Diversas organizaciones feministas rechazaron el convenio firmado por el Gobierno de Santa Fe con la Fundación Padre Ignacio, en función de la ley nacional 27.611 de Atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, más conocida como la Ley de los 1.000 días.
La noticia fue difundida por el portal oficial del Gobierno provincial el viernes pasado, en la que se da cuenta de la firma de un acuerdo de cooperación con la Fundación del Padre Ignacio, con una vigencia de 12 meses para la implementación de dicha normativa.
La Ley nacional de los 1.000 días fue sancionada el 30 de diciembre de 2020 y tiene como objetivos proteger y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar y a niñas y niños en sus primeros 3 años. Establece -recuerdan las organizaciones firmantes en un comunicado- ciertas prácticas para proteger los entornos de crianza en los primeros años de vida, adoptando una perspectiva de ampliación de derechos y asegurando un sistema integral de cuidado a través de políticas de ingreso, identidad, salud, desarrollo social, educación, género y cultura.
La información oficial señala que “Con este acuerdo, tanto el Ministerio de Salud como la fundación Padre Ignacio, se comprometen a implementar talleres y espacios de formación, participación y acceso a la información para mujeres, personas gestantes y sus familiares, sobre aspectos relevantes vinculados al derecho a la salud integral que constituyan los ejes priorizados por la autoridad de aplicación de la “Ley de los 1.000 días”.
“¿Por qué un Estado laico delega en una organización religiosa la implementación de aspectos importantes de esta ley que garantiza derechos humanos? Son harto conocidas las distintas estrategias que los sectores religiosos, en particular la iglesia católica, han implementado para obstruir el avance de los derechos para las mujeres y disidencias sexogenéricas, así como su persistente posición en torno a reproducir los estereotipos de género, negar el acceso a la información en materia de derechos sexuales y reproductivos”, cuestionan las organizaciones que rechazan este convenio.
“¿Por qué una ley que requiere del trabajo mancomunado de distintos sectores estatales, incluyendo al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia, convoca a un sector particular religioso? De haberse considerado la necesidad de articular con sectores no estatales, ¿por qué no se ha convocado a las organizaciones de mujeres, feministas y disidencias sexuales a participar de la instrumentación de los talleres de formación y acceso a la información, considerando la experticia en la temática?”, expresan en el mismo documento.
Afirman que el convenio firmado con un sector religioso para garantizar derechos humanos constitucionales, “contradice todas las normativas de derechos humanos de las mujeres y la jurisprudencia internacional que obliga al cumplimiento de los derechos garantizados en la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Ley de Educación Sexual Integral (Ley N° 26.150), Ley de Identidad de Género (Ley 26.743)”.
Al final destacan: “Rechazamos el convenio firmado con un sector religioso que, históricamente se opuso al reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y a reconocer y respetar la diversidad sexual. Exigimos que se deje sin efecto y que se cumpla con las leyes vigentes en la materia y se convoque a las instancias estatales correspondiente para darles cumplimiento. Iglesia y Estado, asuntos separados”.
Firman este documento: Cladem, Insgenar, Cefejus (FDer/UNR), Coad; Programa Género y Sexualidades (FDer/UNR); Ceidh (FDer/UNR), Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, regional Rosario; Doulas feministas de Santa Fe, Agrupación feminista Las Pauluzzi Rosario, Asociación Civil Lesbofemenista Lxs Safinas, Asociación para las políticas públicas lgbt+, Separación iglesia y Estado Santa Fe, Nanas socorristas en red; Mujeres en Ronda Totoras, Guillermo Lovagnini, Asociación Civil Grupo Desde el Pie, Sangre Fucsia (La Gallareta), Varones Trans y No binaries Santa Fe, Indeso Mujer y siguen las adhesiones.
Comité Feminista
También desde el Comité Feminista de Rosario expresaron “profunda preocupación y repudio por lo informado por el gobierno provincial respecto a la implementación de la ley nacional 27. 611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia conocida como ley de los 1000 días”.
Destacan -en un comunicado difundido por las redes sociales- que dicha ley “fue una conquista de conjunto con la Legalización del Aborto en nuestro país, y apunta a garantizar y acompañar las decisiones de mujeres y personas gestantes, sea lo que sea que elijan”.
“Tal cual dice la página oficial de la provincia dicha ley se implementará de manera conveniada con la Fundación Padre Ignacio. Una vez más decimos: Iglesia y Estado asuntos separados! Es la institución eclesiástica la que sistemáticamente pretende disciplinar el cuerpo de las mujeres y personas gestantes y nuestras decisiones desde hace siglos”, expresan en el texto y agregan: “Queremos un Estado Laico, que de conjunto con las organizaciones y el movimiento feminista de mujeres y disidencias haga efectiva la ley aludida. No confiamos en convenios ni acuerdos con espacio que sistemáticamente han negado derechos, sobre todo al colectivo de mujeres y LGTBI+”.
Recuerdan que la ley de 1000 días “es una ley que tiene un enfoque de género y de diversidad, cuyo cumplimiento es compromiso de una mesa interministerial donde salud es la que coordina pero están educación, género y diversidad, desarrollo social y Anses”. Cierra el comunicado de rechazo recordando que «Garantizar estos enfoques es responsabilidad estatal”.
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