Batakis envió mensajes al FMI y a “los mercados”. La alta inflación carcome los bolsillos de los sectores populares, mientras las empresas alimenticias ganan fortunas. Se recalienta la puja salarial y crece la presión para implementar un ingreso básico universal.
Lunes 11 de julio por la mañana. Hay histeria y expectativa por la apertura del mercado de cambios y los diarios financieros se hacen eco del nerviosismo en la city. Un rato más tarde, la ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, convocó a su primera conferencia de prensa, a una semana de asumir el cargo tras la salida de Martín Guzmán y el cisma político que esto generó. Fue en el microcine del Palacio de Hacienda junto a los funcionarios del gabinete económico, una foto en equipo que exhibió conexión política. Antes de responder preguntas de periodistas, Batakis presentó una serie de medidas de ordenamiento y equilibrio fiscal, cuya traducción al criollo es “cuidar la caja”. Su mensaje dejó diferentes reacciones, con silencios y con más críticas que elogios, por izquierda y por derecha.
Hubo mucho fuego amigo, disparos del propio bando, ya que varios sectores del Frente de Todos, como organizaciones sociales y sindicales, esperan otros anuncios que urgen, pero esta vez a favor de las grandes mayorías, como recomposición de salarios, jubilaciones e ingresos, que vienen siendo pulverizados por una inflación caníbal. “Cuando tengamos solvencia, eso le dará prestigio al Estado nacional como actor económico para poder avanzar con las medidas que necesita la gente”, intentó calmar Batakis.
El discurso de la ministra estuvo en sintonía con las metas planteadas en el acuerdo con el FMI. No tan distinto al programa trazado por el ex ministro Guzmán. “Batakis está anclando las expectativas económicas. Es el primer paso necesario para evitar un desborde. Después de estabilizar, se gana impulso para avanzar”, opinó el economista Sergio Chouza en su cuenta de Twitter, donde también escribió: “No hay dólares. A ver si nos damos cuenta de las consecuencias del macrismo”.
En medio del agite cambiario y la fiebre por el dólar, Batakis pronunció palabras teledirigidas a grupos de poder que bajo la entelequia “los mercados” están queriendo forzar un shock devaluatorio que abulte sus ganancias extraordinarias. El presidente Alberto Fernández y la vice CFK, en sendos discursos públicos, vienen señalando ataques especulativos y desestabilizadores que buscan fogonear la crisis rumbo a las elecciones de 2023.
El paro del agropower, en un contexto de precios internacionales récord de los granos, pareció ir en dirección devaluadora, aunque la protesta de la Mesa de Enlace, opositora al gobierno y amiga del PRO, fue convocada por “problemas en el suministro de gasoil, por más beneficios para el sector y menor presión impositiva”.
La ola de remarcación de precios en bienes comestibles y otros tantos rubros, más el desabastecimiento de mercadería en las góndolas, también parecen exacerbar la furia dolarizadora. Un salto en alto en la cotización del dólar oficial tendría efecto inflacionario y recesivo, y provocaría un mayor deterioro de los ingresos de los sectores populares, donde el elevado proceso inflacionario empeora las condiciones de vida.
Medidas generales
La agenda de Batakis, recién llegada al Ministerio de Economía tras la renuncia de Guzmán, busca controlar y redireccionar el gasto público y achicar el déficit, en plan de austeridad o ajuste fiscal. El aumento del dólar turista va en igual sentido. “No vamos a gastar más de lo que tenemos”, sostuvo. Las señales para “los mercados” y el Fondo Monetario Internacional pretendieron contener el panic show a plena luz del día, que los medios masivos publicitan con las diferentes cotizaciones del billete verde. Sin embargo, Batakis contrarió a sectores del establishment al descartar una devaluación brusca. “El dólar está en equilibrio”, consideró.
Las primeras medidas anunciadas por Batakis apuntaron, como se indicó, al equilibrio fiscal y a mantener el plan económico pactado con el Fondo. Desplegó la idea de establecer un sistema de cuenta única (unificar el control de la caja) y el congelamiento de personal del sector público, lo que generó rechazo en gremios estatales. También habló de tasas de interés positivas, es decir por arriba de la inflación, y ratificó la segmentación de tarifas. Dijo que se conformará un tribunal para reglamentar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia para “evitar abusos de precios” y que se creará un organismo fiscal para la valuación inmobiliaria.
“Se mantienen las metas acordadas con el FMI. Es un acuerdo que firmamos como Estado y tenemos que cumplir” con el propósito de enfrentar la megadeuda heredada de Macri. Batakis recordó que “durante los cuatro años de la gestión anterior se emitieron 100 mil millones de dólares de deuda, de ellos casi el 50 por ciento con esa entidad (FMI), y una deuda para cien años”. La ministra expresó que “el déficit fiscal es un instrumento de política económica para situaciones inéditas como fue la pandemia, en donde se sostuvieron los salarios del sector privado. Necesitamos defender la solvencia del Estado. Esto no tiene que ver con una imposición del FMI”.
Sobre las incesantes subas de precios en medio de restricciones a las importaciones y con una corrida cambiaria latente, Batakis, quien junto al ministro de la Producción Daniel Scioli se reunieron con directivos de las principales empresas de alimentos del país, sostuvo: “No podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió los últimos días en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones”. La ministra anunció que avanzará en la conformación del Tribunal de Defensa de la Competencia, en el marco de la ley que evita las concentraciones económicas e investiga conductas anticompetitivas.
Con pala
En los dos últimos años, 2020 y 2021, crisis pandémica mediante, se generaron enormes ganancias para las empresas líderes del sector alimenticio argentino. Esta tendencia a levantarla con pala se intensificó con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos países productores de materias primas.
Un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) elaborado por el economista Guillermo Oglietti detalló que la empresa Molinos, de Pérez Companc, tuvo dos años de ganancias cercanas a 3 mil millones de pesos a valor de 2021, tras cuatro años de resultados muy negativos durante el gobierno de Mauricio Macri (2017 a 2019 con pérdidas y 2016 con un resultado prácticamente idéntico a cero).
En tanto, el grupo Arcor, otra gigante alimenticia que preside el empresario Luis Pagani, tuvo un récord de casi 20 mil millones de pesos, tras perder casi 200 millones en 2019 y tener un beneficio “modesto” en 2018. “Sus beneficios de 2021 equivalen a la ganancia de cuatro años normales de la empresa”, se resaltó en el informe.
Desde 2016, los precios de los alimentos se multiplicaron por más de seis, mientras que los salarios de los trabajadores del sector alimenticio se multiplicaron por cinco. “Si bien los beneficios de ambas compañías están a valores récord incluso frente a los registros previos a la pandemia, los salarios reales de los trabajadores del sector no recuperaron su valor previo a la pandemia”, se analizó en la investigación de Celag.
Los mercados o la gente
Dirigentes de organizaciones sociales y sindicales que integran el tensionado Frente de Todos fueron críticos de los anuncios de Batakis. El malhumor va in crescendo y empieza a manifestarse con más visibilidad en reclamos callejeros. “Faltan otras señales, señales para la población”, coincidieron. “No le habló a la gente”, insistieron.
Desde estos mismos sectores claman por un shock distributivo, por un ingreso básico universal y subas de emergencia para trabajadores formales e informales y por mayores controles a los aumentos de precios, que contraen el consumo en el mercado interno. La inflación mensual es superior al 5 por ciento y se proyecta para todo el año en alrededor del 70 por ciento, tras trepar varios escalones después de iniciado el conflicto bélico ruso-ucraniano en marzo pasado.
En rigor, la inflación ya había subido unos cuántos peldaños tras la fuerte devaluación que hubo durante la gestión de Cambiemos y a la salida de la pandemia, donde unos pocos, “tres o cuatro vivos” diría CFK, Molinos y Arcor entre ellos, se quedaron con los beneficios de la recuperación económica, capturando los incrementos en paritarias y los refuerzos de ingresos.
“La carrera precios-salarios ya corre bien cómoda por encima del 60 por ciento”, señaló Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, y añadió: “En mayo volvió a caer el salario real. Nominalmente tuvo un aumento del 4 por ciento contra un índice de precios al consumidor del 5,1 por ciento. En el mediano plazo se notan muy claros los movimientos salariales de los últimos años: caída en 2016, leve recuperación en 2017, debacle en 2018/19 y meseta desde 2020”.
Organizaciones sociales agrupadas en la Utep (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) están movilizadas por el salario básico universal, que se debate al interior de los propios espacios que lo impulsan, en el gobierno y en otros ámbitos. La prestación, que alcanzaría a unos ocho millones de beneficiarios, equivaldría al valor de una canasta básica alimentaria para un adulto, que según el Indec es de 14.500 pesos. Por el momento, Batakis, el ministro de Trabajo Claudio Moroni y el propio presidente AF le bajaron el pulgar a la iniciativa, respaldada, en cambio, por la vice CFK.
En un reciente congreso de la CTA de los Trabajadores que comanda Hugo Yasky se dijo que “hay descontento con la situación económica y por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, lo mismo por lo que el FdT perdió las elecciones de medio término”.
Desde la CTA exhortaron a que el gobierno impulse “una urgente política de recomposición del ingreso que garantice, por medio del aumento de una suma fija a cuenta de paritarias, la elevación de los salarios, beneficiando particularmente a los que están más abajo”. Reclamaron un aumento para jubilaciones, pensiones y salario mínimo, hoy en 45.540 pesos, y la inmediata puesta en vigencia de la moratoria previsional. También apoyaron la creación por ley de un salario básico universal.
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