Folletos con la premisa “Si vas a consumir, acordate de estos consejos”, que fueron repartidos en el marco de un festival organizado por la Municipalidad de Morón, reavivaron un debate cada vez más urgente: reducción de daños o persecución.

El domingo 24 de abril se realizó en Morón, localidad bonaerense conocida como “la Capital del Oeste”, el festival cultural “La Minga”. En uno de los puestos pertenecientes a la municipalidad se encontraban a disposición volantes con información sobre cómo consumir sustancias psicoactivas de la forma más segura posible.

Esta medida se encontraba enmarcada en el Programa de Reducción de Riesgos y Daños Asociados al Consumo de Sustancias Psicoactivas Legales e Ilegales, puesto en funcionamiento a través de una ordenanza sancionada por unanimidad en el Concejo Deliberante de Morón en junio de 2021 y llevado adelante por el Municipio, el Sedronar (la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) y la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (Arda). 

A partir de una historia de Instagram colgada por la página oficial de la Dirección de Políticas para Juventudes, varios periodistas y funcionarios políticos utilizaron sus redes sociales para expresar sus opiniones.

Tal es el caso del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. En una entrevista realizada el miércoles por la mañana en Radio 990, el funcionario se pronunció a favor de la campaña: “Festejo y bienvenida sea toda iniciativa que tienda a generar programas de prevención”.

En el mismo programa radial, el conductor se comunicó con Alicia Romero, la fundadora de Madres Contra el Paco, quien resaltó la importancia de la polémica como disparadora del debate y consideró que el folleto estaba dirigido a usuarios en general, sin distinción entre consumos problemáticos o recreativos. 

La oposición

Por el contrario, el presidente del bloque radical, Mario Negri, publicó un tuit donde responsabilizaba al intendente de Morón por “los jóvenes que desarrollen consumos problemáticos de cocaína y de otras drogas”.

Sus colegas, los diputados del Pro Cristian Ritondo y Diego Santilli, también se mostraron en contra. Este último tuiteaba: “`Tomá poquita COCAÍNA para ver cómo reacciona tu cuerpo’, le recomienda el Municipio de Morón a nuestros pibes. Esta gente gobierna la Provincia más grande del país”. 

Waldo Wolff, compañero de bloque de los susodichos, decidió presentar “una denuncia contra el Intendente en el fuero federal por difundir públicamente el uso de estupefacientes y por instigar a cometer un delito”, tal como es detallado en una noticia del diario La Nación. La denuncia sostiene que “la campaña dirigida por el intendente (Lucas) Ghi no tiene el propósito de prevenir el consumo de estupefacientes, sino de difundir públicamente su uso”. 

Además, los nueve concejales que integran el bloque de Juntos por el Cambio en Morón presentaron una acusación en la Justicia federal del distrito.

Estas reacciones recuerdan a la indignación que mostraron ciertos funcionarios ante la difusión de una placa que recomendaba descartar la cocaína recientemente adquirida, durante lo que sería la masacre de Puerta Ocho, en la que más de veinte personas fallecieron a causa del consumo de droga “cortada” con carfentanilo, una sustancia tóxica para el consumo humano. 

El debate entre prohibicionismo y reducción de daños ya forma parte de la agenda pública y, si bien no está ni cerca de una resolución, evidencia que resulta imperioso repensar las políticas actuales y también las categorías de análisis que al día de hoy sólo refuerzan estigmas y estereotipos desde los cuales es muy difícil construir soluciones.

En una nota para Revista Anfibia, la antropóloga e investigadora del Conicet, Florencia Corbelle, detalla, sobre el “régimen prohibicionista de control de sustancias psicoactivas ilegales”, que desde su consolidación “han proliferado los mercados y ha aumentado el consumo de dichas sustancias”, y que la implementación de políticas de Estado en esa linea “ha generado un notable impacto en el funcionamiento de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, ha aumentado los niveles de violencia en especial en zonas empobrecidas, ha vulnerado los derechos humanos de miles de personas que son judicializadas y encarceladas acentuando la discriminación y exclusión que pesa sobre determinados grupos sociales, y ha ampliado las inequidades económicas y asimetrías internacionales”, según un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Reducción de daños

Es necesario reconocer a la problemática de las drogas con dimensiones económicas, sociales, culturales y de salud, tal como detalla el libro El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos, publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Pensarla como un conflicto exclusivamente de seguridad que debe ser erradicado “legitima la respuesta bélica que propone enfrentar a las organizaciones criminales con la mayor violencia posible”.

Las alternativas postuladas por este trabajo, y reconocidas a nivel internacional, implican una revalorización del rol regulador del Estado, el cual debe brindar recursos para la exploración de respuestas no punitivas, como “alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas”. Además del “desarrollo de políticas de salud con una perspectiva de derechos humanos destinadas a los usuarios de drogas que las necesitan” y la descriminalización del consumo y el autocultivo de drogas para consumo personal, orientando “a persecución estatal a las organizaciones criminales y a los grupos que utilizan la violencia”. 

En nuestro país, la Ley de Salud Mental promulgada en diciembre de 2010 reconoce como un “servicio de salud” a la reducción de daños. En esa línea se encuentra también la Ley de Cannabis Medicinal y el Sistema de Alerta Temprana de las Américas (SATA), diseñado por la OEA para recopilar y difundir información sobre las sustancias que circulan y sus adulterantes.

Aún así, el marco jurídico vigente contradice estos pequeños avances y “continúa privilegiando los abordajes prohibicionistas y abstencionistas”, denuncia Florencia Corbelle para Anfibia. “Lo que se precisa son categorías adecuadas que permitan definiciones precisas del problema y el diseño de políticas eficaces, pero sobre todo que no produzcan más daño a las comunidades y colectivos más afectados por la denominada «guerra contra las drogas» y sean respetuosas de los derechos humanos”, concluye. 

A nivel local

En Santa Fe, una región con fama de ser el centro del narcotráfico en el país, donde la violencia asociada al comercio ilegal de estupefacientes crece exponencialmente y las calles están cada día más pobladas de gendarmes y policías, las acciones gubernamentales orientadas a la prevención, difusión de información y el cuidado de los consumidores problemáticos escasean.

En la provincia funciona la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), la cual tiene como objetivo diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas que reduzcan significativamente el impacto social y sanitario de las adicciones, “priorizando la promoción, prevención e inclusión social de los sujetos en situación de vulnerabilidad”, según indica el Decreto 304/19. 

En los barrios periféricos de Rosario, tales como Moderno y Triángulo, se encuentran los Dispositivos Integrales de Abordaje Territorial (Diat), los brazos territoriales del Sedronar. Se trata de espacios que adoptan la postura de no negar el consumo, sino garantizar que este sea de la forma menos riesgosa posible, y de esta forma logran relacionarse con personas expulsadas del sistema, asistiéndolas en materia legal y en el cuidado de su salud.

Además, la Universidad Nacional de Rosario cuenta con un Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y Sida (CEADS), dirigido por la psicóloga e investigadora del Consejo de Investigaciones de la UNR (CIUNR), Silvia Inchaurraga.

Su organización a nivel nacional, Arda (Asociación de Reducción de Daños Argentina), es pionera en la instalación del enfoque en el país, y es quien está detrás del contenido del volante que tanto revuelo causó en estos últimos días. “Asumimos la total responsabilidad del contenido del material comunicacional cuestionado. Venimos trabajando con el Municipio de Morón impulsando un cambio total en el paradigma de las políticas de drogas vigente”, se puede leer en el último posteo de la cuenta oficial de Facebook de Arda.

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