Nueva imputación al ceo de Vicentin, Omar Scarel, por desobediencia judicial. El magistrado le fijó una caución por 500 mil dólares. Antes fue acusado por estafas millonarias, cuya investigación expone las maniobras y dibujos de la empresa líder del agro.

A 20 días del vencimiento del plazo para que la agroexportadora Vicentin acuerde una propuesta de pago con sus acreedores del concurso preventivo –o, de lo contrario, se inicie el proceso de salvataje previo a la quiebra–, el presidente del directorio de la compañía nacida en la localidad santafesina de Avellaneda, el contador Omar Adolfo Scarel, volvió a ser imputado por la Justicia de Rosario. En esta ocasión, por desobediencia de dos órdenes judiciales. Tras un contrapunto entre los fiscales que pedían su prisión preventiva y la defensa que exigía su libertad, el juez Nicolás Foppiani –que descree que exista delito– se inclinó por la segunda postura y le fijó al directivo una caución por 500 mil dólares. En octubre del año pasado Scarel fue acusado por estafas –junto a otros 13 miembros del directorio de la empresa–, al haber “dibujado” los balances de los ejercicios 2017 y 2018 de la firma, así como los informes trimestrales que presentaban ante los bancos extranjeros que les otorgaban créditos para prefinanciar exportaciones, aunque luego empleaban en gastos corrientes o la cancelación de otras deudas. Esas maniobras produjeron un perjuicio para los productores granarios que eran sus proveedores como para las entidades financieras por unos 500 millones de dólares, estimaron los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos. Por 10 millones en divisas, Scarel y otros cinco imputados continuaron el proceso en libertad. El nuevo “ruido” judicial, producido a pocos días del vencimiento del período de exclusividad del concurso, hace temblar la estrategia de Vicentin. “Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido”, se quejó la aceitera en un comunicado tras la detención de su ceo.

Desobediente

El contador Scarel, que fue síndico de Vicentin durante el proceso de cesación de pagos y presentación del concurso de acreedores, pero se convirtió en presidente del directorio cuando la empresa fue forzada a modificar su staff por la desconfianza que generaba el anterior en los acreedores, fue imputado esta semana por los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno por el delito de desobediencia judicial. Se trata de un delito menor, cuya pena máxima es de un año de prisión de cumplimiento condicional. Sin embargo, la detención del ceo de Vicentin, que pasó dos noches a la sombra y ya había sido imputado por estafas por 500 millones de dólares, levantó polvareda, para utilizar una metáfora de la ruralidad.

Los fiscales acusaron a Scarel por haber desobedecido dos órdenes impuestas por jueces de primera instancia, en las que “se le prohíbe innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición respecto de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación accionaria, y prohibir desprenderse de activos por un valor mayor a 50 millones de pesos”. La primera la estableció en septiembre de 2020 el propio juez Foppiani, quien inhibió a Vicentin SAIC de modificar su “masa accionaria” y las de las empresas en las que tenía participación, entre ellas la planta de biodiesel Renova, que comparte con Viterra Argentina (ex Glencore). En diciembre del mismo año, fue el juez Hernán Postma quien dictó una medida similar, en la que dispuso la prohibición de desprenderse de activos por un valor mayor a 50 millones de pesos “respecto de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación accionaria”. Según Narvaja y Moreno, en su condición de ceo del Grupo Vicentin, Scarel incumplió ambas mandas. “La desobediencia a ambos mandatos consistió en la celebración, por parte del imputado (…) de un contrato de compraventa entre Vicentin y Viterra Argentina SA”, dijeron los fiscales, y situaron ese documento el 28 de abril pasado.

De acuerdo a la documentación que presentaron en la audiencia, por medio de ese contrato Scarel “obligó a esta firma a transferir la propiedad de las acciones de Renova SA, correspondientes al 33,33 por ciento del paquete accionario de ésta última, en favor de Viterra Argentina SA”, por un monto de 310 millones de dólares. El mecanismo utilizado, explicaron, fue el de “oferta de compra” de Viterra, a la que Scarel respondió dando su “aceptación irrevocable de la oferta de compra”. Así habría incumplido las órdenes judiciales de no innovar sobre la masa accionaria de Vicentin SAIC. El propio ceo dijo en la audiencia que “no violó” la disposición judicial porque “toda la documentación puesta en la propuesta (realizada a los acreedores) era para dar más información” en el concurso. Aclaró que la efectivización de la venta quedó supeditada a la homologación por parte del juez del concurso, Fabián Lorenzini, previo levantamiento de las cautelares que inhiben esa transacción.

Scarel aseguró que el paquete de acciones “no se vendió” sino que se trató de “un acuerdo de transferencias sujeto a condiciones”, que aún no se cumplieron. Los fiscales pidieron que el ejecutivo continúe en prisión preventiva, pero el juez Foppiani decidió liberarlo bajo caución de 500 mil dólares, para cuya presentación le otorgó 30 días. Pero además, el magistrado adelantó su opinión sobre el asunto: “Me resulta difícil pensar que lo que hizo Scarel haya sido una conducta atípica. Era imposible que se termine haciendo la venta (de Renova) porque iba a pasar lo que pasó. Los fiscales reaccionaron, como podrían haber reaccionado los acreedores u otras instituciones vinculadas, como la Afip”. 

Para Foppiani “era un delito imposible. Yo soy respetuoso de que la Fiscalía pueda imputar e investigar. Cuesta pensar que se haya intentado un delito tan burdo con una compra venta por 300 millones de dólares con toda la sociedad mirando. Publicar en Internet en el sitio del concurso una propuesta que violaba una cautelar, más allá de que haya sido un contrato enmarañado, me parece que era imposible que se hubiese materializado”, concluyó.

Embauque

A diferencia de esta acusación por desobediencia judicial, la que Moreno le efectuó a Scarel y otros directivos de Vicentin en octubre pasado posee un insoslayable sustento y desenmascara el proceso de default autoinducido de la cerealera.

Entonces, Moreno acusó a Daniel Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, en su carácter de directores titulares de Vicentin SAIC, y a los síndicos Raúl González Arcelus y Omar Adolfo Scarel, de haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en la ocultación del verdadero pasivo de la empresa”. También fueron señalados por haber confeccionado y presentado ante los bancos internacionales que financiaban a la firma “informes trimestrales” entre enero de 2017 y julio 2019 “y certificados de compliance con información financiera consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresas (…) los que exhibían una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocar bajo error disposiciones patrimoniales que superan los 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordadas”.

Un grupo de bancos internacionales prestaba dinero a Vicentin para prefinanciar sus exportaciones. Para que se hicieran efectivos los desembolsos, la aceitera debía poner a consideración de las entidades “tanto sus balances anuales auditados como informes trimestrales de sus estados de activos y pasivos no auditados”. En ellos debía garantizar una ratio financiera de 1.2, que significaba que sus activos debían superar a sus pasivos al menos en un 20 por ciento. Además, indicó el fiscal Moreno en su investigación, “Vicentin debía dar a los fondos desembolsados un destino sumamente específico: sólo podía utilizarlos para pre-financiar sus exportaciones, tanto de ciertas materias primas como de productos elaborados con ellas”.

El análisis de la Auditoría Forense sobre los estados contables de la agroexportadora desanudaron las maniobras que explican la abrupta caída de Vicentin, apenas unos meses después de exhibir una notable fortaleza financiera. “Tal consistencia expuesta por Vicentin a través de sus Balances e informes a lo largo de once trimestres, con una aparente solidez desde el punto de vista económico y financiero, fue seguida de una notoria caída en el último trimestre sobre la base del balance al 31 de octubre de 2019 que Vicentin presentó muchos meses más tarde, esto es el 21 de septiembre de 2020”, dijeron los auditores.

“De acuerdo a lo reportado por la empresa en octubre de 2019, es decir a tan solo 3 meses, registró una pérdida del Patrimonio Neto de 909,9 millones de dólares. En cuanto al Estado de Resultados, Vicentin refleja una pérdida por 881,7 millones de dólares en los últimos 12 meses (octubre 2018-octubre 2019). Pero si comparamos con lo reportado en el informe trimestral de julio de 2019, es en los últimos tres meses del ejercicio económico se registra una pérdida de 884,4 millones de dólares”, añade.

El desmoronamiento repentino de la empresa no fue repentino, sino que su creciente insolvencia estuvo maquillada por los dibujantes de balances e informes trimestrales, además de la aplicación de una contabilidad creativa. “Hasta el balance de octubre de 2019 donde el órgano de dirección y fiscalización de Vicentin transparenta su verdadera situación económica y financiera, una de las maniobras utilizadas consistió en omitir el registro de las mercaderías con precio a fijar como deudas en el pasivo, y a su vez considerar esas mercaderías como propias”, señaló Moreno. Así, señaló el fiscal, “a fin de ocultar la verdadera situación de la empresa y consolidar el engaño, los imputados recurrieron a maniobras que comprenden el ocultamiento de información, la confección de informes y balances falsos, la generación de comunicados y publicidades que pregonaban una empresa saludable, rentable, con el fin de generar en los denunciantes (los bancos internacionales) una falsa creencia de solidez económica y financiera, y que estos continuaran con los desembolsos millonarios”.

Desvíos y transferencias

La investigación judicial por estafas determinó que Vicentin desviaba el destino de los créditos otorgados por la banca internacional, que debían ser de uso exclusivo –según los contratos– para la prefinanciación de exportaciones. Con problemas de liquidez, la agroexportadora comenzó a cavar pozos para tapar otros. Por ejemplo, “el destino dado al desembolso del préstamo correspondiente a la entidad FMO por la suma de 150 millones de dólares, operado el 22 de mayo de 2019 (…) fue destinado a cancelar deudas financieras y no a prefinanciar exportaciones”.

Otro caso fue “el destino del desembolso de 115 millones de dólares del banco internacional ING, realizado en dos pagos en los meses de abril y mayo de 2017, fue destinado a cubrir necesidades de caja generales de Vicentin, así como de Algodonera Avellaneda”, dice la causa.

La Auditoría Forense concluyó en su trabajo que “los desembolsos de los préstamos tenían como finalidad el sostenimiento del flujo de fondos operativos de la concursada, sea para gastos corrientes o la cancelación de deudas financieras”. Otra maniobra detectada por los investigadores para exhibir fortaleza financiera por parte de la agroexportadora consistió en transferencias de activos con empresas vinculadas, que salían de Vicentin y regresaban meses antes de cerrar el balance, para simular solvencia. “Evidencia de ello son las transferencias de activos desde Vicentin hacia empresas vinculadas entre los meses de noviembre a agosto de 2017 y 2018, flujo que llamativamente «regresaba» a Vicentin en septiembre y octubre para abultar el activo a la fecha de cierre del ejercicio y, no casualmente, volvía a las empresas denominadas «non-core» una vez cerrado el balance”, dice la investigación.

El análisis de la información de la compañía permitió observar que “es durante los meses de enero y febrero de 2018 donde se presenta la situación más compleja desde el punto de vista financiero porque concurren, de manera combinada, el punto más bajo en el nivel de ingresos provenientes de exportaciones sumado a un nivel alto de erogaciones”. Es decir que no hubo caída repentina, sino un proceso de al menos dos años de problemas financieros –el informe lo relaciona con el sobreendeudamiento de Vicentin, para su rápida expansión– que eclosionan a mediados de 2019.

“La gestión de Tesorería de la empresa, a principios de 2019, ya presentaba –casi a diario– múltiples desafíos para poder cumplir con las erogaciones”, sostiene el documento. Y concluye que “por lo expuesto se observa que la situación de estrés financiero hacia fines del ejercicio 2019, que la concursada sostiene como argumento para abrir el proceso concursal, no es sino el desenlace de un deterioro que se venía gestando al menos desde principio del año anterior”.

Como siempre

Una de las razones que Vicentin esgrimió en el concurso de acreedores para explicar su cesación de pagos fue la acelerada devaluación tras la derrota de su ángel guardián, el presidente Mauricio Macri, en las elecciones primarias a manos del precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Y también la decisión del gobierno de Cambiemos –asediado por el endeudamiento y el corte del mercado voluntario de crédito– de no reconocer un diferencial por retenciones.

Sin embargo, en un mail enviado por el ejecutivo Javier Fernando Gazze a los bancos extranjeros, el 29 de agosto de 2019, afirmó lo contrario al indicar que “la reciente devaluación ha mejorado nuestra rentabilidad”.

El correo electrónico que recibieron en sus casillas Jaqueline Schrader del Rabobank; Dolores Pérez del Cerro (del BAF) y Natalia Wanrroy (del ING) decía: “A pesar de la mayor inestabilidad política y macroeconómica, los negocios continúan como siempre. Durante los primeros 9 meses del año fiscal hemos seguido liderando nuestra actividad. El año fiscal se cerrará con ventas de más de 4.000 millones de dólares. La reciente devaluación ha mejorado nuestra rentabilidad. Por lo cual los cambios políticos, desde el punto de vista de nuestro negocio, no nos preocupan tanto”.

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