“Hay chicos, sobre todo varones, que al estar en sus casas salen a trabajar al campo. Al no tener obligación horaria de asistir a la escuela se han desenganchado. No es en todos los casos ni al extremo de decir que van a dejar la escuela, pero cuesta mucho, hay que hacer acuerdos para que hagan las actividades”. El relato lo compartía una profesora del norte santafesino por mayo de 2020, en pleno tiempo de aislamiento preventivo y obligatorio dado por la pandemia de coronavirus. La mirada de la docente iba en sintonía con lo que se advertía a todas luces: la profundización de las desigualdades ya existentes.
Los datos arrojados por diferentes estudios y aportes que se hicieron le dieron la razón a la preocupación de la educadora. Muchos jóvenes se fueron a trabajar al campo y a la escuela no volvieron. Y quienes lo hicieron fue por acciones emprendidas por docentes, escuelas y Estado. Así y todo las desigualdades son marcadas y todavía hay infancias y adolescencias víctimas de la explotación laboral. Las de zonas rurales son las más afectadas.
A propósito del Día Mundial contra el Trabajo Infantil –se recuerda cada 12 de junio– la directora de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina, Yukika Arai, y la representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana advertían –en un informe para la agencia Télam– que a nivel mundial “aún trabajan más de 160 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años. En el actual escenario de crisis, esa cifra podría aumentar en 8,9 millones para fines de 2022”.
Los datos son igual de alarmantes en la Argentina. Las referentas de estas organizaciones alertan que “1 de cada 10 niños y niñas de áreas urbanas realiza al menos una actividad productiva” y “en las áreas rurales, ese número se duplica”. La situación es peor para las y los adolescentes de 16 y 17 años, porque “son 3 de cada 10 quienes trabajan en áreas urbanas y 4 de cada 10 lo hacen en áreas rurales”.
En todos los casos, remarcan las especialistas, no hay lugar a dudas sobre el impacto que esto tiene y de manera directa en “la inasistencia escolar”. También que “la pandemia profundizó este problema social”.
Las recomendaciones que llegan desde la OIT y de Unicef para hacerle frente de manera integral a este problema es una “mayor inversión en los sistemas de protección social”. En este punto estuvo puesta la atención del informe que presentaron ambas organizaciones en el marco de la 5° Conferencia Mundial sobre la Eliminación del Trabajo Infantil que se realizó en Durban (Sudáfrica), a mediados de mayo pasado. El informe precisa que, “a escala global, el 73,6 por ciento de los niños y las niñas entre 0 y 14 años (unos 1.500 millones) no reciben ningún tipo de prestación monetaria familiar o infantil”.
En la Argentina, señalan las referentas de la OIT y Unicef, “3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes que trabajan aún no están cubiertos por alguno de estos programas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares Contributivas (AAFF)”.
En plena pandemia, las voces de las y los docentes advertían de las dificultades y esfuerzos para sostener los vínculos pedagógicos en el aislamiento sanitario y de cuidado colectivo. Más en las zonas vulnerables y alejadas donde no abundan ni los recursos tecnológicos y lo prioritario es atender lo básico de la alimentación. También cómo se profundizaban día a día las desigualdades preexistentes.
En mayo de 2021, la OIT, Unicef Argentina y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación alertaban que “1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes que trabaja comenzó a hacerlo durante la pandemia”, en tanto “quienes ya trabajaban antes de la pandemia, en el contexto actual, realizan las mismas tareas con mayor intensidad” (“MAP16: Medición, sensibilización y compromiso político para acelerar la acción contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso”).
Quienes motorizan ese estudio sostienen que “la pandemia afectó especialmente a los niños, las niñas y adolescentes de los hogares más vulnerables, que vieron ese impacto en muchas dimensiones de su vida cotidiana, como la educación, la alimentación, la salud, la recreación o el ocio”.
Para volver a la escuela
La preocupación estatal por la profundización de las problemáticas sociales, económicas y educativas dada por la pandemia se mostró en diferentes programas de acción. En septiembre de 2021, las ministras y ministros de Educación del país crearon el Fondo Federal Volvé a la Escuela con una inversión de 5 mil millones de pesos “para buscar a todas las alumnas y alumnos que en el marco de la pandemia hayan visto interrumpido y/o se hayan desvinculado de su proceso educativo”. (Resolución del Consejo Federal 404/2021).
“Tenemos que convertir en una epopeya nacional el tema de que ninguna chica y ningún chico estén fuera de la escuela. Es nuestra responsabilidad como Estado. Los problemas de desigualdad y de justicia social se resuelven con inversión en educación”, expresaba el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, a principios de junio, al firmar un convenio con sectores pastorales que trabajan en zonas vulnerables del gran Buenos Aires.
En esa oportunidad, repasaba que tras la creación del Programa Volvé a la Escuela, ya han regresado “a las aulas 302 mil estudiantes” que habían interrumpido sus estudios, muchas y muchos por verse obligados a trabajar.
A la ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (2008), que establece la edad mínima de admisión al empleo en 16 años y condiciones de protección especial hasta la mayoría de edad, se suma lo establecido en la ley 26.206 de Educación Nacional que fija (artículo 82) que “las autoridades educativas competentes participarán del desarrollo de sistemas locales de protección integral de derechos establecidos por la ley Nº 26.061, promoverán la inclusión de niñas y niños en espacios escolares no formales como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plenos. Asimismo, participarán de las acciones preventivas para la erradicación efectiva del trabajo infantil”.
La preocupación estatal para tratar la problemática de la exclusión escolar, a causa de la explotación laboral de las infancias y adolescencias, llega a la formación docente. El Instituto Nacional de Formación Docente (Infod) dedica uno de sus tramos de capacitación 2022 a la Prevención y erradicación del trabajo infantil: conceptualizaciones, saberes y tensiones. Los materiales están disponibles en internet y son accesibles a la docencia de todo el país.
“Los niños y niñas que trabajan se encuentran en situación de vulneración de derechos y padecen ruptura en hábitos y oportunidades, principalmente con la escuela. El impacto de la problemática se manifiesta en las inasistencias y el posterior abandono escolar, en el bajo rendimiento académico, en el cansancio y la desmotivación, y hasta en marcas físicas provocadas por el trabajo, sólo por mencionar algunas”, definen desde el Infod –en los materiales propuestos– para dar lugar a las preguntas: “¿Los niños y las niñas que realizan actividades laborales tienen las mismas oportunidades educativas que quienes no trabajan? ¿Qué podemos hacer desde la escuela para abordar esta problemática?”
El papel de los sindicatos docentes
La Internacional de la Educación (IE), que reúne a las organizaciones sindicales docentes de todo el mundo –entre ellas la Ctera–, también se mostró a favor de impulsar que los gobiernos lleven a la práctica el Llamamiento a la Acción de Durban para la Eliminación del Trabajo Infantil.
Este llamamiento a la acción, dicen desde la IE, “reconoce que la pandemia de Covid-19, los conflictos armados y las crisis alimentarias, humanitarias y ambientales amenazan con revertir años de progreso en la lucha contra el trabajo infantil”.
Consideran que ese tal acuerdo “representa un compromiso internacional importante con la eliminación del trabajo infantil”, al menos en seis puntos principales: el primero pasa por aunar esfuerzos para terminar con el trabajo infantil y generar trabajo decente para las personas adultas. Otro es poner fin al trabajo infantil en la agricultura. El tercer punto pasa por fortalecer “la prevención y la eliminación del trabajo infantil, incluidas sus peores formas, el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas, y la protección de los sobrevivientes de estos flagelos mediante respuestas políticas y programáticas basadas en datos y en información proporcionada por los sobrevivientes”. El cuarto aspecto impulsa hacer realidad el derecho de niñas y niños a la educación gratuita, obligatoria, de calidad e inclusiva. El quinto punto tiene la meta de lograr el acceso universal a la protección social. Y el sexto, que se mejoren los fondos que se destinan para eliminar la explotación laboral de las infancias y adolescencias.
Desde la Internacional de la Educación enfatizan la idea de que los sindicatos docentes tienen un papel clave para terminar con el trabajo infantil y hacer valer el derecho a la educación. Así considerado, las escuelas –señalan– son las que ofrecen las mejores oportunidades. La tarea de los gobiernos es también apoyar al magisterio con formación, salarios y condiciones de trabajo decentes, y asegurar que la educación sea “verdaderamente gratuita, esté disponible y sea accesible para todos y todas”.
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