El actual frenesí punitivo contra Alvarado es la contracara de la modorra cómplice del Poder Judicial, que le permitió agigantarse desde la cárcel. Hace una década los que tenían que saber, sabían.
Esta semana un tribunal de la Justicia provincial dictará el veredicto en el juicio seguido desde fines de febrero a Esteban Lindor Alvarado y otras seis personas de su organización criminal, acusadas por homicidios, balaceras y lavado de activos. También está por llegar a su fin el proceso oral en el fuero federal en el que el fantasma más visible de Rosario está acusado por el presunto transporte de 493 kilos de marihuana a Río Negro, en 2017. Y la semana que pasó, su ex esposa, Rosa Natalí Capuano, fue detenida e indagada por lavado de activos, en una causa iniciada en 2015 sobre información de otro expediente cuya pesquisa comenzó en 2013 en los tribunales de bulevar Oroño. El año pasado, la mujer fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional en el provincial por ese mismo delito. En 2012, cuando el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari acusó a El Esteban como jefe de una banda que robaba autos de alta gama en el Conurbano norte bonaerense para ser desarmados y vendidos en el sur de Santa Fe, puso a disposición del Poder Judicial santafesino varias horas de escuchas al investigado, a miembros de su banda y a lo que parecían ser policías provinciales que le otorgaban cobertura estatal para su actividad delictiva. Para Ferrari, el principal ilícito que sostenía a la organización era la venta de drogas al menudeo. La causa se archivó. En 2013 un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) advirtió a un juez federal que tenía evidencias sobre una asociación criminal que bajaba estupefacientes en avioneta y los comerciaba en la ciudad, y que era liderada por un preso. Pero no obtuvo respuestas favorables a sus solicitudes de intervenciones telefónicas y allanamientos. Pasó una década desde aquellas advertencias desoídas o ignoradas hasta este presente de frenesí judicial que insume varias horas diarias del reo encerrado en una prisión federal, que probablemente convierta su estadía preventiva en el Servicio Penitenciario en un sitio de residencia permanente. En estos diez años, Alvarado acrecentó su poder criminal, su capacidad de control territorial –desde hace años en disputa con Los Monos– y su situación patrimonial, mientras a la par se engordaba la vista del sistema judicial y de la agencia policial que permitió ese desarrollo y que recién hace poco lo descubrió como un actor significativo de la criminalidad.
La caída de Alvarado no se inició cuando fue detenido en 2012 por una investigación del fiscal bonaerense Ferrari sobre robo automotor, en la causa conocida como “La banda de los rosarinos”.
Por el contrario, el cumplimiento de la condena de ese caso –en el que fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión– le permitió constituir desde la cárcel el emporio que comenzó a hacerse visible públicamente recién a fines de 2018 por el crimen del opaco prestamista Lucio Maldonado, un usurero que participó de los negocios de la banda de Alvarado hasta que –como suele ocurrir en el mundo criminal, donde las lealtades son lábiles y a veces sucesivas– ese vínculo se rompió y pagó con su vida el precio de alguna “bronca”.
Se sabía
Multiplicado ahora por las posibilidades que brinda el uso de Internet, el nombre de Alvarado, cuya escritura en un buscador arroja innumerables resultados, ya era conocido en el ámbito policial y judicial al menos desde hace una década.
¿Cómo fue, entonces, que logró mantenerse en las sombras, en un “invisible” segundo plano? Las investigaciones posteriores que dan cuenta de sus relaciones con sectores de la Policía y algún vínculo menos nítido con la política permiten explicar su crecimiento al margen de la notoriedad pública.
En el juicio provincial que esta semana llega a sentencia se deslizó su posible participación, incluso, en la elección del comisario Cristian Sola como jefe de la Policía de Santa Fe en 2012, mediante la influencia que ejercían en la fuerza otros jefes azules que tributaban a su maquinaria: los de la División Judiciales –que llevaron adelante la investigación de sus adversarios, Los Monos– y de jerarcas de la ex Drogas Peligrosas. Algunos de ellos fueron condenados por su complicidad con la organización criminal, otros están en investigación.
Ya entonces, y aun siendo joven, Alvarado era un jugador destacado de la trama narcocriminal de Rosario, cuyo equilibrio de fuerzas se quebró justamente por esos años con los asesinatos del jefe de Los Monos, Claudio Pájaro Cantero, y del narcoempresario Luis Gringo Medina.
Mientras eso ocurría, en abril de 2013 el nombre de Alvarado ya aparecía en un mail que un policía de la Secretaría de Delitos Complejos, que el Frente Progresista había creado para encarar la problemática narco, les envió a sus superiores.
El correo emitido por el comisario Gustavo Gula Pereyra, luego incorporado en el juicio de 2018 a Los Monos, tenía como destinatario a su jefe, Andrés Ferraro.
“Andrés, haciendo averiguaciones me entero que en la Dirección está el oficial Macat (por el oficial antinarcóticos Javier Makhat). De muy buena fuente me dijeron que es un soldadito de Esteban Alvarado”.
Gula relató que Alvarado le donó tres lotes en un barrio de la ciudad de Roldán a Makhat, al comisario Gonzalo Chino Paz –ex Drogas y luego jefe de la Unidad Regional de San Lorenzo– y al jefe Cristian Chamuyo Di Franco, también con paso por las áreas antinarcóticos.
Cuando a fines de 2018 dos fiscales pidieron allanar un departamento del exclusivo Condominios del Alto, tras haber encontrado facturas de ese inmueble en la quinta del paraje Los Muchachos (Piñero) que lo ligaban a Alvarado, se encontraron con que allí residía Makhat junto a su esposa.
Tras un largo pasamanos, el departamento había sido residencia de Rosa Capuano y los hijos de El Esteban. El año pasado, Makhat, que había sido jefe de Inteligencia de la entonces PDI, fue condenado por integrar la asociación ilícita liderada por Alvarado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a tres años de prisión y el pago de una multa de 50 millones de pesos.
“El socio de Quevertoque”
En el mismo año 2013, pero un mes después, en mayo, una escucha telefónica que se conoció en la causa seguida a los cabecillas de Los Monos, también daba cuenta de la importancia de Alvarado y sus vínculos con sectores de la fuerza que lo debían perseguir.
A las 23.03 del 13 de mayo uno de los jefes de Los Monos, Ramón Machuca, conocido como Monchi Cantero, habló con un suboficial de Delitos Complejos que era casi un empleado de la banda: el sargento Juan Chavo Maciel.
Dialogaron sobre un operativo policial fallido que involucraba a Alvarado y mencionaron al subjefe de la División Judiciales, comisario Luis Quevertoque, uno de los que participó de la investigación que permitió la caída de la banda de La Granada y que fue condenado por complicidad con El Esteban, con quien tenía un caballo de carrera llamado Cascarudo a través de una sociedad con Jorge Benegas, mano derecha del jefe narco. Por eso le dieron, en 2020, tres años de prisión.
En aquella conversación grabada, Machuca y Maciel decían esto:
Machuca: Cuchá, y esos que rompen los huevos ya sé por qué rompen los huevos. Yo fui a hablar con este y este sabe bien la posta. Viste que habían hecho un laburo de una chata apenas empezaron ellos.
Maciel: Ahh, la Kangoo, allá en 27 (de Febrero) y Alsina.
Machuca: Sí, qué sé yo, la chata la había puesto el Esteban, para hacer el laburo éste para que queden bien para que agarren esto.
Maciel: Sí, pero eso se sabía hace rato, lo entregaron a ese laburo, si no agarraron a nadie.
Machuca: Bueno, eso lo armó el Esteban con ellos. Luis se llama… Luis se llama el que está a cargo de todo, el secretario me parece.
Maciel: Y, no sabría decirte, ¿el socio de Quevertoque puede ser?
Machuca: Ahí está, no me podía acordar el apellido, Luis Quevertoque, sí es ese. Ése es el socio del Esteban, viste que te dije que andaban, tenían pollos ellos.
El expediente con la desgrabación de esa conversación estuvo en manos del juez de instrucción Juan Carlos Felipe Viena, el que envió a juicio a Los Monos.
En febrero de 2013, el periodista Carlos Del Frade presentó un informe en la comisión de Seguridad de la Legislatura –que ratificó en junio de 2016, cuando ya era diputado– en el que relataba que “la ciudad de Rosario estaba dividida en cuatro zonas manejadas por otros tantos grupos o bandas que dominaban el negocio paraestatal del narcotráfico: Los Monos, en la sur; los Alvarado, en el centro, Luis Medina en el oeste y los Pillines, en el norte”. Otra alerta temprana desoída.
Yo te avisé
También en 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) investigaba a Alvarado como presunto actor narco de la escena rosarina.
Fue a partir de la denuncia de un testigo de identidad reservada que reveló en la Fiscalía Nº1 la sociedad entre el Gringo Medina y Alvarado en la comercialización de estupefacientes. Varios testigos del juicio provincial a Esteban señalaron que fue Medina quien lo introdujo en el negocio de la droga.
El Gringo, además de administrar concesionarias de automóviles, incursionó en el negocio de la nocturnidad con la franquicia rosarina del boliche Esperanto, como si no tuviese temor a que la exposición pública despertara interés sobre el origen de sus fondos. O como si creyera que tenía garantizada la impunidad.
El dictamen de la Fiscalía que la semana pasada pidió la indagatoria de Alvarado y Capuano, por presunto lavado de activos por más de 10 millones de pesos, da cuenta de la siesta federal.
“Ante la Fiscalía Federal Nº1 de Rosario, tramitó la causa FRO n° 5433/2013 que se inició a raíz de la denuncia formulada el día 9 de abril de 2013. En esa oportunidad, la persona denunciante manifestó que una banda liderada por el empresario Luis Medina se encontraría llevando a cabo actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en la ciudad de Rosario. Mencionó también que, en el seno de esa organización, participaba como principal socio de Medina, una persona de apellido Alvarado quien, al momento de esa pesquisa, se encontraba detenido”, dice el texto.
Lo cierto es que el oficial de la PSA, Emilio Lencina, se metió en el caso de Medina-Alvarado, a partir de una filmación encontrada en una notebook del segundo, secuestrada por el fiscal de San Isidro Ferrari, que mostraba el aterrizaje de una avioneta que arrojaba un bulto en un camino de tierra.
Avanzó en la pesquisa y produjo 14 informes. La causa se inició en el juzgado federal Nº3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, pero derivó en la de su colega del juzgado Nº4, Marcelo Martín Bailaque. Que, a su vez, delegó la investigación en el fiscal Marcelo Deggiovani.
Según relató con precisión el oficial Lencina en el juicio a Alvarado que se sigue en el Centro de Justicia Penal, Bailaque le rechazó en varios oportunidades las medidas que él solicitaba para avanzar en el caso, como la intercepción de teléfonos y allanamientos. Recién en noviembre de 2015 le dio curso a las medidas planteadas.
Por esa razón, los fiscales provinciales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, enviaron el testimonio de Lencina al Consejo de la Magistratura para que evalúe la conducta del juez federal.
Con llamativa premura, esta semana que pasó, Bailaque ordenó la detención y declaración indagatoria de Capuano.
Fue en una causa por presunto lavado de activos que se inició en 2015, es decir, ¡hace siete años!, a instancia de la Procelac, la Procunar y la Unidad de Información Financiera (UIF). Una muestra de los tiempos vaticanos de la Justicia Federal, que hace quince días recibió el “apoyo” de sus pares de otras jurisdicciones y del pleno de la Corte Suprema, en vez de un tirón de orejas para sacudir su modorra.
Desde 2013 la Justicia Federal tenía conocimiento –e investigaciones en marcha– sobre el presunto carácter de actor narcocriminal de Alvarado. El primer juicio que lo tiene como acusado del tráfico de estupefacientes se inició casi una década después, el 15 de marzo pasado. Y fue como desprendimiento de una causa por secuestro de marihuana en Río Negro, ocurrido en 2017.
Vista engordada
La trayectoria criminal de Alvarado –acrecentada en mayor medida desde que fue arrestado y condenado por robo de autos– se sostuvo sobre lo que los fiscales Edery y Schiappa Pietra llaman “permiso estatal contrario a la ley para su beneficio ilícito”. Es decir, con la participación de actores estatales como la Policía, el Servicio Penitenciario y, en grado de probabilidad, sectores judiciales y políticos con –al menos– obesidad ocular.
En el proceso oral que culmina esta semana, plantearon que “desde su lugar de detención construyó un emporio de empresas, delineó una organización en donde se aprovechó de recursos materiales y humanos, y puso en funcionamiento una red de negocios que le permitieron crecer económicamente el ritmo que sostenía con ello su estructura criminal para continuar con esos negocios”.
“Y fue así que –continuaron– privado de la libertad siguió funcionando y desarrollándose”. Para los fiscales, desde los lugares de detención, “aprovechando los contactos con que contaba, las relaciones con personal policial y los negocios realizados, relanzó su emprendimiento criminal ahora sí conformando una estructura criminal mucho más amplia y compleja que la de entonces”.
Así, “desde su lugar de detención se extendió subjetiva y objetivamente el emporio de negocios y empresas de Alvarado”.
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