Entre la interna oficialista y un contexto de crecimiento económico desigual, los ingresos se actualizan corriendo detrás de los precios, que suben por ascensor. La CTA Autónoma convocó a un paro nacional, el primero contra el gobierno de Alberto Fernández.

El debate público por el rumbo económico recalienta la interna del Frente de Todos. La vicepresidenta CFK habló en Chaco y un sector del gobierno nacional, con el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán en primera línea, salió a responderle. Mientras transcurre la guerrilla retórica con miras a 2023, vastos sectores de la población quedan perplejos frente a las góndolas o mostradores, víctimas de las remarcaciones que van por el ascensor de los formadores de precios, sobre todo los de la industria alimenticia, donde hay alta concentración.

El eje de las tensiones en la coalición oficialista gira sobre la puja ingresos-inflación. El alza de los precios se replica en la región y en el mundo, entre la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania. En la Argentina, la espiral inflacionaria, con mayor impacto en la base electoral del frente gobernante, tiene sus múltiples causas y características propias. Salarios, ingresos, jubilaciones y asignaciones, en promedio, siguen corriendo detrás, amén de los refuerzos y las ayudas que promueve el gobierno.

Lo que falta en un lado, está en otro. En medio del proceso inflacionario y pese a la crisis pandémica, grandes grupos empresarios hacen negocios en una economía que tildan de insegura y siguen abultando ganancias extraordinarias. Esto se da en un contexto de crecimiento de la actividad y generación de empleo formal tras la fuerte caída en pandemia, pero con distribución regresiva del excedente que genera la levantada macroeconómica y con salarios más bajos. Economistas definen este cuadro como “transferencia de ingresos desde los asalariados hacia el capital”.

El adelantamiento de paritarias puso un piso de suba del 50 por ciento, algunas, de acuerdo a la proyección inflacionaria 2022, tocan el 60, hay negociaciones cortas con futuras revisiones. Al cierre de esta nota, el Indec daba a conocer el índice de inflación general de abril, que se estimaba entre 5 y 6 por ciento, con mayor peso en el rubro alimentos, pese a las programas de precios (des)controlados.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) midió en abril una inflación del 5,6 por ciento y 57 por ciento anualizada. Si bien baja un toque después del récord del 6,7 por ciento de marzo, el IPC (Índices de Precios al Consumidor) se mantiene en un nivel altísimo y preocupante, superando incluso en la medición anual el 54 por ciento que dejó Mauricio Macri el último de los cuatro años de su gestión, que la historia recordará como “macrisis”.

Para el mes en curso se espera una nueva ronda de aumentos en bienes y servicios, de la mano de subas en los precios de los combustibles que se despachan en surtidores, medicina prepaga, servicios de internet y telefonía móvil, más las minidevaluaciones del Banco Central en la cotización del dólar oficial dejando atrás el “ancla cambiaria” y los incrementos que están en discusión vía reconfiguración de subsidios para las tarifas de servicios públicos, como luz y gas, tema que agita las aguas frentetodistas.

Estas dos últimas estrategias de política económica que sigue el gobierno de AF, la aceleración en el valor del dólar y la rebaja de subsidios, que no son anti-inflacionarias sino todo lo contrario, están recomendadas en el acuerdo que el país firmó con el Fondo Monetario Internacional por el pago de la deuda récord que contrajo Macri. Dicho organismo inició por Zoom sus exámenes trimestrales sobre metas de crecimiento, monetaria, cambiaria, fiscal, entre otras variables a las que se comprometió Argentina.

“Los actuales niveles inflacionarios y su evolución son incompatibles con la recuperación de los ingresos, componente esencial de una dinámica económica de crecimiento con distribución”, analizaron desde el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) en su último informe de coyuntura.

Básico y vital

Legisladores del FdT referenciados en la vicepresidenta, encabezados por su primogénito y diputado Máximo Kirchner, acompañado por diputados de extracción sindical y de movimientos sociales, presentaron un proyecto para que el gobierno adelante los tramos del salario mínimo previstos hasta diciembre y modifique el valor de ese ingreso, que además influye en otras prestaciones estatales. En igual sentido, el interbloque Unidad Ciudadana del FdT en la Cámara de Senadores oficializó el proyecto que propone una nueva moratoria que facilite el acceso a la jubilación a personas que no cuenten con la totalidad de los aportes.

En respuesta a lo primero y previo a conocerse la inflación de abril, el sector del gobierno encolumnado detrás del presidente, a través de una resolución del Ministerio de Trabajo que comanda Claudio Moroni, junto a las cúpulas de la CGT y la Unión Industrial, decidió adelantar a junio el aumento del salario mínimo, vital y móvil, que pasará a 45.500 pesos a partir del próximo mes, y a 47.850 desde agosto. La iniciativa fue bien recibida, pero con gusto a poco. Una familia de cuatro integrantes necesita, según el Indec, 90 mil pesos para evitar la pobreza medida por ingresos. La CTA de los Trabajadores también había solicitado el adelantamiento del incremento del salario mínimo y, al mismo tiempo, reclamó medidas más contundentes para frenar el aumento de precios.

“El salario mínimo perdió en el primer trimestre todo lo que había recuperado en el 2021. Volvió a ubicarse en los valores más bajos desde 2004. En comparación con 2012 retrocedió un 41,5 por ciento en términos reales”, cotejó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, central que convocó a un paro nacional, el primero contra el gobierno de AF. La huelga será este mes pero aún sin fecha confirmada. “No aceptaremos un cogobierno con el FMI, que impone condicionamientos, provocando un deterioro del salario y las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras”, es una de las consignas.

Diputados nacionales del Frente Patria Grande, corriente kirchnerista que responde a Juan Grabois, presentó un proyecto de ley para implementar el salario básico universal, el cual podría abarcar, según estiman, a un universo de nueve millones de personas de todo el país, los mismos, en teoría, que el primer año de pandemia cobraron el ingreso familiar de emergencia (IFE). El proyecto es acompañado por un amplio abanico de organizaciones políticas, sociales y sindicales. Se trata de un pago mensual destinado a trabajadores de bajos ingresos, informales y desocupados, con un monto equivalente al valor mensual de la canasta básica alimentaria para una persona adulta, que de acuerdo al Indec es de casi 13 mil pesos.

Por “trabajo y salario, contra el hambre y la pobreza”, agrupaciones de izquierda y movimientos sociales opositores al gobierno realizaron una marcha federal piquetera de tres días, que finalizó el jueves pasado, el mismo día que se conoció el dato de la inflación de abril, con un acto en la porteña Plaza de Mayo para “alertar sobre la situación que viven millones de trabajadores y trabajadoras, que están desocupados o cobran programas sociales, con los que apenas pueden sobrevivir”.

Carrera que acelera

Tanto en declaraciones periodísticas como en mitines empresariales, el ministro Guzmán, además de resaltar la buena performance en los números de la macroeconomía, recordó: “Cuando empieza nuestro gobierno se recupera el salario, pero luego, con la pandemia, se pasó a proteger los puestos de trabajo. En ese contexto era difícil dar vuelta lo que había pasado entre 2015 y 2019. En 2021 se empieza a recuperar el empleo y los salarios del sector registrado. Hubo una heterogeneidad en la recuperación de los salarios entre sectores formales e informales, pero el Estado hizo protección social activa”. En Chaco, con autocrítica incluida, CFK había dicho que “hay trabajadores formales bajo la línea de pobreza por una política de bajos salarios”.

Campos, del Observatorio de la CTA Autónoma, escribió en su cuenta de Twitter: “Si bien el salario real subió en los últimos meses, la tendencia es preocupante. La carrera precios-salarios se está acelerando”. Y añadió: “En los próximos meses hay previstos muchos aumentos salariales producto de las paritarias, incrementos en las tarifas públicas y no parece haber margen para retrasar el tipo de cambio. Sin anclas a la vista, la dinámica inflacionaria del 2022 está complicada”.

El informe del grupo rosarino Mate señaló: “Para igualar el nivel de ingresos previo al ajuste de Cambiemos, los salarios deberían crecer 28 por ciento. Hasta ahora, crecieron cero”. En el caso del sector público, “el salario real tenía que crecer 32 por ciento para recuperar lo perdido con Cambiemos. No sólo no recortó esta diferencia, sino que la amplió”, ya que “se redujo seis puntos”. Por su parte, los ingresos de los informales, el sector más ajustado durante el gobierno de Macri, deberían crecer 45 por ciento para retornar al poder adquisitivo de 2015. “En lugar de avanzar en esa dirección, avanzaron en la opuesta: cayeron un 7 por ciento más”, anotó el InfoMate.

El Centro Cifra de la CTA de los Trabajadores publicó un informe sobre la situación del mercado de trabajo, donde advirtió: “El mantenimiento de un bajo nivel salarial implica que el proceso de recuperación se haya dado con un marcado empeoramiento en la distribución del ingreso (…) La nueva aceleración de la inflación desde inicios de este año, vinculada con el alza internacional de precios de alimentos y materias primas, pone en dudas la continuidad del proceso de reducción de la pobreza”.

Desde el sentido común que reclama el ministro Guzmán, el informe de Cifra observó: “Ante el deterioro acumulado en las condiciones de vida de las y los argentinos, esperar a que solo el libre mercado mejore estas condiciones implica sostener el empobrecimiento e incluso dificultar la propia recuperación de la economía”.

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