La abogada y militante ambientalista, María Victoria Dunda, cuestionó que la norma para proteger a los humedales “sigue empantanada” en el Congreso, y lamentó no tener una legislación para cuidar “a este enorme ecosistema que tanto nos beneficia”.
“La Ley de Humedales sigue empantanada. Luego de una década de luchas socioambientales en nuestra región, todavía no tenemos una legislación que proteja a este enorme ecosistema que tanto nos beneficia”, repudió la referente ambientalista de la región en una entrevista en la que aborda tensiones y puntos de encuentro entre Estado y organizaciones sociales.
Formas parte de una de las organizaciones locales más importantes del campo ambiental, una que ha ido planteando la simiente de algunas demandas que hoy tienen alcance nacional ¿Cómo fue la gestación de El Paraná No Se Toca? ¿Cuáles fueron los primeros hitos de la organización?
El origen del PNST se da por un hecho concreto que fue el lanzamiento de una ley en la provincia de Entre Ríos, que era la Ley de Arroz del Delta entrerriano. El 28 de diciembre del 2011 la legislatura de Entre Ríos aprueba sobre tablas una iniciativa legal para promover en los humedales de la provincia el cultivo intensivo de arroz. Esta misma ley creaba una sociedad anónima donde se reparten las acciones de esa S.A. y subvenciona la construcción de los grandes arrozales. Todo eso, sobre tablas, sin estudios de impacto ambiental y con productores a quienes iban a ser asignadas las acciones de esta S.A. Nosotras nos enteramos por los medios lo que estaba sucediendo. En ese momento ya existía el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), un convenio que fue creado por Cristina Kirchner en 2008 y nuclea a las provincias del Litoral, a propósito de lo que fueron los primeros grandes incendios en la zona de islas, también en el contexto de la 125. O sea, había un acuerdo interprovincial sobre lo que se podía y no hacer en la zona del Delta Paraná. La provincia de Entre Ríos estaba echando por la borda ese acuerdo. En ese momento se armó mucho lío en torno a eso y justo nosotras veníamos muy atentas a las lucha en Jujuy por el monte Famatina. Justo se iba a organizar una movilización en Buenos Aires y decidimos darle un nombre similar a nuestra organización autoconvocada. En confluencia con kayakistas y activistas ambientales, junto con el apoyo de la provincia de Santa Fe, logramos que el gobierno de Uribarri dé marcha atrás y derogue esa ley. Ese fue el primer hito que conforma a El Paraná No Se Toca y en cual tuvimos una primera victoria, tanto los santafesinos como los entrerrianos. A partir de ahí nos dimos cuenta que el Delta estaba en peligro. Percibimos que esta intencionalidad política y privada que hubo de avanzar territorialmente sobre el humedal venía para largo.
¿Cómo fue la historia del conflicto por el Legado Deliot?
Ese fue otro hito importante. Fue la recuperación de las islas que tiene Rosario en la zona de los Tres Cerros, que son islas que pertenecen a la Municipalidad de Rosario por medio un legado que dejó Deliot, un filántropo ya fallecido, que le cede a la ciudad muchísimas tierras y entre ellas algunas islas de Entre Ríos. Estas islas están siendo ocupadas hoy por un empresario y terrateniente rosarino, de nombre Enzo Mariani. Nosotros empezamos a impulsar una causa muy importante para recuperar estas islas, al punto tal que el municipio de Rosario crea la Comisión del Legado Deliot donde participamos organizaciones sociales y demás actores, desde donde se empieza a demandar a Enzo Mariani para la recuperación de esas tierras. Hace poco el gobierno de Entre Ríos le negó el derecho de titularidad, que también pone el acento en torno a la desobediencia que ha tenido este productor sobre diversos fallos judiciales respecto del uso de maquinaria pesada en humedal, lo cual está prohibido. Este tipo de comportamientos –vinculados a la teoría del hecho consumado– se ve muy seguido en el humedal: «entro a ese territorio, hago lo que quiero y después si podés, sácame». Total es más caro andar derribando un terraplén que hacer un terraplén. Existen una serie de leyes que exigen procedimientos para hacer determinadas prácticas –como el manejo del fuego– y estos productores como están en el territorio hacen cualquier cosa.
¿Hoy se ha logrado recuperar parte de ese predio en islas?
Estamos en ese trabajo. Sí hemos recuperado una parte donde la municipalidad ha generado una reserva natural en la zona de los Tres Cerros, donde además se realizan visitas guiadas y jornadas de formación para las personas que quieren ser guías en ese lugar. Si bien son cosas que nos han llevado mucho tiempo también vemos que el trabajo en conjunto entre las organizaciones, la sociedad civil y los gobiernos, se pueden generar cosas positivas.
Esta militancia te llevó también hacia otros pagos, cuando participaste del tribunal internacional contra Monsanto en La Haya ¿Cómo fue esa experiencia?
Nosotros acompañamos al doctor Damián Verzeñassi (de la Cátedra de Salud Socioambiental), a Juan Ignacio Pereyra Queles (abogado de la Red Nacional de Pueblos Fumigados) y Maria Liz Robledo (mamá denunciante). Ellos fueron invitados a dar testimonio real y concreto sobre estos temas. Nosotros, con organizaciones de diversas regiones del país, presentamos pruebas sobre la afectación que tiene el modelo agroindustrial en Argentina, modelo dependiente del uso de transgénicos, pesticidas y siembra directa. Ese es el modelo de Monsanto. Lo que el tribunal ético tenía como propósito eran dos elementos fundamentales: una pedirle a la Corte Penal Internacional que incorporara el concepto de Ecocidio dentro del Estatuto de Roma con varias finalidades, en principio darle entidad a la categoría de ecocidio, definir qué es el delito de ecocidio en sí mismo y dar con las herramientas para que se pueda empezar a denunciar internacionalmente. Por ejemplo, las quemas de los humedales en la Argentina sería un delito internacional si estuviera contemplado en el Estatuto de Roma por la Corte Internacional de la Haya. Estas quemas son un daño que se le hace a toda la humanidad.
Si uno ve la escala territorial donde se están desarrollando las quemas te das cuenta que sin dudas es un delito internacional, ya que afecta a Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Es un fenómeno regional. Afecta a toda la humanidad, porque la pérdida de los humedales implica la pérdida de los beneficios que eso genera. La afectación del aire, del agua y de los ecosistemas no tiene fronteras, es universal.
Por otro lado, lo que se intentaba también en este tribunal ético era que el mismo estatuto también previera la posibilidad de nombrar responsables a las empresas generadoras de los daños. Esto se debe a que Monsanto es además la creadora del Agente Naranja, un tipo de químico que se utilizó en la guerra de Vietnam. Entonces, se culpa o se juzga al gobierno que utilizó ese químico, pero no a la empresa que lo fabricó. Monsanto es la creadora del Glifosato, el PSB, entre otras sustancias. Es una empresa contaminadora. Nosotros, de la mano de varias organizaciones socioambientales y científicos independientes, armamos un documento y lo llevamos al Tribunal Internacional. Fue muy importante hacer ese trabajo de recopilación de los daños, porque además pudimos presentar los estudios del doctor Andrés Carrasco frente a la Legislatura Nacional, cuando Cristina Kirchner impulsó una investigación sobre un caso de contaminación con glifosato en La Leonesa, provincia de Chaco.
Esta experiencia fue muy importante porque fue internacional, había gente de todo el mundo. Ahí vimos que la legislación europea no es tan permisiva como las leyes argentinas para la aplicación de determinados productos químicos. Un ejemplo de esto es la prohibición del Glufosinato de Amonio, que viene de la mano de este reciente Trigo HB4, trigo transgénico que parece va a traer muchos conflictos a nuestros pagos.
Este largo prolegómeno nos lleva a la actualidad, en la que estás vinculada a dos redes de organizaciones bien interesantes. Por un lado, la Red Nacional de Humedales y por el otro la Red Nacional de Municipios por la Agroecología. ¿Qué actividades vienen desplegando?
En la RENAHU seguimos adelante con la gran batalla que es poder lograr la sanción de la Ley de Humedales. Esta ley tiene como principal función proteger los humedales y tiene como objetivos, primero, definir qué es un humedal en función del conocimiento científico que tenemos de estos hábitats. Esta ley la empezamos a escribir en sus primeros artículos con Vanesa Pacotti, contando con el acompañamiento de Roberto Bó, que es biólogo, que nos tuvo mucha paciencia y es un gran luchador por los humedales. Se la compartimos también a los Guardianes del Iberá, una organización ambiental de Corrientes, para luego presentarla en la Unión de Asambleas Ciudadanas del Litoral. Ahí se aprueba la ley y se transforma en una propuesta de la UACL. Esto fue muy importante por dos motivos: primero por la unión de las asambleas por una cuestión común que es el tema de la protección de los humedales; por otro lado, un elemento que no es menor es que de estos espacios surja una ley. En ese marco se dio una gran discusión sobre cuál era la herramienta, si era una ley u otra cosa, para qué servía tener la ley.
Que es una discusión sobre el Estado y su importancia en sí mismo…
Claro, era una discusión sobre el Estado y la promoción de propuestas legislativas. Nosotros los argentinos no estamos muy acostumbrados a cumplir la ley. Las leyes son herramientas sociales muy importantes que por lo menos te dan la pauta de qué es lo que podés proteger dentro de un estado institucionalizado como es el nuestro, que tiene un poder Judicial, un poder Ejecutivo y un poder Legislativo. En un Estado de anomia no vamos encontrar leyes. Estas son herramientas para proteger y herramientas de lucha. Esta propuesta se decide llevar al plenario de la UAC Nacional y allí también la toman porque la lucha en defensa de los humedales abarca a todo el país, ya que tenemos el 30 por ciento del país con humedales y en muchas comunidades donde se da la disputa por el agua. Cuando nosotros hablamos de humedales estamos hablando de reservorios de agua dulce, apta para el consumo de fácil potabilización. También hay humedales que son artificiales, pero ¿son lo mismo que un humedal natural? No, no tiene los mismos beneficios ecosistémicos. Por ejemplo, el dique San Roque no hace los mismos aportes que una laguna del Paraná o del mismo territorio cordobés. Las funciones ecosistémicas que tienen los humedales naturales no son las mismas. No se puede garantizar un beneficio ecosistémico creando un humedal artificial, que por lo general es agua estancada. En estos intentos de armar una ley a traje y medida de los que no quieren la ley muchas veces se roza con hacer barbaridades complejas, jurídicas, naturales que deberíamos evitar. El gran camino que hemos recorrido con el PNST y otras organizaciones nucleadas en la RENAHU es la parte educativa. Hemos decidido formar y concientizar sobre un tema sensible: qué es un humedal y por qué es importante preservarlo. Y esto sigue, se nota con la aparición de la Multisectorial por los Humedales, que ya no se le dice islas, sino que se le dice humedales. Se logró instalar política y culturalmente un concepto. En la sociedad se ha avanzado mucho, pero nos falta la parte de los representantes políticos, ahí hay mucho desconocimiento y muchas veces poca fuerza, y en los que tienen más fuerza a lo mejor no son ignorantes, pero no les interesa que se los regule de ninguna manera.
¿Y con la Renama, qué se viene impulsando?
Nosotros estuvimos trabajando mucho en su momento con la red de Paren de Fumigarnos de la provincia de Santa Fe. Presentamos con ellos una ley de agroquímicos. Hoy esa legislación se está rediscutiendo. Esperemos que alguna vez la legislatura de la provincia pueda dar una discusión seria sobre la necesidad de reformar esta ley, la nro. 11273, que ponga medidas de resguardo para la población con respecto a la deriva que tienen las fumigaciones. En su momento planteábamos 500 metros –hoy se está planteando 1500 metros– y nos decían que la contracara de eso es que quedan las tierras improductivas. Nosotros ahí dijimos «no, no es improductivo, hay otras maneras de hacer producción agraria». Este modelo se impuso en el 96’ pero previo a eso nuestros abuelos hicieron otra agricultura. Esa agricultura se puede hacer en esa zona de resguardo. Como complemento de esto se presentó en Santa Fe la Ley de Fomento a la Producción Agroecológica, para hacer en esa zona de resguardo agroecología y poder sumar a los vecinos de los pueblos, con una certificación participativa y con otros requisitos que tiene la ley. La Ley de Humedales se presenta originariamente con Giustiniani, pero después son todos compañeros del Justicialismo los que la vuelven a presentar, primero fue Pino Solanas y hoy es Leonardo Grosso. Con las leyes provinciales pasa lo mismo, tanto la de agroquímicos como la de fomento a la agroecología la presentamos con todos los compañeros diputados del justicialismo –que hoy es el Frente de Todos–, que siempre nos han apoyado.
Con respecto a los proyectos agroecológicos, seguimos trabajando con la Red de Pueblos Fumigados, la Cátedra de Agroecología de la Universidad de La Plata y con Eduardo Cerdá para luego conformar la Renama, que es la red de municipios y comunidades que fomentan la agroecología, dando como efecto a esto la incorporación de un montón de productores a una vuelta a las formas tradicionales y alternativas de producción agropecuaria, redundando todo esto en la creación de la Dirección Nacional de Agroecología. Todos estos son pequeños y grandes logros de las organizaciones sociales que no solamente gritan y patalean, sino que también legislan, generan mesas de debate, fomentan la conciencia ciudadana y presionan para que haya una regulación del Estado ya que necesitamos que esté presente en todo esto y es el único que puede poner un límite a la agroindustria. El Estado con la participación ciudadana es un binomio perfecto.
*Docente de Historia, tallerista ambiental e investigador del Observatorio de Educación y Ambiente, de la UNR.
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