El corredor de cereales Sebastián Grimaldi fue imputado por dos hechos de estafas millonarias. Delitos de profundas consecuencias materiales, pero más aceptados socialmente. De Ludueña a Puerto Norte.
Si en los últimos tiempos los barrios Ludueña y Empalme Graneros son el escenario de balaceras por disputas entre bandas narcocriminales de varones jóvenes de zonas populares, los edificios premium que componen Puerto Norte lo son de allanamientos en investigaciones por delitos económicos de guante blanco, esos cuya gravedad en términos materiales suele ser más honda que el robo de celulares, pero cuya comisión también produce una mayor aceptación social. Esta semana fue allanado el departamento “D” de la Torre 5 del complejo Forum Puerto Norte, ubicado en el 230 de la avenida Cándido Carballo, en el que fue detenido su residente, Sebastián Grimaldi, un corredor de cereales de 42 años descendiente de la tradicional firma rosarina Grimaldi Grassi, quien un día después fue imputado por dos presuntas estafas que ascendieron, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Delitos Complejos y Económicos, a casi 40 millones de pesos. La sociedad anónima que presidía, que lleva su nombre y apellido, entró en cesación de pagos a principios de 2019 –fecha de default de otros corre-acopios locales– y dejó un pasivo de 25 millones de dólares. Un juez federal de Bell Ville, Córdoba, lo procesó en 2020 junto a otras personas por los delitos de defraudación, apropiación indebida de tributos y asociación ilícita, la figura que suele aplicarse a las bandas barriales que son imputadas por las fechorías que a diario se conocen en detalle.
Grimaldi, a diferencia de muchos de esos pibes y pibas, no permanecerá en prisión mientras se sustancia el proceso, porque ofreció como depósito en caución un departamento y cochera ubicados en Laprida al 800.
Palabra empañada
Las maniobras adjudicadas esta semana al corredor de cereales Sebastián Grimaldi fueron dos, en ambos casos calificadas como presuntas estafas por el fiscal del caso, Mariano Ríos Artacho.
El apellido Grimaldi refiere a la tradicional firma corredora Grimaldi Grassi SA, nacida en 1888 en la ciudad de Casilda bajo la tutela del inmigrante francés Juan Bautista Sauberan, y que fue cambiando de denominación con el correr de los años y la incorporación de socios. Desde 2019 su nombre se redujo a Grassi SA, aunque el apellido Grimaldi estuvo presente en la empresa desde mediados del siglo pasado.
Con todo, el descendiente de aquellos corredores que pusieron sus hombres y dejaron su impronta en la Bolsa de Comercio, el Centro de Corredores y el Mercado a Término –entre otras instituciones del sector– no está asociado a la firma, que dejó para hacer su propio camino con Sebastián Grimaldi SA, creada en 2006, y asociado al acopio Leones Agropecuaria SRL. Ambas involucradas en la causa penal.
En el apartado sobre su historia, la página web de la hoy Grassi SA hace referencia a “la palabra empeñada” como eje vertebrador de la actividad del corretaje. “En este negocio prima algo fundamental: la palabra empeñada. Las operaciones se cierran de palabra y después se firman los contratos”.
Según el fiscal Ríos Artacho, ese fue el mecanismo que utilizó Grimaldi para cometer las estafas por las que fue acusado. Utilizó la confianza que le depositaba el Banco Macro, uno de los denunciantes perjudicados, y un gerente de la cerealera estatal china Cofco, para convertir la palabra hipotecada en palabra empañada.
El fiscal le atribuyó el miércoles 1° de junio al empresario del agronegocio “en carácter de presidente de S.G SA, junto a su madre (María del Carmen Giesenow) la cual era directora de la firma, defraudar al Banco Macro SA en fecha 26 de diciembre de 2018 al haber solicitado verbalmente a la entidad una ampliación para girar en descubierto”.
El corre-acopio operó con la sede rosarina de esa entidad bancaria durante unos 12 años “con normalidad”, a través de dos cuentas corrientes donde se le autorizaban giros al descubierto.
Como respaldo, explicó el fiscal, Grimaldi presentó en su cuenta corriente “diez cheques por un total de $5.023.951, los cuáles se acreditarían dentro de las 24 horas”.
Para Ríos Artacho, el presidente de SG SA hizo eso “con la finalidad de aparentar solvencia, sabiendo que los mismos iban a ser rechazados por falta de fondos, atento a haber sido librados por la empresa Leones Agropecuaria SRL –empresa que el imputado controlaba– y endosados con firmas apócrifas a favor de S.G SA”.
De ese modo, mediante un “ardid” provocó un perjuicio económico “al cierre del día 3 de enero de 2019 de $8.919.290” al banco conducido por la familia Brito.
A principios de ese año, SG SA entró en default y en la Justicia Civil y Comercial de Rosario tramita su concurso preventivo de acreedores. Su caída dejó un pasivo de 25 millones de dólares. Fue una de varias firmas del sector arrastradas por la devaluación macrista de 2018, cuando al gobierno de Cambiemos se le cerró el acceso al mercado voluntario de crédito y el dólar voló.
Las corredoras BDL, Cereales del Sur y Guardati Torti también cayeron en desgracia y dejaron un tendal de deudas en el sector agrícola y financiero de la zona, y preanunciaron la cesación de pagos de un jugador relevante del mercado, la agroexportadora diversificada Vicentin, que lo declaró en diciembre de 2019, para entrar en concurso preventivo dos meses después.
Abuso de confianza
En la audiencia realizada por zoom el primer día de junio, el fiscal Ríos Artacho también le atribuyó a Grimaldi, por su condición de titular de SG SA, junto a su madre, “haber defraudado al Cofco Internacional Argentina SA, abusando de la confianza con el gerente de Originación de la empresa”.
De acuerdo a la acusación, el corredor mantenía una relación habitual en material de operaciones comerciales con la cerealera de origen chino desde el año 2016.
En ese contexto, en 2018 celebró dos contratos de compra–venta de cereal, en virtud de los cuales Cofco transfirió la suma de 9.738.975 de pesos en noviembre de 2018 a Leones Agropecuaria SRL y 20.200.376 en enero de 2019 a S.G SA.
El dinero de la agroexportadora fue computado como prefinanciación e IVA a cuenta del cumplimiento de las entregas pactadas en el contrato, “todo ello a sabiendas de que el mismo no iba a ser cumplido, produciendo un perjuicio económico a la víctima en la suma aproximada de 818.015 dólares”, precisó la Fiscalía.
El 30 octubre de 2018, la operación consistió en la compra–venta de 1.500 toneladas de trigo, con entrega desde el 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019, instrumentada mediante un contrato de compra-venta de cereal registrado en la Bolsa de Comercio de Rosario.
En cumplimiento de ese acuerdo comercial, “Cofco le transfirió a SG SA, por mandato irrevocable según el contrato firmado, la suma de $9.495.271 en concepto de prefinanciación a cuenta del cumplimiento de las entregas pactadas en el contrato y el IVA por la suma de $243.704 en la cuenta de Leones Agropecuaria SA”.
La transferencia se hizo efectiva el 7 de noviembre de 2018, según detalló la acusación en la causa por estafas. Pero Grimaldi “sólo entregó 360 de las 1.500 toneladas”.
La operatoria, habitual, se repitió. “En fecha 21 de diciembre de 2018, celebró un contrato de compra-venta de 3.500 toneladas de maíz, con entrega desde el 1 al 31 de marzo de 2019, instrumentada mediante contrato de compra-venta de cereal”, también registrado en la Bolsa.
Por esta operación COFCO le transfirió a la corredora de Grimaldi la suma total de $20.200.376 en concepto de prefinanciación a cuenta del cumplimiento de las entregas pactadas, haciéndose efectiva la transferencia de dicha suma el 2 de enero de 2019.
“Las dos operaciones fueron realizadas por la suma de 793.097 dólares y a los efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación, el acusado entregó además de una carta de garantía que se requiere en este tipo de contratos, una garantía personal consistente en la firma de un pagaré por la suma de 2.000.000 de dólares certificada ante escribano público”.
Actividades delictivas
La causa penal se inició a partir de las denuncias formuladas por los representantes del Banco Macro y de Cofco, en 2019. Para ese entonces también se produjeron denuncias cruzadas entre Grimaldi y Leones Agropecuaria.
Según el banco y la cerealera, el imputado “habría utilizado a las empresas Leones Agropecuarias SRL y SG SA para realizar las actividades delictivas”.
El Ministerio Público de la Acusación indicó que “las maniobras de defraudación tuvieron lugar desde el segundo semestre del año 2018 y se consolidaron en el mes de enero de 2019”, con la cesación de pagos de la firma de corre-acopio.
“En relación a los productores agropecuarios, la maniobra consistió en la captación de gran volumen de cereales, oleaginosas y su venta inmediata a través de la empresa Leones Agropecuarias SRL, que funcionaba como remitente comercial y con la intermediación de SG SA como corredor”, señala la acusación.
Esto le permitía al acusado hacerse del dinero producto de las operaciones comerciales “y desviarlo de las empresas, como así también del control de los productores, provocándoles un perjuicio económico por cuanto no pudieron hacer efectivas sus acreencias ni recuperar el cereal entregado al acopio”.
Básicamente, lo que hacía SG era comprar el grano que pagaría más adelante, venderlo y poner “a trabajar” el dinero en instrumentos financieros en pesos, aprovechando las facilidades que el mercado otorgaba en 2018 en ese sentido.
Cuando se produjo la devaluación abrupta de aquel año, Grimaldi se quedó con posiciones en pesos y deudas a pagar –a los productores- en dólares, cuya cotización se disparó en relación a la moneda nacional.
“Estos hechos fueron investigados por la Justicia Federal de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, por los delitos de asociación ilícita”, recordó el MPA.
Asimismo, “en esta sede en fecha 3 de mayo de 2021, el fiscal federal a cargo de la fiscalía de Bell Ville solicitó ampliación de imputación penal contra el acusado, María de los Ángeles Cavallero (contadora de Leones Agropecuaria) y Héctor Nannini (vicepresidente de SG SA), ello en atención al informe técnico producido por la División de Investigación de Lavado de Dinero de la Policía Federal Argentina”.
La fiscalía federal sostuvo que los imputados se habrían valido de la estructura de las sociedades legalmente constituidas “para controvertir, transferir, administrar, vender y/o gravar el total o parte de las indebidas ganancias provenientes de las sucesivas defraudaciones al fisco y a los productores agropecuarios que contrataban con las mentadas empresas, mediante la realización de distintas operaciones económicas, comerciales y financieras, con la finalidad de darle un aparente origen ilícito a esos fondos generados por dichas actividades delictivas”.
Vaciamiento
En marzo de 2019, la contadora Cavallero, integrante de Leones Agropecuaria –la firma controlada por Grimaldi para el acopio de granos- presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario para que se investiguen los presuntos delitos de estafa, defraudación y vaciamiento de la empresa.
Grimaldi, a su vez, había denunciado a Leones Agropecuaria como responsable de su caída, al ser la firma que acopiaba los granos que tenía que pagar o devolver, aunque ninguna de las dos posibilidades estuviera a su alcance.
La presentación señala que la sociedad entre Grimaldi y el acopio dio sus frutos hasta 2018, cuando se ralentizaron los pagos que SG, como corredor, debía hacer a Leones.
Cavallero recordó que junto a la demora en los pagos, Grimaldi comenzó a girar en descubierto con entidades financieras. El caso del Banco Macro que se describe más arriba.
La contadora señaló en la presentación judicial que en enero de 2019 fue convocada para que concurriera a la corredora SG en Rosario porque su titular estaba “internado con problemas psicológicos”.
La mujer señaló que al solicitar información de la firma, como stock de granos, extractor de cuentas y libros “descubrí que la empresa estaba vacía”.
Además, Cavallero señaló que “hay sospechas de que el dinero faltante fue transferido a cuentas en el exterior y parte fue utilizado para acrecentar sus medios de vida”. Y denunció que el 14 de enero de 2019 los empleados de SG, algunos vinculados familiarmente al vice Nannini, percibieron el 100 por ciento de sus indemnizaciones y se fueron de vacaciones, cuando “supuestamente no había un centavo para pagarle a los acreedores”.
Según publicó el periodista Mariano Galíndez en el diario digital Rosario 3, Grimaldi tiene un yate que utiliza para navegar por el río Paraná, que dijo haber vendido antes de la cesación de pagos, pero que en realidad seguiría utilizando y podría ser embargado en la causa penal.
Lo cierto es que tras la imputación por estafas millonarias, Sebastián Grimaldi continuará en libertad tras ofrecer en caución un departamento y una cochera, aunque no podrá salir del país ni de la provincia, deberá presentarse a firmar cada 15 días en el MPA y sólo podrá viajar a Córdoba, para comparecer ante la Justicia de ese distrito, en caso de que lo requiriera.
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