expiatorios” parlanchines. Coincidencias entre oficialismo y oposición. Éramos pocos y apareció la Embajada yanqui.

La jefa de Policía obliga al ministro de Seguridad a reemplazar al encargado de la principal Unidad Regional de la fuerza en medio de una feroz interna; el ministro aprovecha el viaje al exterior de un subordinado para echarlo de la cartera y reemplazarlo por un funcionario que es celebrado por la oposición; el expulsado asegura que la movida tiene por objetivo distraer la atención pública “porque los narcos nos están infiltrando a la Policía”; un agente es imputado por cambiar 11 armas que estaban bajo custodia policial a un joven que le pagó con una moto; se suceden las falsas amenazas de bomba a edificios públicos; el gobierno provincial busca asesoramiento en la Embajada de Estados Unidos para combatir al narcotráfico; se produjeron 32 homicidios en 27 días de abril en el departamento Rosario, cruzado por violencia desde hace una década. ¿Qué puede salir mal en materia de seguridad pública?

Fuera de madre

El desmadre en la gestión de la seguridad no debe buscarse en las estadísticas criminales, cuya oscilación hacia arriba o abajo no está ligada tanto a la acción (o inacción) policial como a la dinámica propia que adquiere el mercado ilegal del menudeo de drogas y otros ilícitos, sino en las evidentes dificultades de la cartera para conducir el proceso, cuya complejidad es innegable.

La habilidad exhibida en algunos asuntos por el ministro Jorge Lagna, tanto para sacarse de encima a golpe de teléfono al heredado equipo del ex ministro Marcelo Sain como para promover la expulsión de su segundo, el león viajero Jorge Bortolozzi, contrasta en cambio con el off side en que lo dejó la jefa de Policía, Emilce Chimenti, que lo obligó a reemplazar en la Unidad Regional II al jefe Natalio Marciani.

Ese corrimiento tuvo como trasfondo una sorda disputa entre ambos jefes, uno funcionalmente subordinado a la otra, por presuntas irregularidades en las compras policiales, que según Marciani se cometían en nombre de Chimenti, quien le pidió que lo denunciara.

El jefe rosarino se negó amparándose en los “códigos” de la fuerza –que consisten, al parecer, en perseguir a los choros salvo cuando visten uniforme– y Chimenti lo denunció en la Fiscalía, que un día después le secuestró los teléfonos a Marciani y su segunda, Betina Governatori.

Alelado, el Ministerio designó interinamente a Governatori al frente de la URII y Lagna dijo en una entrevista que se tomaría su tiempo para el reemplazo definitivo. Pero el mismo día, ocho horas después, fue impuesta del cargo Margarita Romero, que encabeza la novena conducción policial de Rosario desde diciembre de 2019.

Hay quienes ven en esos banquinazos la sombra maleva de sectores policiales que perdieron poder durante la gestión de Sain, y que están dispuestos a recuperar el tiempo perdido en Rosario y San Lorenzo. Para regresar al modelo de autonomía policial de relación horizontal con el poder político, que tan malos resultados produjo en los gobiernos anteriores, entre otras razones por la incapacidad de la fuerza de controlar –aun por medios ilegales– lo que ocurre en “la calle”.

La insubordinación de sectores de la policía al poder político y su subordinación a las principales franquicias del negocio narco conforman el combo cuyos resultados se lee a diario en las noticias.

¿León o chivo?

Sin embargo, Lagna intentó recuperar autoridad esta semana con la expulsión del secretario de Seguridad Pública y virtual viceministro, Bortolozzi.

Luego de la filtración en redes sociales de imágenes que lo mostraban en un viaje por Nicaragua fundado en motivos personales –a raíz de su histórica pertenencia al Club de Leones de Coronda–, Bortolozzi se enteró que era reemplazado del cargo mientras intentaba, durante una entrevista con la radio LT8, explicar los motivos de su ausencia, en un contexto acuciante para la seguridad pública.

Lagna terminó de enterrarlo al asegurar que le había avisado de su ausencia “vía WhatsApp”, pero que ni siquiera sabía adónde había viajado.

Explicó en una rueda de prensa que no existía “autorización” para que el secretario realizara el viaje, pero sí “responsabilidad” en el ejercicio de la función pública. Y agregó que lo que diga Bortolozzi “me tiene sin cuidado”.

Era lógico, porque a esa misma hora el expulsado secretario de Seguridad Pública decía en Radio Dos que su salida operaba como “un chivo expiatorio” de “alguien que no puede dar respuestas y quiere que se mire para otro lado”.

“Si el viaje mío, que entiendo que no es grave, es tema de discusión durante 48, 72 horas, evidentemente alguien quiere distraer la atención, alguien no puede dar respuestas de lo que ha ocurrido, alguien se siente responsable y quiere que todo el mundo mire para otro lado”, sostuvo Bortolozzi en obvia alusión al ministro Lagna.

Además, aseguró que el problema de la seguridad pública no debe rastrearse en su pasaporte, sino en que “claramente los narcos nos están infiltrando a la Policía y ese es un tema central que está oculto”.

El ex funcionario recordó el caso de la semana pasada, cuando un fiscal solicitó un allanamiento a un aguantadero de Empalme Graneros en el que se secuestraron 11 armas y 107 municiones, que luego advirtieron que debían estar bajo custodia judicial porque habían sido secuestradas con anterioridad en otro procedimiento.

Por ese hecho fue imputado con prisión preventiva un joven agente de 21 años de la sección Balística de la Policía rosarina, que se las cambió al encargado del aguantadero por una moto.

Feliz coincidencia

Tras ser uno de los promotores en redes sociales de la renuncia del león viajero, el diputado radical que evolucionó hacia la centro-derecha, Maximiliano Pullaro, celebró el reemplazo de Bortolozzi por Claudio Brilloni, un ex comandante de Gendarmería  que ocupaba la Secretaría de Prevención y Control Ciudadano del Ministerio de Seguridad.

Como si hubiese existido un acuerdo previo, Pullaro y Lagna coincidieron en resaltar la figura del nuevo secretario de Seguridad Pública.

El radical en Juntos por el Cambio dijo en Twitter: “La mejor decisión de Omar Perotti es poner a Claudio Brilloni como secretario de Seguridad. Es un hombre que conoce la provincia. Cuando lo designó la ministra (Patricia) Bullrich para conducir las Fuerzas Federales en el 2016/2017 logramos bajar los índices de violencia”.

Su alter ego, el diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, calificó en la misma red social como “papelón del Gobierno de Santa Fe. En plena ola criminal, su secretario de seguridad se encontraba premiando reinas del caribe”. Pero, a la vez, se sumó a la celebración: “Asimismo, muy buena decisión nombrar a Claudio Brilloni, conoce la provincia y condujo las Fuerzas Federales en el 2016/2017 cuando bajaron los índices de violencia”.

Lagna sostuvo por su parte que Brilloni “es el secretario de Seguridad que necesitamos para estos tiempos” porque llevará adelante “una conducción férrea” y destacó que “tiene una gran expertise en temas de seguridad”.

El antecesor de Lagna en el cargo, Sain, se burló del asunto, también en Twitter: “¡Santa Fe es maravillosa! Pullaro ahora asumió como jefe de gabinete de Perotti: pone y saca funcionarios del Ministerio de Seguridad y dicta los lineamientos del mismo. ¡A lo que se ha llegado!”.

También en tono irónico, dando cuenta de la ausencia de conducción política del asunto, le deseó “suerte a la ministra de Seguridad Emilce Chimenti en esta nueva etapa”.

Mirando al norte

Bortolozzi fue el único funcionario de Seguridad de la provincia que acudió a la metáfora bélica para abordar el complejo asunto del tráfico y consumo de drogas y la violencia altamente lesiva asociada a ese mercado ilegal, que en Rosario posee sus singularidades.

En la mencionada entrevista con Radio Dos, afirmó que “no hay forma de combatirlo sin una guerra sin cuartel, una guerra total contra el narco”.

No fue la primera vez. Luego de los ataques a tiros a dos seccionales policiales, en febrero pasado, el entonces secretario de Seguridad sostuvo que “estamos en una guerra, no tengo ninguna duda”.

Explicó que no tenía la intención de “exagerar” porque “siempre” sostuvo que “una guerra es con un país extranjero”, pero recordó que “hay 44 personas muertas en lo que va del año”, y que los delincuentes “atacan patrulleros, comisarías, amenazan personas, magistrados, fiscales”.

“Si no nos gusta esa palabra (por guerra), utilicemos otra. El sábado se improvisó una comisaría con un chapón y un bando. Bueno, la guerra es así. Uno utiliza cualquier cosa para parapetarse”, abundó en aquella oportunidad.

La “guerra contras las drogas” es una política impulsada desde comienzos de la década del 70 del siglo pasado por Estados Unidos, cuyo fracaso en relación a los objetivos fijados resulta incontrastable: millones de dólares invertidos mientras el narcotráfico y el consumo de drogas ilegalizadas crecieron y las muertes y la violencia asociadas a él también.

El gobierno de Santa Fe difundió esta semana un encuentro que tuvo con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina para brindarle asesoramiento en materia de delitos federales, sobre los que la provincia no tiene competencia directa.

El 24 de febrero el gobernador Omar Perotti se había reunido con representantes del área de seguridad de la Embajada norteamericana, ocasión en la que se anunció que la policía del Estado de Virginia capacitará a la de Santa Fe “en materia de investigación policial y lucha contra el delito complejo”.

La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo son dos antiguos objetivos –señalados como “nuevas amenazas”– del Comando Sur del Departamento de Defensa norteamericano, que el mes pasado volvió a advertir sobre la “influencia negativa” de las inversiones chinas en Latinoamérica así como la de Rusia que, según la jefa del Comando, Laura Richardson, “continúa desestabilizando la región y socavando la democracia, inundando la región con desinformación, para incluir cientos de artículos que distorsionan las acciones de seguridad de Estados Unidos”.

El diputado provincial y periodista e investigador, Carlos Del Frade, señaló sobre los acuerdos de la Embajada norteamericana y el Gobierno de Santa Fe que “Estados Unidos planificó el consumo de marihuana, cocaína y metanfetaminas en sus últimas seis décadas y generó el desarrollo del negocio en toda América del Sur”.

Así, para Del Frade “usó la llamada y fracasada «guerra contras las drogas» para intervenir militar y socialmente en Colombia, México, Bolivia y otras regiones de la Patria Grande”.

“Su «asesoramiento» en esta materia servirá para hacer más negocios y producir más muertes y control social”, vaticinó el legislador.

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