En los próximos 18 meses el gobierno nacional invertirá 50 millones de dólares ante el inicio de la temporada de incendios forestales lo que representa “un fuerte aumento en el presupuesto” de lo asignado al Plan Nacional de Manejo contra el Fuego.

Así lo anunció el ministro de Ambiente Juan Cabandié, quien destacó que este viernes llevará pruebas a la Justicia entrerriana por los fuegos intencionales en el Delta del Paraná. Durante un acto efectuado en Casa de Gobierno, Cabandié aseguró que “vamos a seguir en esta tesitura, invirtiendo y apostando. Creemos fuertemente en la necesidad de preservar, de cuidar, de conservar”. y destacó el trabajo en territorio de las y los brigadistas.

El ministro también que el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky “irá al Juzgado de Victoria para complementar datos que ya tiene la justicia sobre incendios en el Delta” y refirió que “los dueños de esos campos son empresarios, de la justicia o ganaderos”.

“No tenemos poder de policía, pero los satélites van observando y arrojan la geolocalización de focos ígneos y la justicia puede determinar responsables”, señaló el ministro, y enfatizó en la necesidad de que “aquel que prende fuego sea castigado por la ley”. En ese sentido indicó que 295% de los fuegos son debido a la mano del hombre, ya sea por intencionalidad, dolo o imprudencia”.

Luego aclaró que “hay una equivocación muy instalada en el imaginario, en que el fuego lo apagan los aviones, que son una herramienta fundamental», pero “faltaba hacer hincapié en los brigadistas, que no tenían una vinculación con el Estado formal, estaban en una tremenda informalidad y peleando durante 22 años por su convenio colectivo y lo logramos”, y puntualizó que ahora están trabajando “en un proceso para implementar una ley de jubilación especial de 900 brigadistas”.

Por otra parte, manifestó la necesidad de “una ley de humedales, porque sin ella se pone en riesgo ese ecosistema específico” y también abogó por mejorar “la ley de Bosques” porque “bajó la tasa de forestación” y en la idea de “tipificar el delito de desmonte y no seguir sin una regulación específica”.

Fuente: Télam/ LC

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