El diputado provincial Carlos Del Frade propuso una serie de modificaciones a la ley de Servicio Provincial de Enseñanza Privada, para que exista “transparencia en relación al dinero circulante” en esas entidades educativas.
El legislador del Frente Social y Popular impulsó una iniciativa que apunta a controlar el valor de las cuotas de las escuelas y colegios de gestión privada de la provincia, y los aportes que éstos reciben del estado santafesino. Aseguró que la Ley 6427 que rige desde el 18 de julio de 1968 “debe modificarse en relación al imprescindible control sobre los manejos de fondos de ciertos establecimientos educativos”.
En ese sentido, Del Frade propuso cambios en el artículo 5° de esa ley: “Entre otros puntos, las modificaciones serían: que el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP) lleve el registro de los establecimientos de enseñanza acogidos al régimen de la presente ley, como así, del personal escolar y estadística de los alumnos”.
“Además –pidió el diputado–, hay que fiscalizar las relaciones emergentes del contrato de empleo y de la aplicación de la ley; publicar las rendiciones de cuenta anuales de cada uno de los establecimientos incorporados que garanticen la prestación educativa de forma gratuita para seguir percibiendo el ciento por ciento de los salarios de parte del estado provincial y difundir el destino de los fondos que ingresan a los establecimientos incorporados al SPEP”.
En tanto, la propuesta también pide la modificación del artículo 19 de la Ley 6427 para que los establecimientos que perciban los beneficios tengan que probar anualmente tal estado ante el Servicio Provincial de Enseñanza Privada. “Si los establecimientos no cumplen con la información sobre ingresos, egresos y movimiento de fondos por lo menos cada dos años, deberán ser dejados de baja de los beneficios que hasta ese momento obtenían de parte del estado”, apuntó.
“La imperiosa necesidad de transparencia en relación al dinero circulante en instituciones educativas privadas evitará un mayor perjuicio sobre la relación de las agencias estatales con la comunidad”, remarcó el también periodista de investigación, y añadió: “La ya de por sí discutida decisión de mantener los aportes estatales a las escuelas privadas, más allá de la función social que muchas de ellas desarrollan en distintas regiones de la provincia, es imprescindible que haya una fluida comunicación entre la comunidad y los denominados establecimientos de gestión privada para garantizar el destino de los fondos públicos santafesinos”.
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