El cíclico envío de Gendarmes a Rosario, una política que de modo aislado está destinada al fracaso. Santa Fe no resuelve el problema de su policía y del Poder Judicial. Mitos sobre seguridad y debates truchos.

En la rueda de prensa en la Casa Rosada, el ministro sostuvo que “la situación en Rosario nos importa y tenemos que encontrar una solución a la problemática (…) lo esencial es seguir trabajando como hasta ahora y con más inteligencia criminal”. A lo que el gobernador respondió que el compromiso federal en el envío de fuerzas policiales es una “noticia importante para la provincia” así como “una señal concreta de una decisión del gobierno nacional de tomar este tema como propio”. Como en los memes o los chistes de las redes sociales, “no importa cuando leas esto”.

Desde el 9 de abril de 2014 cuando el entonces secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, “desembarcó” en helicóptero con 3 mil hombres y mujeres de las fuerzas federales –que llegaron por tierra, claro– para “saturar” la ciudad de Rosario por una crisis de seguridad pública expresada en la creciente tasa de homicidio, la escena y los diálogos se repitieron con inocua regularidad.

Berni volvió con más gendarmes, prefectos y policías federales en mayo de 2015; Patricia Bullrich mandó 2.900 en septiembre de 2016 y ordenó “saturar” Rosario en febrero de 2018; Sabina Frederic hizo anuncios y adoptó acciones similares en 2019 y marzo de 2021.

Aníbal Fernández, el actual jefe de la cartera de Seguridad nacional tomó la misma medida en octubre del año pasado, cuando se produjo con el gobernador Perotti el diálogo que inicia esta nota.

El lunes último por la noche, la burra volvió al trigo: tras una reunión del presidente Alberto Fernández y el ministro del mismo apellido llamado Aníbal, el gobernador Perotti y el intendente local, Pablo Javkin, se anunció “el envío a la ciudad de Rosario de 300 gendarmes en los próximos 30 días –para llegar a un total de mil efectivos– y un comandante de la fuerza federal para que planifique la distribución territorial y el operativo, en el marco de un plan que apunta a reforzar la seguridad, ante los graves hechos de inseguridad que se vienen sucediendo en esa ciudad santafesina”.

La repetición cíclica del problema y la adopción sistemática de la misma acción –aunque con algunos matices– con el objetivo de solucionarlo, convoca a la frase del físico Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

Lo que expone la periódica solicitud de ayuda santafesina ante el gobierno federal es la incapacidad local de resolver los problemas de la fuerza policial que, como dice en esta nota el criminólogo Enrique Font, no pretende resolver el problema de la seguridad pública –mucho más complejo y multicausal– tanto como tener una policía moderna, más o menos eficiente y subordinada al poder político que permita reducir los dramas que actualmente produce la propia agencia. Luce como un objetivo módico, pero no se ha logrado en la última década.

Deberes sin hacer

El problema, como lo ha señalado en otras ocasiones El Eslabón, radica fundamentalmente en las dificultades que han tenido –o la decisión de no encararla– los sucesivos gobiernos provinciales para llevar a cabo una reforma de la policía y del sistema de seguridad santafesinos, cuya incapacidad para regular el entramado narcocriminal está a la vista.

Así, cada vez que la tasa de homicidio pega uno de sus periódicos saltos, la Casa Gris acude a la Rosada en procura de auxilio. El servicio de cuidados paliativos llega, pero el paciente no logra encarar el tratamiento y a los pocos meses recae, volviendo a llamar a la emergencia.

Para el criminólogo Font, el nuevo anuncio de envíos de fuerzas federales a Rosario puede tener alguna validez dependiendo más que del número, del perfil y los objetivos.

“La validez y la eficacia depende mucho, no del número –un tema al que a veces se le presta mucha atención–, sino a quiénes se envía. Es decir, con qué perfil operativo, para hacer qué cosa y con qué se van a encontrar en el territorio. O sea, qué está haciendo la provincia en su territorio”, dijo en una entrevista con este periódico.

Asimismo, estableció una distinción entre aquellos envíos con fines de saturación realizados por Berni y Bullrich, de los decididos desde 2020.

“En estos dos últimos años se ha priorizado, al menos es mi mirada, que las fuerzas federales que vienen lo hacen para trabajar en su temática de competencia: delitos federales y criminalidad compleja y organizada, articulando con las investigaciones provinciales y federales que lo requieran”, explicó.

Agregó que “el problema de la provincia es que desde hace muchos años nunca encara lo que hay que hacer y cuando las cosas se ponen muy feas recurre a buscar apoyo del Gobierno nacional. Ese apoyo por más que se dé, se dé rápido y tenga valor político, no se termina capitalizando nunca porque en Santa Fe no se hace lo que hay que hacer”.

¿Y qué hay que hacer? “Lo que hay que hacer es reformar de una buena vez a la policía y gobernarla. Vimos lo que pasó con la salida de Marcelo Sain (del Ministerio de Seguridad), y es bastante desolador el panorama en ese sentido”, dijo el abogado, para agregar que “se necesita un acuerdo político de quien esté en el gobierno y en la oposición, para construir políticas de seguridad integrales vinculadas a lo que es la violencia en los territorios”.

“Porque –siguió– podés coordinar lo mejor que puedas tu policía, pero no por eso vas a estar resolviendo los problemas de seguridad, vas a estar resolviendo los problemas que trae la policía en materia de seguridad”.

La necesidad de un acuerdo político aparece en la voz de casi todos los actores en ejercicio de los gobiernos o con representación parlamentaria.

De izquierda a derecha se proclama su carácter imperioso, se reunió en dos ocasiones la Junta Provincial de Seguridad, pero la acción política no ha conducido hasta ahora a su concreción. Como si las urgencias y las próximas elecciones tuvieran la capacidad de devorarlo todo.

Las otras patas

Además de la reforma y el gobierno de la fuerza de seguridad provincial, y de tejer un acuerdo político con base en algunos aspectos del problema para encarar en forma conjunta las demandas y decisiones, Font consideró que existen otros factores a tener en cuenta para salir de forma más o menos virtuosa del círculo de la repetición y frustración del envío de fuerzas federales.

“Separar la paja del trigo en la Justicia Federal. Establecer quién es quién y, en algunos casos, merecerían el juicio político”, señaló.

Recordó que el ex ministro Sain había presentado ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político al juez federal Marcelo Bailaque, a cargo del juzgado Nº4 de Rosario. Fue en 2020, por presunta “negligencia grave en el ejercicio de sus funciones” tras negarse a ordenar un allanamiento solicitado por un fiscal federal –primero en forma telefónica, luego por escrito y finalmente con un pronto despacho– que permitió a una mujer prófuga en una causa por narcotráfico eludir el arresto policial.

Foto: UNCiencia

Hace poco se conoció en el juicio a Esteban Alvarado, de acuerdo al testimonio de un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la mora del mismo juez en resolver solicitudes de intervenciones telefónicas fundados en datos concretos de la pesquisa.

Font planteó arribar a “un acuerdo de fuerzas provinciales que motoricen el juicio político a algunos funcionarios de la Justicia Federal, porque hay algunos que están muy en falta. Si se hace en el marco de un acuerdo, tiene un valor formidable”.

Poner el ojo en ese fuero requiere, también, desperezar la modorra de funcionarios “burócratas” y alentar a quienes realizan su tarea de modo eficiente.

El criminólogo sumó, como otra pata, el análisis del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA). “Es uno de los más caros del país en la comparación provincial, y el que tiene la peor tasa de resolución de homicidios dolosos, por múltiples motivos”, sostuvo Font, para quien “eso es un problema”.

Según el informe de gestión que presentó esta semana el fiscal general Jorge Baclini, entre febrero de 2014 cuando se creó el MPA en el marco de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe y fines de 2020 el porcentaje de legajos con imputados individualizados (la tasa de esclarecimiento de hechos) fue del 53,5 por ciento.

Mientras que en el caso de la Fiscalía Regional 2, con sede en Rosario, la tasa de esclarecimiento fue del 48 por ciento en 2020, el registro más bajo desde su creación.

Font recordó que en su creación, el MPA fue conformado por abogados y abogadas “sin idea de cómo se investiga. Saben llevar adelante el debido proceso legal, con sus garantías y todo lo demás, pero no saben de investigación criminal”.

Esa carencia buscó compensarse con la creación del Organismo de Investigaciones, la policía judicial de Santa Fe.

“Cuando se arma eso, la realidad es que por debajo de Sain (que fue su primer director) le metieron a todos los militantes de (el diputado radical Maximiliano) Pullaro y de (el ex gobernador Miguel) Lifschitz, porque se hizo un acuerdo con Baclini por el cual traspasaron sin concurso alguno a todos los militantes que tenían en el Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Pullaro”, historizó el criminólogo. “Una vergüenza en términos institucionales, un escándalo”, apostrofó.

Verdes o azules

Entonces se impone la pregunta retórica del entrevistado: “¿Qué pueden resolver los gendarmes si tenés una Justicia Federal en la que hay alguna gente que labura, pero el grueso son más problemas que otra cosa, y en el MPA tenés el Organismo de Investigaciones con gente que no tiene ideas y buena parte del tiempo están dedicados a hacer operaciones?”.

La cuestión del “refuerzo” periódico de personal policial federal no parece destinada al “éxito” sin la resolución del problema de fondo, que es, en parte, la fuerza provincial. No es cosa de verdes, sino de azules.

Para Font, ese entuerto “no es que no lo han podido resolver, es que no lo han encarado. Salvo los dos primeros años de Perotti, en el resto no sólo no se encaró nada, sino que hasta se hicieron cosas contraproducentes”.

Entre ellas, mencionó la creación durante el gobierno de Antonio Bonfatti de la “División Judiciales para armar la megacausa a Los Monos, donde se le dio a un grupo de policías-delincuentes el manejo del fenómeno. Hoy están presos, condenados”.

La cúpula de la División Judicial fue descabezada luego de que le hicieran una cámara oculta a un grupo de periodistas de Rosario. Algunos de sus miembros aparecieron vinculados –y fueron condenados en juicios abreviados– a la organización criminal liderada por Alvarado. Como si su función hubiese sido “tumbar” a Los Monos para levantar al competidor.

En ese contexto, el nuevo envío de gendarmes a Rosario no parece ser más que otra acción destinada a los titulares de los medios de comunicación con el fin de mostrar que “se está haciendo algo”, mientras se mantienen inalterables las causas de los problemas.

“Para el Gobierno nacional es una encrucijada, porque no podés no hacer algo, pero el que te viene a pedir ayuda no está haciendo los deberes, y te arruina la herramienta”, concluyó Font.

Mitos y debates estériles

Ante las crisis de “inseguridad” –cuestión que refiere a la sensación de miedo a ser víctima de un delito o su percepción social– suele reclamarse, con mayor o menor énfasis, “más patrullaje”. La idea, incorrecta pero extendida en el imaginario social, es que esa medida contribuye a prevenir la comisión de delitos, sobre todo los llamados “comunes” o “menores”, como robos y hurtos.

El criminológico Enrique Font sostiene en base a numerosos estudios sobre el asunto, que “el patrullaje policial respecto de reducir delitos contra la propiedad tiene chances bajas, tiene un impacto mínimo. Aun aumentando el número de patrullas o de policías a pie –esto está muy estudiado– las chances que coincidan en el espacio y en el tiempo una ocasión de robo con un patrullaje policial son estadísticamente bajas”.

De todos modos, sostuvo que la denominada presencia policial en las calles “puede generar una percepción de que la cosa está más tranquila. Desde los años 90 la idea de mostrar patrullajes con las luces encendidas y conos en las calles (contraria a la posibilidad de arrestar a una persona durante la comisión de un delito) es que produzca un impacto en términos de percepción, aunque sabemos que el impacto en términos materiales es muy bajo”.

Así como ese mito está instalado en el imaginario social, el criminólogo de la Universidad Nacional de Rosario apuntó contra los debates estériles en materia de seguridad pública.

“Las conducciones políticas en la provincia de Santa Fe se embarcan en discusiones que no van al fondo de la cuestión. En el medio de este quilombo, la discusión es si vas a pedir gendarmes a Buenos Aires o si los intendentes eligen a los jefes de unidades regionales”, sostuvo.

Y agregó que “son discusiones menores respecto de lo que está pasando. El problema es que esas discusiones se reproducen en los medios y termina pareciendo que esas son las soluciones. Lo único que hace eso es encubrir el hecho de que las soluciones que hay que tomar no se están encarando”.

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